EUGENIO DERBEZ VS LA "4T". REPERCUSIONES JURIDICAS.


"Fake News" fue la respuesta que dio Desirée Sagarnaga Durantela delegada del IMSS en Baja California, respecto al vídeo viral que subió el comediante Eugenio Derbez, denunciando la falta de recursos médicos para atender a los pacientes infectados por el Covid-19. 

A esta declaración miles de personas en las redes sociales, se lanzaron a insultarse los unos a los otros; partidizando las cosas y haciendo los temas de la agenda publica, asuntos simples de "buenos" vs. "malos".  

El empresario y comediante mexicano, responde la lluvia de insultos y aclaraciones de las que fue objeto, sosteniendo que es verdad lo que dice, aclarando que el sistema gasta energía en "tratar de ocultar algo", que en "salvar una vida". 

Para variar el gobernador constitucional del Estado de Baja California, Jaime Bonilla, se mete en la discusión, diciendo que Derbez, dijo "cosas ciertas, pero no precisas",  denunciando que el IMSS no se preocupo por su Estado, pues "... los médicos están cayendo como moscas".  

Así pues, son tiempos de pandemía y se requiere de unidad; pero no olvidemos ese penoso incidente. ¿O nos enfrentamos frente a un exitoso millonario comediante, de la farándula del espectáculo, que no tiene necesidad alguna de incursionar en política y que pudiera abusar de su libertad de expresión, propagando mentiras, lo que lo convierte en un hipócrita mezquino; o bien, nos enfrentamos frente a un sistema político autoritario donde varios servidores públicos del gobierno federal, tratan de ocultar las cosas, digno de los regímenes stalinistas. 

Sea lo que sea, ese tipo de abusos, cometidos ya sea por el referido ciudadano o por la servidora pública, no pueden quedar impunes; se requiere desde luego una investigación, para sancionar quien pretende lucrar políticamente de la desgracia o bien, quien victima de su enajenación o miedo al poder presidencial, ocultan la Verdad.

La libertad de expresión, es un derecho fundamental previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no puede sancionársele, mas que con el reproche moral. 

En cambio, el derecho a la información pública, es un derecho fundamental previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también, una obligación de todos los entes públicos, pues el artículo 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala como causal de sanción de incumplimiento a la referida ley, el “ ... divulgar, ocultar, alterar, ... total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”

Por otra parte, el articulo 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone como toda obligación del servidor publico, "registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos".

Finalmente el artículo 214 fracción IV del Código Penal Federal dispone que "Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: Por sí o por interpósita persona, ... oculte, ... o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. 

Sea quien tenga la verdad, esta situación no puede pasarse por alto. La discusión pública no puede reducirse en mentiras de ninguna parte. 

El Cuando termine la crisis, deberá investigarse, porque esa mezquindad de decir mentiras o la responsabilidad de varios servidores públicos de no querer decir la Verdad.  



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