domingo, 27 de mayo de 2012

NO HABRIA NECESIDAD DE TELETONES



 
Definitivamente los ciudadanos debemos estar informados y ser cada vez mas participativos sobre la importancia de exigir la rendición de cuentas, de la clase política que nos gobierna y aun más, de aquellos funcionarios públicos que sin ser conocidos en la esfera pública, ni salir sus nombres en los medios de comunicación, se encargan de administrar los recursos públicos que por ser públicos, pertenecen a todos.

En verdad que no es una cuestión de partidos políticos, tampoco es una grilla contra el polémico sindicato de los maestros, tampoco no es que sean los panistas y los priistas corruptos y los perredistas unos “santos”; es más, no se trata tampoco de una cuestión electoral, porque dichos asuntos de gran trascendencia en la vida cívica de Los ciudadanos, son solo actos temporales de cada tres y seis años. En verdad, no es por ahí la cosa. Lo que les voy a platicar, es un claro ejemplo, de cómo en el futuro, los ciudadanos voten por quien voten y nos gobiernen, los que nos gobiernen, debemos estar vigilados, sobre la administración y el gasto de los recursos públicos, en los servicios que el gobierno federal proporciona en materia educativa. Aun para ser más específicos, en materia de educación especial.



Al respecto, la Constitución Política establece claramente en su apartado de Derechos Humanos y Garantías, artículo 3º, que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”; así también determina que “El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundarias conformarán la educación básica; ésta y la medio superior serán obligatoria”. Mientras que por otra parte, el artículo primero de la citada Constitución, deja muy claro, que queda prohibida, “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Luego entonces, toda persona discapacitada o por condiciones de salud, no le puede ser menoscabado o anulado su derecho a la educación.

Este derecho, se encuentra también reconocido a la esfera de un derecho humano, en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues dicho precepto establece el derecho a toda persona con discapacidad, a no ser excluido del sistema educativo, a recibir educación especial, a mayor abundamiento, citamos dicho precepto normativo:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.



Creo entonces, hasta donde hemos leído, que el derecho de la educación de los niños que padecen algún tipo de discapacidad, se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, tampoco es por ahí; no se trata de una cuestión de leyes, normas constitucionales o de tratados internacionales; en verdad, el problema que les voy a plantear, es algo mucho más dedicado.

El Plan Nacional de Desarrollo, que tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 A de la Constitución Política, es su numeral 3.6 establece la política pública de “Grupos Vulnerables” y en el reconoce que el  Estado "... (debe) propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como … las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables. Esta oportunidad deben incluir el acceso a …educación …acorde con sus necesidades".  ¡Bla-bla-bla¡. Se escucha bonito.

Para no entrar a mas detalle, existe también el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa; cada uno de esos programas, coinciden básicamente, en la importancia de promover la educación especial con el objeto de insertar en la sociedad, a los niños y niñas que padecen algún tipo de discapacidad intelectual, psicomotriz, visual, auditiva; palabras más o palabras menos, los recursos públicos que el gobierno federal destina para dicho fin, son de  $198,602.887 (Ciento noventa y ocho millones de pesos, seiscientos dos mil ochocientos ochenta y siete pesos. 00/100MN.). Quizás sea poco o mucho, eso no lo sé, pero son $198,602.887 (Ciento noventa y ocho millones de pesos, seiscientos dos mil ochocientos ochenta y siete pesos. 00/100MN.).

En teoría, parte de esa cantidad, el gobierno federal la transfiere a las entidades federativas, entre ellas, el Distrito Federal; y es ahí, donde precisamente, se pierde el ejercicio de ese recurso público.


Los “indicadores de gestión” en materia de educación especial, son muy claros, establecen las metas que deben alcanzarse en el año, con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos jurídicos antes citados. Resumiendo dichos indicadores, establecen contar con mayores profesionistas en dicho ramo, adquisición de materiales educativos, celebración de eventos para dicha comunidad, adaptaciones de mapas curriculares y otros tópicos, tendientes precisamente, para garantizar ese derecho.

Sin embargo, de una revisión a los portales de transparencia, tanto de la Secretaría de Educación Pública, como de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, no encuentro pista alguna, de lo que ocurrió con ese recurso; no sé cuánto le toco al Distrito Federal y concretamente, cuanto le fue asignado a la escuela secundaria en donde cursa estudios mi hijo.

Es preocupante lo que planteo. Porque las escuelas secundarias públicas, me refiero a las de la Ciudad de México, las sociedades de padres de familia, discuten como obtener recursos superiores a 1,600 pesos, para poder pintar las bancas de los salones, cuando lamentablemente, el dinero circula frente a ellos y se destina para distintas rubros, legales o no, sin estar informados, para qué y porque se gasta.

En verdad es preocupante, porque nomas pienso en la comunidad de niños con síndrome de down, asperger, autismo, déficit de atención, inoperatividad; débiles visuales, “sordomudos” y otros más, que tienen su derecho a recibir una educación especial y que sin embargo, la escuela de su comunidad, de su colonia, de su barrio; dicho derecho es nulo, inexistente y peor aún, el dinero que se destina para ello, no sabemos en donde termina.


No estoy hablando de que alguien se “lo robo”, aunque posiblemente así haya sido; lo que si estoy seguro, es que posiblemente existe un desvió de recursos, dinero publico del erario que se “desvía” y termina gastándose en otras cosas o lo que es peor y no quisiera pensar en ello, en los bolsillos privados de algún mal funcionario o peor todavía, es las fechorías de algún candidato partidista, que promete honestidad y rendición de cuentas, sin saber lo que es una y es otra; o peor todavía, tolerar que la máxima televisora del país, lucra año con año con la población discapacitada en sus celebres “teletones”, con el único fin de evadir impuestos.

En verdad estoy muy preocupado por esta situación y en su momento, haré público el resultado de esta investigación; inclusive, la haré pública en un trabajo de investigación que presentare a la FES Aragón y si resulta grave, formulare la denuncia respectiva para su debida investigación y deslinde de responsabilidades.

Mientras tanto, cuando llegue las campañas televisivas de apoyar el “Teletón” de Televisa, pensemos en verdad, si el “teletón de nuestros gobiernos” por apoyar a nuestra educación, se destina realmente para lo que debería ser. Concretamente a la escuela pública donde asisten nuestros hijos. No habría entonces necesidad de mayores “CRIT’s” si el dinero público que es de todos, se gastara para lo que debe ser.

En fin, llegare hasta las últimas consecuencias. ¡Tengo que hacerlo¡.