domingo, 9 de octubre de 2016

CUANDO EL 68 DEJO DE SER 68. O BIEN, LA INCOMODA AMNISTIA POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



 Hay historias que pretenden pasar desapercibidas, un presente que los medios de comunicación, pretenden borrar, ignorar; pero que sin embargo, la percepción esta ahí presente; próximos a cumplir los cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968, de una generación de hombres y mujeres que van muriendo gradualmente; hoy nos enfrentamos con graves retrocesos, estudiantes desaparecidos y un gobierno, temeroso, poco sensible, como el que existe en la Ciudad de México.

Claro lo advertimos en su momento, la forma de protestar tenía que cambiar, innovarse; y también hablamos de la necesidad de moderar el lenguaje, pero cierto es, que lo que ocurrió en la Ciudad de México, concretamente desde el 1º de diciembre de 2012, ha existido un grave retroceso en materia de los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de protesta; el fantasma de la represión, el autoritarismo y la soberbia de las autoridades, amenaza con convertir un gobierno que orgullosamente se decía de izquierda, en un gobierno frio, insensible, sin memoria histórica de sus orígenes y de su legitimación social.



Desde el 26 de julio de 1968, no se había registrado un operativo policiaco como el de aquel entonces.  Aquella vez, siendo presidente de la Republica Gustavo Díaz Ordaz y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, estudiantes del Poli, la UNAM, habían tratado de ingresar al zócalo, cuando se suscitó un zafarrancho entre comerciantes y policías, ocasionando por los menos 500 heridos y decenas de detenidos; estas manifestaciones violentas culminaron con el ingreso del ejercito a las instalaciones de la Preparatoria de San Idelfonso, misma que se “abrió” con un bazucazo, dando con ello la enérgica protesta del entonces Rector de la UNAM Javier Barros Sierra, así como el pliego petitorio estudiantil, en el que se pedía entre otros puntos, la Libertad de los Presos Políticos, la Destitución de los Jefes Policiacos, la Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; al igual que deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
La historia del 68, se sabe en que se terminó; sus repercusiones políticas y sociales, generaron, un severo cuestionamiento a la legitimidad, de los gobiernos priìstas emanados según ellos, de la “Revolución Mexicana”, un descredito a la figura presidencial, antes admirada, después repudiada, (hoy burlada); así como el desprestigio histórico que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional.



Cuando todo parecía haber cambiado; y que los hechos de sangre ocurridos en Aguas Blancas Guerrero en 1985, Acteal Chiapas en 1996, San Mateo Atenco en 2006; eran sólo nota periodística sensacionalista; ocurrieron hechos violentos, que ponen a prueba, la convicción ideológica de un gobierno que se dice ser emanado, de esas luchas históricas sociales, de 1968, 1971, 1985 y 1988.   

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en sus recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015 y 11/2016, ha documentado una serie de abusos policiacos, detenciones arbitrarias; tan sólo el día 1 de diciembre del 2012, en el operativo “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” en el que participaron 5,172 elementos en 195 vehículos, según informes de la propia policía, todos los elementos policíacos que intervinieron en dicho operativo, se encontraban desarmados.



Aquella vez se registraron actos vandálicos en las instalaciones del Hotel Hilton, en una tienda OXXO, en los restaurantes KFC y Wings, en una Sucursal de la Comisión Federal de Electricidad, en el viejo edificio de la Contraloría General del Distrito Federal, la tienda y el restaurante Sanborns, las sucursales bancarias Banorte y Bancomer; en la recién remodelada Alameda Central y hasta en el propio Hemiciclo Juárez. Las detenciones se llevaron a cabo entre la Avenida Juárez y Avenida Balderas; en las calles de Filomeno Mata y 5 de Mayo, Regina y 20 de Noviembre, Eje Central y Avenida Juárez, Eje 1 Norte y F.C. de Cintura, en diversas calles de las colonias Doctores, Centro, Juárez, Tabacalera, Morelos.

En otra manifestación, realizada esta el 10 de junio del 2013, con motivo de la conmemoración del “Halconazo” del 10 de junio de 1971; se llevaron a cabo 22 detenciones; en la manifestación del 2 de octubre del 2013, por los hechos ocurridos del 68, existieron 53 personas agraviadas por detenciones arbitrarias; en la manifestación del 22 de abril del 2014, 5 agraviados más.



En síntesis. La “paz social” que se había vivido desde 1971, fue finalmente interrumpida, desde el 1 de diciembre del 2012; y a partir de ese año, se han venido suscitado una serie de arbitrariedades, que no solamente la Comisión de Derechos Humanos ha documentado, sino también, los Jueces de Distrito en Materia Penal, quienes han otorgado amparos, a quienes fueron víctimas, no de una política represora del Distrito Federal, sino de una policía ineficiente, y de un aparato de procuración de justicia, deficiente, improvisada, que no sabe cómo actuar en determinados momentos.  Eso sin decir desde luego, a un aparato judicial que sin ejercer su autonomía de un poder independiente, absurdamente convalido, pésimas investigaciones y acusaciones, en contra de personas, que pudieron haber sido inocentes de las faltas que les imputaron, pero nunca culpables, por pensar diferente.



En razón a ello, se ha promovido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Iniciativa de Ley de Amnistía en favor de todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se haya ejercitado o pudiera ejecutarse acción penal derivada del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en la ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.

Sin embargo, las autoridades del Distrito Federal, han parecido mostrar a dicha iniciativa, una resistencia, a otorgar amnistía, a todas aquellas personas que en ejercicio a su legítimo derecho de protestar o que bien, fueron confundidos por vándalos, o bien, que pudieron haber sido inclusive vándalos.  Pareciera que ese miedo, deriva también, de la cultura de polarización de denostar a personas con calificativos de “chairos”, “pejezombies”, “anarketos”; quizás también de partidizar el asunto a favor o en contra de un candidato presidencial, (por cierto, no de mi simpatía), o bien, pareciera también, que la acción del Estado, deriva de su intolerancia a un grupo de población que piensa y actúa diferente; que por alterar el orden jurídico y la paz social, merecen penas privativas de libertad, que exceden inclusive, en algunos casos, a los delitos de homicidio; condenando a cientos de jóvenes, a manchar su vida cívica, con antecedentes penales, con delitos de robo, daño a la propiedad ajena e inclusive, con delitos, valorados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como inconstitucionales, tales como Ultrajes o Ataques a la Paz Publica.



La Amnistía es una solución normativa de indulgencia que se justifica como una solución de equidad para suavizar la aspereza de la justicia penal, cuando esta se da por motivos políticos, económicos o sociales. Para ello la Suprema Corte ha definido las leyes de amnistía como “olvidar ciertas infracciones”, “dar por terminados los procesos”, “suprimir la persecución del delito”.

Sin embargo, algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, muchos de ellos, con una hoja académica ilustre en conocimientos jurídicos penales, se han atrevido afirmar, que la Asamblea Legislativa, no tiene facultades para legislar en materia de amnistías, sopretextando, que la Constitución, no le confiera expresamente dicha reforma.

Es decir pasan por alto lo señalado en el artículo 122 apartado B de la Constitución Política, dice, que los “Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución”  y que para ello, el artículo73 fracción XXII de la citada norma constitucional, faculta al Congreso de la Unión, conceder amnistías, por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

O sea, no existe nadie, en este momento, que pueda legislar amnistías por delitos que sean de conocimiento de los tribunales de la Ciudad de México; pregunto, si la federación no tiene esa facultad y tampoco, dicen que la tiene la Ciudad de México o el Distrito Federal; ¿entonces quien carajos tiene esa facultad?.  ¿El Congreso del Estado de México?. … ¡No sean absurdos¡. ¡No pretendan mostrar una inteligencia para encubrir un autoritarismo injustificable¡. ¡Dejen de quedar bien con sus jefes¡. La política no es para cobrar rencillas, mostrar rencores; la política es para solucionar problemas y buscar siempre, la conciliación de todos nosotros.



Claro que podemos hacer discusiones bizantinas en materia constitucional, sobre las facultades de las autoridades legislativas, antes y después de la reforma constitucional del 29 de enero del 2016, que otorgó al Distrito Federal, la calidad de un Estado más de la federación mexicana, denominada “Ciudad de México”; sea pues el marco jurídico que utilicemos, antes o después de la reforma constitucional, en ambos casos, la Asamblea legislativa si puede reformar en materia de amnistías. Si puede legislaren materia penal, porque así lo decía el viejo artículo 122 Base Primera, Fracción V, inciso h),  del que se deduce que desde luego, que si el órgano legislativo tenía ( sigue teniendo)  las facultades para crear, modificar, inclusive suprimir tipos penales; entonces: ¿porque no podría emitir amnistías?, si la amnistía es una forma, de extinguir la acción penal; si el propio Código Penal del Distrito Federal, en su artículo 94, reconoce esta causal de extinción de la pretensión punitiva. Pero aun suponiendo tengamos dudas sobre la interpretación de las normas respecto a las facultades del poder legislativo para emitir una ley de amnistía, entonces hagamos uso, de la interpretación pro-persona, a favor de los derechos humanos, consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución Política. 

Sin embargo, el problema no es la cuestión jurídica, mucho menos la controversia constitucional; el problema es, que sopretextando razones jurídicas, (positivistas normativistas violatorias de los derechos humanos), no quiera resolverse un problema político, alegando argumentos poco serios, inteligentes y absurdos; el problema es también, que no se tenga la sensibilidad, ni tampoco la memoria histórica de dos hechos fundamentales, la primera de ellas, de la legitimidad política del que emana el gobierno actual de la Ciudad de México, cuyos antecedentes derivan de 1997 y estos a su vez, de las luchas sociales que surgieron con motivo del conflicto estudiantil de 1968;  la segunda, el razonamiento lógico de que una amnistía, es una razón política, de una política de Estado, que es éste, quien tiene la capacidad soberana de “crear”, “modificar”, y hasta de “extinguir”, el Derecho que lo rige y lo limita.  ¡Absurdo sería pensar, que el derecho es algo estático, algo escrito, algo que no pueda modificarse¡.



Hombres como Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, admitieron amnistías, contra personas que traicionaron o conspiraron contra la patria, inclusive, quienes se rebelaron contra ella;  los siniestros personajes del México autoritario, populista y corrupto, como Luis Echeverría y José López Portillo, lo hicieron en su momento, contra individuos que cometieron delitos de robo, homicidio, secuestro, emanadas de la guerrilla contestaría a la represión de 1968 y de la llamada “Guerra Sucia·”; ¡Vaya¡. Hasta el odiado Carlos Salinas de Gortari, “el usurpador”, aun y con toda su política autoritaria y neoliberal (y antiperredista), promovió amnistía contra los zapatistas que se levantaron en armas.

Es un absurdo que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, que algunos legisladores de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, no tengan, ni la mínima sensibilidad, que las personas antes citadas tuvieron con sus compatriotas; triste e inadmisible sería que un partido político como el PRD, cuyo origen es precisamente, su incorporación en la vía pacífica y legal, a partir de los beneficios de las amnistías que concedió el régimen priísta durante los setentas, sean ahora ellos, los que se opongan hacer uso de este recurso legal.  

Los exgobernadores de Chiapas Javier López Moreno, el del Oaxaca José Murat o el de Guerrero Rene Juárez, promovieron ellos amnistías contra grupos armados por móviles de reivindicación social. Hasta el polémico Gobernador de Veracruz Fidel Herrera lo hizo también en Veracruz. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el Gobierno de la Ciudad de México, corre el riesgo, de no tener la grandeza, que dice tener: “Una ciudad de libertades”.

No quisiera pensar que la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mayorité en contra, un dictamen debidamente fundado y motivado, que da cauce legal a lo que podría ser, la primera amnistía política, de un gobierno perredista.



Un dictamen, que por cierto, fue aprobado por diputados acusados de “reaccionarios”, de “derecha”, de “partidos traidores” o “partidos sectarios mesiánicos” o “partidos chicos”; un dictamen que busca la amnistía a los presos de la protesta social,  la indemnización a quienes fueron víctimas de detenciones arbitrarias y la investigación de quienes fueron los responsables, de los hechos violentos ocurridos aquel 1 de diciembre de 2012 y de las fechas consecuentes.

Eso era lo que tanto exigía el movimiento estudiantil de 1968,  ahora, no solamente se pide la derogación de los delitos de ultrajes y ataques a la Paz Publica, (inclusive declarada inconstitucional por la propia Suprema Corte); sino también la indemnización y el deslinde de responsabilidades.

Hay momentos en que la historia da oportunidades a corregir errores, para que los gobernantes así, muestren grandeza, nobleza e inteligencia.

Ojala, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa la tenga.