sábado, 27 de octubre de 2012

LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS COLECTIVOS


 
La Constitución Política dice y sigue diciendo, que tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, al patrimonio; y sigue diciendo también, que tenemos derecho a una vivienda, a un medio ambiente digno, al trabajo; dice y sigue diciendo, que tenemos derecho a la salud, a la educación, al deporte, a la alimentación, a la cultura, a no ser discriminados; dice y sigue diciendo, que hay derechos para la familia, a los jóvenes, los ancianos, los discapacitados, los “diferentes”; Pensamos que todos nuestros derechos, son mera retorica jurídica, oraciones normativas impregnadas con un contenido utópico e idealista; una carta de buenas intenciones; hemos llegado al error, de pensar, que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son mera demagogia.

Pero que culpa tenemos de nuestra ignorancia, de nuestra soberbia intelectual, de pensar que las cosas que ocurren en la vida real, son la “verdad” verdadera; que toda propuesta e modificar, innovar, revolucionar el mundo y las conciencias, son irreales, romanticismos quijotescos; que culpa tenemos de creer en esas falacias y dar por sentado, que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son mera letra muerta, ”paja”, contenidos pedagógicos que los estudiantes de derecho, aprenden sin razonar, sin sentir, sin exigir.

O sea quien piensa que estudiar derecho es servir a los intereses del cliente, que le contrata y le paga sus honorarios, por defender su patrimonio, su honra o su libertad; no están equivocados, pero su visión es incompleta. Su visión responde a un paradigma individualista de ejercer la carrera, de pensar que la ley solamente es útil, para quien pueda contratar los servicios de un abogado y pueda hacerlos valer ante un tribunal; olvidándose de todos y de todo. De ignorar bajo ese liberalismo individual y egocéntrico, con el que se fue construyendo el derecho,  que vivimos en sociedad y que muchos de los problemas que atañen a todos, son problemas que también nos afectan.
 

Necesitamos cambiar nuestra visión y socializar la practica del derecho. Hacer este conocimiento al alcance de todos. Debemos pensar, al menos aquellos que son abogados y los que estudian para serlo, que el derecho no puede ser un objeto de comercio sujeto, solamente a quienes pueden pagarlo, segregando a la mayoría de los ciudadanos que no puedan hacerlo, por su pobreza o desconocimiento del tema; no hay al menos en la Constitución algún precepto normativo que así lo diga, no veo entonces, descabellada esta propuesta. Si todas las personas tienen derecho a un policía que los cuide, a un maestro que lo enseñe, a un medico que lo cure, no veo porqué, no tenga derecho, a un abogado que lo lleve al camino de la justicia.

Pensar en los derechos de los demás, es pensar en los derechos colectivos, los que no requiere de legitimidad ni de interés jurídico, más que el sano propósito altruista de servir a los demás.

Pero para que hayas derechos colectivos, no bastan que existan en las constituciones y en los tratados internacionales; sino que deben existir las instituciones y acciones procesales, que hagan posible su plena realización.

¿Cómo hago exigible no ser discriminado o que a nadie se le discrimine por su condición social, étnica, religiosa, preferencia sexual u otra?. ¿Cómo hago posible tener una educación de calidad o que los demás lo tengan?, .¿Cómo hago posible tener derecho o que todos tengamos derecho a la cultura, al deporte, a la alimentación, al medio ambiente digno, a la salud?.  El paradigma liberal individual del derecho que impera en nuestra cultura jurídica, no lo permiten. ¿Cómo un tribunal va ampararme o amparar a los demás en contra de los actos u omisiones que violen mis derechos económicos, sociales, culturales y ambientales?. ¿Cómo van ampararme en contra de la burocracia ineficaz de los servicios médicos, o de los programas de televisión que atenten contra nuestra inteligencia o que impone estereotipos que fomenten la discriminación; como un tribunal va ampararme de la pésima calidad de las escuelas, o del ruido, el tráfico, la falta de agua?. ¿Cómo un tribunal va ampararme en contra de la desnutrición, de la falta de oportunidades, el trabajo indigno, mal pagado e informal?. El punto es crítico, porque la Constitución establece derechos colectivos y no dice como hacerlos valer; el problema también es científico, ninguna norma jurídica, al menos en la moral normativa, esta para incumplirse; es algo que existe en el campo racional de la validez y que debe llevarse en la realidad.  Para eso hay Estado, hay hipótesis y consecuencia normativa. Hay instituciones y coercibilidad que implica el monopolio de la violencia estatal. Los estudiosos del derecho, deberán resolver este problema.


La forma de ejercer los derechos colectivos, es educando al pueblo. Toda persona tiene derecho a ser informado. Entre más información, mayor libertad para elegir. El paradigma clásico del derecho tutela la vida, así como la libertad corporal, contractual, testamentaria y la propiedad privadas; pero el nuevo paradigma de los derechos colectivos, debe promover, difundir y proteger, la información, como un valor democrático, al que toda persona tenga derecho acceder. Habiendo información, se puede ejercer todas las libertades humanas y se puede vivir también, en democracia.

Informar es educar. Luego entonces, educar, es enseñar a toda persona su condición humana, dotada de libertad y dignidad.  La gran responsabilidad de los Entes Públicos, es ser transparentes y dotar de la información que tengan; la responsabilidad de la sociedad civil, la del “tercer sector” y de los maestros, es enseñar éste valor importante del cual emanan todos los demás. Las escuelas donde se enseñe derecho, deben aprender y enseñar, que mas que la vida, la libertad y la igualdad, impera un valor supremo, que es el de informar y ser informado.

Los derechos colectivos exigen formar ciudadanos. Quien estudie derecho, ante todo, debe ser un buen ciudadano. Debe tener esa moral socrática de sujetarse a las leyes de la Ciudad; debe también asimilar ese espíritu romanista de involucrarse en los asuntos de la República, (asimilar la cosa pública); saber ante todo, que el mejor titulo nobiliario que los seres humanos, nos hemos dotado a lo largo de toda nuestra historia, es el de ser ciudadano; que su poder ejercido en forma conjunta, es valiosa para transformar y construir una sociedad menos injusta; saber que cuando alguien exige los derechos de “uno”, también sin proponérselo, exige los derechos “de los demás”.  

Y para que todo derecho colectivo sea posible, debe de haber republica con ciudadanos; entonces sólo así, los funcionarios públicos podrán rendir las cuentas que le exija la ciudadanía. Fincársele la responsabilidad correspondiente, por incumplir esos derechos o por malversar los fondos, que impliquen el costo de la aplicación de dichos derechos.
 
Los derechos colectivos, al trabajo, a la alimentación, a la cultura, al medio ambiente, a ciertos grupos sociales; son derechos que implican un costo económico. El Estado no le cuesta respetar la vida y las libertades de sus ciudadanos, basta con no entrometerse para que los ciudadanos puedan ejercer esos derechos; sin embargo, los compromisos previstos en la Constitución y tratados internacionales respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, si le implican al Estado un costo económico, tienen pues valor económico cuantificable en dinero; el Estado pues, tiene esa obligación de transparentar su actuar e informar en forma detallada, la planeación programación, presupuestación, ejecución y evaluación de los recursos públicos que se dotan en servicios públicos para ser posible, el ejercicio de dichos derechos.

Y para poder enseñar esto, las instituciones educativas de derecho deben cambiar su paradigma jurídico de hacer creer a los futuros abogados, que la forma de hacer posible la exigencia de los derechos, es través de los tribunales. Visión procesalista, que es cierta, pero también incompleta. Los nuevos abogados deben aprender, que los derechos se exigen, no solamente cuando se violan, sino también, cuando se difunden, se promueven, se respetan; es decir, cuando el Estado y la Sociedad Civil informan a los demás, que se tiene “derecho” a esos “derechos”.
 
 
Los estudiantes del derecho, así como los nuevos abogados, deben también saber, que los derechos se ejercen; que no se conceptualizan, ni se dejan registros de ellos en las leyes. Los derechos se ejercen, en el momento en que se exigen ante los tribunales pero también, cuando se participa en la vida pública y no necesariamente en votaciones como cuando se ejerce el derecho al voto, sino cuando se convoca y se lleva a cabo una asamblea, una manifestación, cuando se expresan y se ejecutan las ideas, cuando se fiscaliza los recursos públicos o realizan peticiones a la autoridad o inclusive, se exigen cuentas a los funcionarios. En pocas palabras, cuando se ejercen las instancias de la democracia participativa.

Y para poder ejercer democracia participativa, los nuevos abogados deben saber, que sin sistema democrático, no hay derechos humanos; y una sociedad sin derechos, es una sociedad simulada, autoritaria, arbitraria y por ende, injusta.  De tal forma que derrocar gobiernos, es una tarea muy fácil, que inclusive puede ser de algunos y de pocos dias; pero en cambio construir democracias, es un trabajo  arduo de todos y que obviamente, exigen meses, años y décadas para poderlo hacer; es por eso, debe iniciarse esta enseñanza de ciudadanización, lo mas pronto posible, desde las aulas de las escuelas donde se enseñan las ciencias sociales.

Los derechos colectivos, no solamente requieren esa nueva visión de informar, exigir cuentas y ejercer la cultura de la democracia participativa; requiere también de un marco jurídico que otorgue autonomía a los organismos públicos y fomente, la constitución de organismos de la sociedad civil.

Otorgar autonomía a los organismos públicos es una tarea fundamental, pero insuficiente; se requiere fomentar también, la constitución de organismos no gubernamentales, también llamados organismos de la sociedad civil, o “tercer sector”. En la época global y neoliberal que nos domina, la constitución de grandes empresas y la especulación del dinero, debe exigir como contrapeso, la creación también de corporaciones ciudadanas que tengan como principal objeto de existencia, difundir, promover y exigir, el cumplimiento de los derechos de todos.  Se requieren corporaciones de abogados que defiendan los derechos de los procesados, de las minorías, de las familias, de los desprotegidos; corporaciones que defiendan al medio ambiente, la biodiversidad, los derechos de la ciudad, del agua; corporaciones que defiendan los consumidores de los bienes y servicios, ante la arrogancia y el poderío económico de los monopolios empresariales.
 
Y por eso, las escuelas de derecho deben modificar sus planes de estudio, a fin de encontrar soluciones de autoempleo a sus egresados, que no necesariamente impliquen el ejercicio liberal de la abogacía o del servicio público; sino también, fomentar la creación de “empresas sociales”, con misiones y visiones especificas, que permitan acceder a financiamientos para poder estar en posibilidad de defender, promover y difundir, esos derechos, ante la inmensa mayoría que por pobreza o ignorancia, no tiene acceso a ello.  
Es una tarea laboriosa, que no termina aquí. Entre el dicho y el hecho, hay un largo trecho. Iniciar los cambios que se exigen, cuesta trabajo, más aun, cuando nadie los ve y los comprende. La cultura de la soberbia, del autoritarismo, de la ignorancia, o de la mala información, puede retrasar este proceso, que tarde o temprano,  terminará imponiendose.

Espero, al menos de mi pequeña trinchera, que nadie me los retrase.