ROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ALDF.


PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY ORGÀNICA DE LA ALDF.



H. ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA


La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122, Apartado C, Base primera, Fracción V, Inciso h) base Segunda, fracción II, inciso q) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón a lo dispuesto por los artículos Segundo y Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de enero del 2016;  7, 8 fracción I, 46 fracción I, 67 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; los artículos17, fracción III, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción X y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4, 8, 9 fracción I, 50, 59 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa el presente dictamen, relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY ORGÀNICA DE LA ALDF, conforme al siguiente:


P R E A M B U L O


  1. Mediante oficios números ALDF/VIIL/CG/234/2016 y ALDF/VIIL/CG/235/2016, de fecha  dieciocho de febrero de de dos mil dieciséis, el Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno, turna a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Deroga, Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la ALDF.

  1. Estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Normatividad legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción X, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior, y 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

  1. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con esta fecha las y los integrantes de las Comisiones Unidas, se reunieron para realizar de forma exhaustiva el análisis, discusión y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S


PRIMERO.- Que el contenido de la propuesta de Iniciativa de Ley, presentada por el Diputado Luciano Jimeno Huanosta del Partido Humanista del Distrito Federal, mediante el cual presentara en este periodo de receso de sesiones, ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,  la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Deroga, Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la ALDF.


SEGUNDO.-  De las consideraciones vertidas en la propuesta de Punto de Acuerdo,  se contienen las siguientes manifestaciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- A partir de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, existe mayor certeza jurídica para la defensa y promoción de cada uno de los derechos y garantías de los mexicanos. Además, se reconoce que todos los tratados internacionales en esta materia están al mismo nivel de nuestra constitución política.
2.- Veinte años atrás, con los “Principios de París”, se había alcanzado un gran consenso internacional relativo a los estatutos y funcionamiento de los organismos nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Estos principios son la base para la elaboración de las normas generales sobre las cuales deben regirse las instituciones nacionales respectivas. Esto es, los organismos de Derechos Humanos, como cualquier otra institución pública, no solo deben tener el mandato de defender y promocionar, sino también el de informar y rendir cuentas de sus actividades.
3.- En este marco de referencia, tenemos que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta, anualmente, a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. (Artículo 102, inciso B, párrafo Noveno).
4.- Y en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 52, se señala expresamente: El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente ante los Poderes de la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente, presentará el informe ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.
5.- Sin embargo, el actual Estatuto de Gobierno del Distrito Federal únicamente le faculta a la Asamblea Legislativa, en el artículo 42 fracción XVII, recibir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y con presencia ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales, entre otros servidores públicos, del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta misma facultad se refrenda en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.
6.- En otras palabras, nuestra actual normatividad no obliga expresamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, comparecer ante el pleno o comisiones, según sea el caso, sobre la gestión de los asuntos correspondientes de la misma; difiriendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7.- En consecuencia, es pertinente homologar nuestras normas locales con las nacionales con el propósito de cumplir cabalmente con los postulados constitucionales en la materia, y estar en mejores condiciones para generar un proceso integral de rendición de cuentas por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

TERCERO.- Que la Iniciativa de Decreto de Ley, propone modificar el ordenamiento jurídico, en lo concerniente a establecer y homologar las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el ejercicio de la rendición de cuentas de éste, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción X, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento párale Gobierno Interior, y 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Derechos Humanos es competente para conocer de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Deroga, Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la ALDF.


SEGUNDO.- Estas Comisiones Unidas realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta de Iniciativa de Ley, a fin de valorar sus preceptos legales, deliberar e integrar el presente dictamen.

La iniciativa en cuestión, propone “homologar”, las obligaciones de rendición de cuentas del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el respectivo homologo a nivel nacional, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ello, se considera importante modificar la iniciativa propuesta, con el objeto de asemejar el marco jurídico local, con el del ámbito nacional, sin que ello implique restringir o suprimir aquellos derechos y atribuciones  con los que ya cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que no cuente la Comisión Nacional.

Debiendo tomar en cuenta para ello, no solamente las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, sino también, la reforma constitucional, publicada también en el citado órgano de difusión nacional, el día 29 de enero del 2016, a través del cual, se le otorgó al Distrito Federal, la denominación oficial de “Ciudad de México”.   

Por otra parte, se considera importante realizar el estudio de homologación, no solamente a lo propuesto por el diputado promovente, el cual se limita a lo concerniente a la rendición de cuentas, sino también resulta viable, analizar otras materias, como lo es, la facultad de la Comisión para conocer asuntos de carácter laboral, así como otras cuestiones relevantes que hagan eficiente dicha homologación.


TERCERO.-  El concepto de “Defensor del pueblo” nace en Escandinavia, en la primera década del siglo XIX. Suecia, en 1809, se convierte en el primer país en adoptar esta figura en el marco de una Constitución que pretendía restringir poderes a la Monarquía. El Parlamento nombró un delegado con la función de recibir quejas del público y trabajar sobre la administración pública.

En el caso mexicano, los antecedentes los encontramos en la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promoviera Ponciano Arriaga en el Estado de San Luis Potosí. Aunque bien, en la época contemporánea figura la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León, creada en 1979, por instrucciones de su entonces Gobernador. Posteriormente, en 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio pauta al establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, siendo optativa su creación para los municipios de dicha entidad.  El 29 de mayo de 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto de 1988, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Meses después, el 22 de diciembre, se configuró la Defensoría de los Derechos de los Vecinos en el Municipio de Querétaro. Además, en la capital de la República el entonces Departamento del Distrito Federal estableció la Procuraduría Social el 25 de enero de 1989.

Respecto de los antecedentes directos de la hoy Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría.
En el ámbito nacional, figura la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, mediante el cual, se adicionó el apartado B del artículo 102, reconociendo la facultad tanto del Congreso de la Unión, como el de las Legislaturas de los Estados, establecer en sus respectivas competencias, a los “organismos de protección de los Derechos Humanos”, cuyas funciones, serían conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepto a los del Poder Judicial de la Federación.  Pudiendo estos formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas antes las autoridades competentes. Asimismo se estableció como limitantes de estos organismos, el no conocer de asuntos de carácter electoral, laboral y jurisdiccional. De igual modo, se facultó al organismo nacional que creara el Congreso de la Unión, el conocer de las inconformidades que se presentaran en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados.
Acorde con lo anterior, el Congreso de la Unión, con las facultades entonces atribuidas en el artículo 73 fracción VI  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal, emitió la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de junio de1993, ordenamiento legal, que sigue siendo vigente, la cual ha sido modificada, en doce ocasiones.

Posteriormente la reforma constitucional publicada el 22 de agosto de 1996, faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su artículo 122 apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h), “…normar el organismo protector de los derechos humanos”;  con dicha modificación normativa, se estableció la posibilidad de que el Distrito Federal, pudiera contar con su propio organismo garante de los Derechos Humanos, siendo esta una materia de competencia legislativa local y ya no, del Congreso de la Unión.

Entre las primeras modificaciones realizadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, figuran las que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 22 de mayo  y 24 de diciembre, ambas del año 1998; reformas que excluyeron la posibilidad del Titular del Ejecutivo para designar al Presidente de la Comisión de la Derechos Humanos del Distrito Federal, siendo esta una atribución, de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea legislativa del Distrito Federal.


Posteriormente la reforma constitucional del 13 de septiembre de 1999, realizada al artículo 102 apartado B, de la Ley Suprema, precisa que el nombre del “organismo de protección de los derechos humanos”, es el de Comisión Nacional de Derechos Humanos; estableciendo en dicha reforma, los lineamientos de su organización interna, integrada por un Consejo Consultivo, así como la forma, en que sería designado el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a través del voto, de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y por un periodo de cinco años, con derecho a una sola reelección; imponiéndole a éste, la obligación de presentar un informe de actividades.  
Por ello, se considera importante modificar la iniciativa propuesta, con el objeto de homologar el marco jurídico nacional, con el del ámbito local. Debiendo tomar en cuenta para ello, no solamente las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, sino también, la reforma constitucional, publicada también en el citado órgano de difusión nacional, el día 29 de enero del 2016, a través del cual, se le otorgó al Distrito Federal, la denominación oficial de “Ciudad de México”.   
Lo anterior en razón a que la reforma constitucional del 29 de enero del 2016, establece en los artículos 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, lo siguiente:

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.


Por otra parte, el Titulo Quinto de la Constitución Política, cambio de denominación, para titularse, De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”; existiendo la misma modificación, en el artículo 122, el cual establece las bases que regularán el ordenamiento jurídico de dicha Entidad federativa, a partir de la publicación de su Constitución local.

Por otra parte, el primer artículo transitorio, de la citada reforma constitucional, establece en su primer artículo transitorio, la entrada en vigor de dichas reformas constitucionales, las cuales iniciaron al día siguiente, salvo disposición en contrario, señalado en dichos artículos transitorios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan.

ARTÍCULO QUINTO.- Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos. En su desempeño se ajustarán al orden constitucional, legal y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones a su cargo, que hubiere emanado o emane de los órganos competentes. Las facultades y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto.

De tal forma, que de los preceptos constitucionales transitorios antes citados, se desprende que el cambio de denominación de “Distrito Federal”, por el de la  “Ciudad de México”, no se encuentra condicionada a un plazo o a un acto jurídico determinado, por ende, la denominación del título de la Entidad federativa, entró al día siguiente de la publicación de la citada reforma constitucional, esto es, a partir del 30 de enero del año 2016.

De ahí que se estima necesario, modificar la denominación


TERCERO.- En mérito de lo anterior y por los motivos y fundamentos legales antes expuestos, esta Comisión no estima necesario aprobar el punto de acuerdo solicitado, por las consideraciones vertidas con antelación.

Por lo que con fundamento en los artículos 28, 32 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, y 50 y 56 del Reglamento Interior de las Comisiones, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Derechos Humanos considera que es de resolver y se:


R E S U E L V E


UNICO.-  Se admite la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Deroga, Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la ALDF.




ASI LO DICTAMINARON Y APROBARON EN EL SENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DELDISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.




Dado en el recinto de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, a los -----del mes de ----- del año ----

ATENTAMENTE
PRESIDENTE


DIP. LUCIANO JIMENO HUENOSTA

VICEPRESIDENTE
SECRETARIA


DIP. REBECA PERALTA LEON


DIP. MARIANA MOGUEL ROBLES


INTEGRANTE
INTEGRANTE


DIP. JORGE ROMERO HERRERA


DIP. BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL