LA CONSULTA POPULAR DE LA REFORMA ENERGÉTICA QUE JAMAS VENDRÁ. ... (¡Así o más trágico¡).

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 1958.

Ahora dicho ordenamiento jurídico está próximo a desaparecer, es más, seguramente cuando vuelva a leer este blog, dicha ley, habrá desaparecido y entonces, habrá sido historia, de lo que alguna vez fue el régimen jurídico del derecho petrolero mexicano.

La vieja ley petrolera, era un texto normativo, muy sencillo, apenas de 12 artículos que llegó a crecer hasta en 20. En comparación con la nueva ley que la sustituirá, de 131 artículos y 32 transitorios llamada Ley de Hidrocarburos y la cual, en cualquier momento, el Presidente Enrique Peña Nieto la publicara.

La vieja ley parte de la tesis política de que el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrogeno que se encuentran en territorio nacional – incluida la plataforma continental – en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, pertenecen a la Nación.

La nueva ley, conserva esta tesis política, inclusive la amplia, reivindica como propiedad de la nación, los hidrocarburos que se encuentran en la Zona Económica Exclusiva, así como los “yacimientos transfronterizos” dentro o fuera de la jurisdicción nacional, que se comportan con otros países, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar. Es decir, la nueva ley, inspirada en la reforma realizada en el 2008, reivindica el petróleo que se encuentra en los mares del Golfo de México y que se comparten con otras dos naciones: Cuba y los Estados Unidos.

La industria petrolera, aquella que le fue expropiada a las compañías extranjeras para dar nacimiento a la “Institución Publica Descentralizada Petróleos Mexicanos”, era conforme a la vieja ley, la única encargada de llevar a cabo las actividades de exploración, explotación, refinación  transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primer mano, tanto del petróleo, gas natural y artificial, así como materias primas industriales básicas.

Así entonces, entre Petróleos Mexicanos y el “Ejecutivo Federal”, no existía intermediario alguno, pues el Jefe Inmediato del Director General de PEMEX era el Presidente de la República y sólo ante él, rendía cuentas.

¡Ahora ya no será así. Los tiempo cambiaron¡. 

PEMEX se transforma, de ser la entidad pública sujeta a los designios de quien fuera Presidente de la República y de una organización gremial, llamada Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; a una nueva entidad, denominada “Empresa Productiva del Estado”, que con “preferencias” del marco jurídico regulatorio, tendrá que compartir y competir, en el mercado petrolero, con una variedad de empresas petroleras, de diversas marcas, tanto nacionales, como internacionales.

Les guste o no a la clase política que gobierna el país, PEMEX deja de ser aquella poderosa industria petrolera, que sirvió de ser la principal fuente de financiamiento del Estado Mexicano, a una “red de empresas”, algunas de ellas con la marca de “PEMEX”, que servirá para generar riqueza, a un cúmulo de empresarios nacionales e internacionales, que potencializaran a esta industria, en beneficio de sus propios proyectos y porque no decirlo, también hasta de sus propias ambiciones.

El viejo PEMEX, el que creo el “PRI nacionalista”, era el símbolo de la unidad nacional, de la soberanía, del valor, el máximo orgullo revolucionario y antimperialista de la historia patria; para convertirse ahora, gracias al “PRI neoliberal”, en un negocio lucrativo, susceptible de medirse en millones de barriles y consecuentemente, en miles de millones de dólares.

Razón tienen los nacionalistas de defender el erario público y los “bienes de la patria”, sus discursos románticos, nacionalistas, revolucionarios y combativos; razón tienen, aquellos que defienden el medio ambiente, frente a la embestida que ha generado, los mayores índices de contaminación ambiental, terrestre, atmosférica y marítima, de criticar a la principal fuente generadora de basura, el plástico; razón tienen también, aquellos partidarios del libre mercado, que suponen que una empresa, es una unidad productiva de bienes y servicios susceptible de generar riqueza y con ello, mejorar la calidad de vida de los seres humanos; razón tienen todos ellos y más razón tengo al sostener, que nadie, absolutamente nadie, logra comprender, la importancia del petróleo en nuestra vida, más aún, la importancia de este energético, en las manos de grupos de personas, que pueden verse tentados, en perjuicio de la humanidad, del egoísmo y a la ambición.

Petróleos Mexicanos queda totalmente desmantelada. ¡Ojala lo mismo hubiera ocurrido con Televisa o América Móvil. Pero no fue así. Petróleos Mexicanos fue desmantelada, en aras, ya no de fomentar el nacionalismo reivindicativo revolucionario y soberano de lo que representaba la empresa, sino para fomentar la libre competencia.   En síntesis, el mercado de la globalización, se impone sobre la idea solidaria y soberana de la Nación- Estado. ¡Razón de dólares y no de buenos sentimientos nacionalistas¡.

Ahora el nuevo esquema, es que entre Petróleos Mexicanos ya no será la única que podrá explorar y explotar el petróleo. Sino que ahora, será a parte de ésta, las denominadas “empresas productivas del Estado”, así como también, “los particulares”.

Petróleos Mexicanos, ya no será tampoco esa entidad única que alguna vez. Ahora estará conformada por Pemex o una cosa que tenga ese membrete, así como también con  “Empresas Productivas Subsidiarias de PEMEX” y las “Empresas Filiales de PEMEX”. Es decir, muchos PEMEX’s.

Pero aparte de dividirse PEMEX en varias empresas, todas ellas con el nombre de su propia  marca, cada una de éstas podrá asociarse con “Empresas Productivas del Estado” o los “particulares” o los “contratistas”.  Lo que dará origen, a una variedad de entidades públicas, así como también de entidades “público-privadas”.  Llámese PEMEX-SHELL, PEMEX-EXXON, PEMEX-BRITISH PETROLEUM, PEMEX-GULF, PEMEX-TEXACO, PEMEX-MOBIL, PEMEX-CHEVRON; o como quieran denominarse. …¡PEMEX¡….¡Muchos PEMEX’s¡.

El “nuevo PEMEX”, es que ya no hay nada de “nuevo”. En efecto, la empresa se conserva, pero solo de membrete. Ya no existirá empresa única, ni tampoco de “cuatro subsidiarias”, como la que reformó el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ahora habrá en el futuro “muchos PEMEX’s”, conforme a la capacidad que tenga la empresa de expanderse, multiplicarse y asociarse.

Esas nuevas empresas “PEMEX’s”, ya no estarán subordinadas al Presidente de la República, como cuando PEMEX era una sola y dependía directamente del “Ejecutivo Federal”. Ahora entre la variedad de empresas petroleras encargadas de la exploración, extracción, refinación, transporte y comercialización del petróleo, (PEMEX´s, Empresas Productivas del Estado y Contratistas), existirán intermediarios, al menos dos entidades públicas denominadas “órganos reguladores”. Uno de ellos, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la otra, es la Comisión Reguladora de Energía.

Antes el Presidente, decidía donde se exploraba, se explotaba, que se refinaba, que se transportaban, que se almacenaba, que se vendía;  con la reforma aprobada ya no será así.  Ahora los órganos reguladores, serán los que llevaran a cabo el control y servirán de árbitros, entre el Estado y la gran variedad de empresas encargadas del negocio petrolero. 

Pemex por lo tanto, ya no será la única empresa encargada de explorar, extraer, refinar, almacenar, transportar y vender el gas y el petróleo.  Ahora serán muchas las empresas. Tan sola una actividad ordinaria que tenemos de cargar gasolina en los expendios de PEMEX, será compartida con otras empresas a partir del 2017; así pues, el subsidio del petróleo (y los “gasolinazos” que determina Hacienda previa aprobación del Congreso), desaparecerán en el 2018, cuando las nuevas empresas gasolineras, oferten su producto, a la “libre competencia”. Así cabe el riesgo de que se nos olvide el nacionalismo mexicano cuando carguemos el tanque del carro con una proveedora más económica o lo que sería peor, que recordemos con nostalgia a los “gasolinazos”, ante el incremento voraz de la gasolina a cargo de las nuevas compañías. (nacionales o extranjeras).

Para evitar esta situación, el PRD ha promovido una consulta popular en la que propone se le pregunte a los ciudadanos si: “¡Esta de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?”; mientras que MORENA, el otro partido de “izquierda” también hace lo mismo, sólo que su pregunta es mucho más directa: “¿Estás de acuerdo o no que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?.

La gran apuesta de la izquierda para “echar atrás” la reforma energética, es hacer uso, por primera vez en la historia, de ese novedoso mecanismo de democracia participativa llamado “consulta popular”, que se encuentra regulado en el artículo 35 fracción VIII de la Constitución Política  y en el cual establece, que si la votación concurrente es del 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores, el resultado que se obtenga de la misma, será vinculatoria.

Es decir, si los dos partidos de “izquierda” logran provocar la consulta popular, los ciudadanos votaran el próximo primer domingo de junio del 2015, aparte de por quién sea su diputado federal, también lo harán para pronunciarse, ya sea por el “Si” o por el “No”, de aquello que le pregunten. Esto haría la elección del 2015 muy interesante y el debate nacional (electorelo) giraría en torno a ello. El resultado que se obtenga de la misma, será de cumplimiento obligatorio para el Presidente y el Congreso de la Unión. Podría entonces, dar un “revés” a la reforma aprobada, en caso de que el voto mayoritario sea por el No.

Sin embargo, veo con mucho escepticismo que la consulta prospere y no tanto, por que piense que exista un “compló” o porque los poderes se encuentren cooptados por la minoría beneficiada de la reforma. Sino por la sencilla razón de que la consulta popular, requiere de por lo menos, el 2% de los electores, algo así como un millón ochocientos mil electores hasta antes del 15 de septiembre del 2014;  aunado a que si existe otra consulta y en ella encuentren 20% de las firmas repetidas, solamente tendría efectos la primera consulta.

Pero además de esto, se requiere para el caso de juntarse las firmas, que estas se presenten ya sea a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, la cual a su vez la remitirá al Instituto Nacional Electoral para que ésta verifique, si se juntaron o no las firmas.

En virtud de que tanto el PRD como MORENA proponen cada una por su parte, (como buena “izquierda” siempre dividida), una consulta que en esencia refiere a lo mismo y en virtud de que la mayoría de los ciudadanos, desconocen las reglas técnicas del derecho, pudiendo algunos ciudadanos haber firmado en ambas consultas; puede darse el caso, que una de las consultas promovidas quede sin efectos, por la causal de repetición de firmas; pudiendo ser la del PRD o bien la de MORENA. (Lo que significaría para la “consulta descalificada” un duro golpe para el partido político que la propuso).

Pero no solamente eso, en caso de que una o bien, las dos consultas promovidas logren juntar el número de firmas, por así convalidarlo el Instituto Nacional Electoral, correspondería entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver sobre la constitucionalidad de la consulta. Esto significa que el Instituto Electoral únicamente certifica la recolección de firmas, la Corte en cambio, valoraría la procedencia jurídica de la misma.

 Será pues en esa instancia, donde los ministros de la Suprema Corte declararían la inconstitucionalidad de la consulta, por tratarse la misma, de asuntos relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  Tal como lo prohíbe el artículo 35 fracción VIII, numeral 3 de la Constitución Política y 11 fracción IV de la Ley Federal de Consulta Popular.

¡Asi pues, no se hagan ilusiones, no habría consulta¡.

Pero no solamente eso, la Corte dirá o al menos discutirá, si es válido o no que a través de la consulta popular, se pueda reformar la Constitución.  Es evidente que el resultado obtenido de la consulta, es vinculatorio para los “Poderes Legislativo y Ejecutivo federales y autoridades competentes” (Artículo 35-VIII-2° de la Constitución).  Mas no así, el resultado de la consulta puede ser vinculatorio para el denominado “Poder Constituyente Permanente”, el cual se compone de dos terceras partes de los miembros asistentes del Congreso de la Unión, así como por lo menos, más de 16 legislaturas de los Estados, instancia colegiada facultada para poder reformar la Constitución Política.

 Si algún ministro de la Corte estimara, que el “Constituyente permanente”, es una “autoridad competente” de la que refiere el artículo 35-VIII-2° de la citada Constitución, sostendrán los ministros, que el artículo 135 de la referida Carta Magna, establece el método para poder reformar la Constitución, la cual por ningún motivo, es a través de la consulta popular, aunado a que obligar o coaccionar a las legislaturas de los Estados acatar el resultado de la consulta, seria vulnerar los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, es decir, esto significa que la Federación no puede actuar de forma centralista ante las legislaturas estatales, pues debe atenerse a respetar en todo tiempo, el sistema de una república federal integrada por Estados Libres y Soberanos.

Pero no solamente eso, si ese arsenal de argumentos jurídicos resultaran insuficientes para declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular, existe otras razones, como sostener, que se trata de “actos consumados” o bien, que la “ley secundaria no prevé ese posibilidad”

La reforma energética es sin duda alguna, un tema que requiere de mucho estudio y por ende, al tratarse de una cuestión profundamente técnica, no puede llevarse el asunto a una simplificación emotiva, de decir “Si” o “No”.

La otra consulta popular que está siendo promovida por el Partido Acción Nacional consistente en preguntar: “Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL”. Le veo definitivamente, mayores posibilidades de declararse constitucional.  No solamente eso, sino que dicha consulta se encuentra también impulsada y apoyada, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Dr. Miguel Ángel Mancera, así como por el PRI.

En fin, llama la atención que la consulta popular, es una buena opción de bandera electoral para las elecciones federales que se avecinan.  PRI y PAN promoverán el aumento del salario mínimo, mientras que el PRD y MORENA lo harán con la reforma energética.

Seguramente, partidos como el PANAL y el PVEM, apoyaran la postura del PRI-PAN; mientras que el PT y MC se sumaran a la propuesta de PRD-MORENA.

Preguntome ahora: ¿Cuál será la postura de los otros dos nuevos partidos: “Encuentro Social” y “Humanista”, respecto a las consultas populares referidas. Al parecer no han dicho nada. ¡Cosa rara¡, porque al tratarse de temas de la agenda nacional y ante la necesidad de obtener el 3% de los votos para conservar sus registros, deberían pronunciarse sobre el tema, o bien, proponer algo diferente.

¿Qué pasaría si algunos de esos dos partidos, instará al Presidente o a 165 diputados y/o 42 senadores del Congreso de la Unión, a promover una consulta popular en ejercicio de sus atribuciones previstas en los incisos a) y b) de artículo 35 fracción VIII, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 12 fracciones I y II de la Ley Federal de Consulta Popular; eso al menos, sería más práctico que reclutar casi las 2 millones de firmas que se solicitan.

¿Qué pasaría si ejerciéndose el derecho de petición, se le pidiera al Presidente, diputados o senadores, convoquen ellos a la consulta?.  ¿No tendría legitimidad el presidente para hacerlo?.  Si el presidente le respondió inmediatamente al cineasta Alfonso Cuarón, su cuestionario de diez preguntas, no veo porque no lo haga, con un partido político nacional.  ¡Total¡. No hay mexicanos de primera ni de segunda. El Presidente debe responder a quien le pida algo. ¿o no?.  Finalmente, no es ese el trabajo de los partidos políticos nacionales. ¡Hacer política¡.

Si el Presidente de la República, se negara a convocar a una consulta, su respuesta debería estar fundada y motivada; lo que lo haría sujeto a un juicio de amparo en caso de incumplimiento, pudiendo ser el caso atraído, dada su trascendencia, por nuestro más alto tribunal.  (Esto sería nota periodística y obligaría a nuestro Poder Judicial a pronunciarse sobre otras modalidades de proponer consultas populares).

Pero si el Presidente logra responder afirmativamente la petición, sería un gran logro para el partido político que promueva la consulta a través de esta vía. (Se ahorraría el trabajo de juntar 2 millones de firmas), o bien, el trabajo inútil de convocar consultas populares notoriamente inconstitucionales. (¡Ya lo verán¡)

Se instaría al Presidente, a ejercer sus atribuciones y también se obligaría a definirse expresamente sobre la “consulta popular” que apoyaría, o bien, se promoviera otra consulta, sobre otro tema.  Lo que sin duda, aumentaría el debate de lo público.

Pero suponiendo, se siguiera promoviendo el debate de la reforma energética, que mal, pero legítimamente el PRD y MORENA impulsan,  instaría al Presidente, para que con fundamento en el 35 fracción VIII, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 12 fracción I, 16, 17, 21, 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, se le preguntará a la ciudadanía lo siguiente:

“Está de acuerdo a que se reformen las leyes secundarias a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013, con el objeto de crear mecanismos fáciles y entendibles, para la transparencia, la rendición de cuentas, los indicadores de gestión y régimen de responsabilidades, a los asignatarios, contratistas y permisionarios, que participen en la cadena productiva de la industria petrolera.

No dicen los partidarios de la reforma energética, que se generaran los empleos y la riqueza que tanto necesita el país y no dicen acaso también los opositores, que saquearan y robaran, el petróleo que es de los mexicanos.

Salvo que las próximas legislaturas o próximos presidentes promuevan la “contrareforma a la reforma energética” que revoque las modificaciones a la reforma constitucional del 20 de diciembre del 2013 y a sus leyes secundarias; considero que mientras ese día ocurra, a nadie le hace daño, que se promueva mayor transparencia y claridad sobre el tema. Finalmente, la mejor arma para combatir la corrupción y el robo de los hidrocarburos, propiedad de la nación, es tener una sociedad mejor informada, sobre sus derechos de transparencia y de rendición de cuentas.

No dudo, que PEMEX o los nuevos “PEMEX´s”, puedan existir funcionarios, trabajadores, empresarios, inversionistas, contratistas, inspectores, controladores, agentes aduanales, dirigentes sindicales, políticos, ordeñadores, tapineros, huachicoleros, extorsionadores, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero y narcotraficantes que con o sin reforma energética, se robaron y se siguen robando lo que le pertenece a todos los mexicanos.

Por eso, ante esta privatización consumada, a nadie hace daño, enseñar a cada ciudadano a concientizar su derecho a la riqueza petrolera, no en base a un sentimiento nacionalista o antiextranjero, sino en base, a la conciencia crítica ciudadana de saber cuánto, como, cuando, donde, porque, para qué y para quienes, se otorgaron permisos, asignaciones y contratos a determinadas personas y desde luego, cuando dinero entro y salió.  

Acudir a una marcha, manifestarse en contra, postear en el face o firmar una consulta notoriamente improcedente como la que propone el PRD y MORENA, resulta insuficiente para defender el petróleo u oponerse a la reforma energética.

Lo importante ahora, es preparar los cuadros que sepan vigilar los ingresos y egresos de las ventas petroleras, así como fomentar la rendición de cuentas, para aprender a promover y fincar responsabilidades, contra aquellas personas, que lejos del debate y de la noticia publica, se esconden en el anonimato o en la simulación, para robarse la poca o mucha riqueza, que puede generar esta industria a favor de los mexicanos.

Se trata pues, de defender realmente el petróleo mexicano. No con gritos, no con mentiras, no con demagogias, no con promesas; defenderlo realmente, como lo harían todo mexicano cansado y hastiado, de aquellos que se enriquecieron con el petróleo nacional y también de aquellos, que se piensan seguir enriqueciendo, con la privatización de ese mismo petróleo nacional.  

¿Qué acaso no es justo pues, el enriquecimiento de algunos pocos, a causa del empobrecimiento de millones de mexicanos?.  ¡Ese es el estado de la cuestión¡.