viernes, 12 de julio de 2013

EL PRESIDENTE, TELEVISA Y EL DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA



Cómo abogado que soy, soy un ferviente creyente de la democracia y de la república, así como de la Constitución y de los derechos humanos. 

Mi postura política, ha sido siempre apartidista, sino es que antipartidista, para decirlo más claro; la clase política de mi país me ha decepcionado y también, muchos de sus partidarios.

Creo en la autoridad de mi Presidente y en la libre empresa, más en algunas televisoras que me entretienen, que generan empleos y que además, han puesto el nombre de mi país en alto. En verdad, no tengo nada, ni contra el Presidente, ni su Partido, ni en contra de alguna empresa televisora.  Para ser más preciso, no odio, ni me quita el sueño, Enrique Peña Nieto, el PRI o Televisa.

Es más confieso, que en el fondo, pero muy en el fondo, posiblemente, le vaya al América.

Sin embargo, como ciudadano que soy, el día 11 de mayo de este año, me entere en redes sociales, a través de dos notas periodísticas publicadas en los diarios La Crónica y el Universal, que le habían sido condonados a la empresa Televisa, la cantidad de $2,900 millones a $3,300 millones de deuda, sin especificar el monto o moneda específica, lo anterior por concepto de créditos fiscales.

Muchos comentarios salieron publicados en la red, pero consiente del activismo infantil de muchos de los ciudadanos, estaba seguro que esa noticia, sería pronto olvidada con el simple transcurso del tiempo.



Estaba seguro, que mientras muchos insultarían al Presidente y a esa televisora predominantemente monopólica, otros más se resignarían, y otros más, ignorarían el tema. Sabría, que el tema terminaría como otros más, en el olvido.

Creyente de la Republica y de los derechos humanos, así como en el titulo honorable de ser ciudadano, decidí promover solicitud ante el Sistema de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que me informara o me fuera aclarado, si era cierta o no, la noticia publicada en los medios. También pregunte, sobre el convenio o acuerdo emitido, que esa autoridad fiscal dictó, para que la empresa Televisa se decidiera desistirse de un juicio en contra del gobierno federal. Solicite también el nombre del o de los servidores públicos que consintieron y emitieron dichos actos en comento, es decir la presunta condonación. Exigí en un acto de rendición de cuentas, el fundamento y el motivo por el cual, Televisa o la persona moral identificada como Televisa, recibió dicho beneficio. Así también, solicite copia sobre el convenio de conciliación o en su caso, del acto o resolución que emitió la autoridad fiscal, ordenando la condonación.

Espere la respuesta, veinte días hábiles, conforme a lo establecido en la ley; después espere otros veinte días de prórroga, también, conforme a lo establecido en la ley.


Finalmente el plazo de cuarenta días hábiles se cumplió y la autoridad fiscal me respondió. Palabras más, palabras menos, me dijo que la información era reservada, en virtud de estar protegida por la autoridad fiscal, fundando su respuesta en los artículos 14, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; así como en el Lineamiento Décimo Primero de los “Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,  me garantiza mi libre derecho a la información pública.

Es la ley y así estoy y seguiré estándolo hasta el último día de mi vida; la que podrá construir una sociedad con un derecho justo y democrático, la que  podrá regir la convivencia humana, además de servir cómo el mejor instrumento idóneo para delimitar la arbitrariedad, la opacidad y que evidenciara desde luego, la corrupción.

Estoy convencido de que mi país requiere construir su democracia, que le corresponde a los ciudadanos y no a la clase burocrática partidista que ineptamente nos gobierna. 

Es hora de dar nuestro granito de arena, para evidenciar y en su caso, frenar los  poderes fácticos, cómo a los gobiernos discrecionales y empresas monopólicas. ¡No basta votar¡, el activismo político debe ser reinventado, los gobernantes deben saber que existe una mayoría silenciosa, que no solamente se limita a protestar en las calles o a participar en las redes sociales; debe saber que existe también una generación de ciudadanos capaces de vigilar y utilizar los propios instrumentos del Estado, para construir precisamente un Estado de Derecho Democrático.

Es por eso, que en esta vía informó, que daré seguimiento a esta controversia, hasta sus últimas consecuencias.

¡Ninguna autoridad o empresa, deben hacer cosas que a la luz de la opinión pública, parezcan “malas”¡.

¡Todos ganamos, con un gobierno transparente¡. ¡Un gobierno que rinda cuentas¡.