CRÓNICA DE LA REFORMA ENERGÉTICA Y DE LA TEMIBLE PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO (Segunda parte).

¡El petróleo es de México y de los mexicanos¡. Eso aprendimos gracias al sistema educativo priísta que ahora pretenden reformar. Lo aprendimos en los libros de texto gratuito y en el discurso de nuestra clase política partidista.

¡Lázaro Cárdenas¡. “Tata-Lázaro” El gran Presidente de México originario de Michoacán, que ha sido revivido como “zombi”, por el mandatario actual, Enrique Peña Nieto, para recordarnos nuevamente, no solamente que él, también era priísta, fundador y creador de ese sistema político mexicano autoritario que gobernó el país durante el siglo XX, sino también, para recordarnos que él, como buen priísta de la época, estaría de acuerdo con la tan anhelada reforma energética privatizadora.

Esa historia oficial priista, las que nos enseñó que el petróleo era el recurso natural, el cual le fue arrebatado a las compañías petroleras americanas y británicas que lo explotaban, mediante un acto revolucionario, patriótico, valiente y nacionalista que hiciera el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Hasta antes de la expropiación, el petróleo era explotado por unos prósperos empresarios extranjeros que se habían beneficiado de la política económica de Porfirio Díaz, el inglés Weetman Dickinson Pearson y los estadounidenses Edward L. Doheny y John D. Rockefeller; ellos eran los dueños del suelo y del subsuelo, de la explotación tanto agrícola o ganadera, inclusive hasta de los minerales y combustibles que se hallaran en el suelo y subsuelo; todo ello era propiedad de los particulares, no de la Nación.

Los primeros manifiestos revolucionarios, el de Ricardo Flores Magón y el de Francisco I Madero, en ningún momento llamaron a reivindicar este recurso energético como propiedad de la nación; ni siquiera el revolucionario más “radical” Emiliano Zapata, se le había ocurrido; nada decía el Manifiesto del Partido Liberal, ni el Plan de San Luis, ni el Plan de Ayala; ni aun el Plan de Guadalupe que proclamara Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.   

El “primer gobierno revolucionario” de Francisco I. Madero cobró un impuesto de tres centavos por cada barril de petróleo que explotara las compañías petroleras; eso obviamente generaría protestas diplomáticas y la inconformidad de los empresarios americanos, por tal impuesto “confiscatorio”; seguramente un argumento más, que ayudo al Embajador americano Henry Lane Wilsón a proteger los intereses de sus connacionales e intervenir en el golpe de estado que derrocaría al Presidente, habiendo pactado con el “contrarevolucionario”, el General Victoriano Huerta.

Posteriormente Venustiano Carranza, el quien fuera archienemigo de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, el exporfirista “revolucionario” de ideas constitucionalistas y conservadoras, fue el primero quien abordaría el problema de la nacionalización de los recursos petroleros; no lo hizo Zapata, ni Villa, ni Flores Magón; fue Carranza a través de las modificaciones del Plan de Guadalupe, quien prometió que al triunfo de la revolución, se revisarían las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, agua, bosques y recursos naturales.

En esos años de turbulencia armada, revolucionarios y federales; después entre convencionalistas y constitucionalistas; Venustiano Carranza a través del Licenciado Luis Cabrera, crearía una Comisión Técnica sobre la Nacionalización del Petróleo; dicho órgano colegiado concluyó que era necesario restituir a la nación, lo que era suyo, la riqueza del subsuelo, del carbón y del petróleo.

Otros generales carrancistas, como Cándido Aguilar y Francisco G. Múgica fueron despectivos frente a las compañías petroleras americanas; ambos emitieron disposiciones en los que cobraban impuestos, rentaban tierras, nulificaban contratos; por otra parte Carranza emitió decretos en los que ordenaba a la compañías petroleras inventariaran sus bienes, para efectos de imponer contribuciones en forma equitativa. Lo cierto era, que ni las bravuconadas de los generales carrancistas, ni las disposiciones administrativas fiscales que dictaba el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, intimidaba a las compañías, que seguían con la explotación del petróleo, seguramente confiados, con la protección que les daba el poderoso ejercito de los Estados Unidos de América.

El general Cándido Aguilar inclusive amenazaba con quemar los pozos petroleros, pero seguramente la prudencia de Carranza hizo moderar las pasiones, aceptar sobornos, no aplicar las leyes; el enemigo en esos años turbulentos de la revolución, no era propiamente los empresarios británicos y americanos dueños de las compañías petroleras, sino que era Francisco Villa y Emiliano Zapata; sobre ellos, había que enderezar toda la fuerza armada para destruir a los enemigos de la revolución.

Cuando el triunfo de Carranza se dio, al derrotar a Francisco Villa en 1916, el problema petrolero volvió  aparecer. La Constitución de 1917 legislada por los diputados constituyentes carrancistas y obregonistas, dictaron una norma jurídica de carácter nacionalista que decretaba que la propiedad de los suelos y subsuelos, pertenecían a la nación. Dicho precepto constitucional, facultaba al Ejecutivo, (detentado en ese momento por Carranza), para revisar y en su caso declarar nulas,  todos los contratos y concesiones que el gobierno porfirista había autorizado desde 1876.

No era para más, el gobierno revolucionario de Venustiano Carranza resistió un embate de juicios de amparo promovidos por los dueños de las compañías petroleras extranjeras, inclusive la presión del gobierno estadounidense, que aun con sus múltiples ocupaciones derivadas de la Primera Guerra Mundial, no quitaban el dedo del renglón. Por ejemplo el Senador americano Fall, proponía no reconocer al gobierno mexicano, hasta en tanto, este no derogara los artículos 3, 27, 33 y 130 de la Constitución Política.

No fue fácil aplicar al pie de la letra lo señalado en el artículo 27 constitucional. Ni tampoco era oportuno revisar y anular los contratos y concesiones concedidas a las compañías petroleras; la amenaza de que el norte del país se desintegrara, siempre fue algo latente que por razones de Estado, debía de preservarse. Era más fácil que cayera Carranza, a que se le quitará el petróleo a los extranjeros; y así fue, en 1920, una revuelta de militares simpatizantes de Álvaro Obregón, desconoció al Presidente Carranza, quien murió asesinado en Tlaxcalantongo.

Los siguientes gobiernos revolucionarios, el de Adolfo de la Huerta (1920)  y el de Álvaro Obregón (1920-1924), enfrentaron el problema diplomático de no ser reconocidos por los Estados Unidos e Inglaterra. Para serlo, debían revocar todas las disposiciones jurídicas que reivindicaban el petróleo como propiedad de la nación mexicana y garantizarles a las compañías extranjeras, que no serían perturbados en su derecho de propiedad y explotación.

El gobierno de Álvaro Obregón, mantuvo una postura de no derogar ninguna ley, simplemente, no aplicarlas. Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, que el artículo 27 constitucional no podía tener efectos retroactivos, pero no le bastó al gobierno americano esa resolución judicial. Hubo necesidad de llevar pláticas conciliatorias, las cuales se celebraron en una casa ubicada en Bucareli, Ciudad de México, en donde se llegó al acuerdo político de no aplicar retroactivamente las disposiciones nacionalistas del petróleo, así como también, cambiar los títulos de propiedad que tenían las compañías petróleo, por títulos de concesión.

El gobierno de Obregón, al igual que el de Madero, quiso gravar la producción de petróleo a través del pago de impuestos, pero esto también generaría inconformidades de las compañías extranjeras, entonces el gobierno cedió; había que preservar el poder a toda costa, la revolución lidereada por Obregón no podía ponerla en riesgo de perder la simpatía de los grupos obreros sindicalistas, de los campesinos y de los militares. Detentar el poder político era mucho más importante; los enemigos de la revolución para ese momento, lo era la revuelta militar de Adolfo de la Huerta en 1923 y no propiamente, las compañías extranjeras.

El siguiente gobierno revolucionario, el del general Plutarco Elías Calles (1924-1928), llevo a cabo, proponer al Congreso, la Primera Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional. En dicho ordenamiento, se aceptaba tácitamente, que el artículo 27 constitucional no tendría efectos retroactivos sobre las compañías extranjeras, pero también se establecía lo que Obregón ya había implementado, obligar a éstas a cambiar sus títulos de propiedad por títulos de concesión, ahora con una vigencia de hasta cincuenta años, inclusive hasta puso un límite temporal, para que las compañías extranjeras se sometieran a dicho cambio de ordenamiento jurídico, sopena que de no hacerlo, perderían sus privilegios. Aunado a que dichas compañías, debían renunciar a la protección de sus respectivos gobiernos.

Nuevamente el gobierno de los Estados Unidos no le agrado dicha legislación; y una vez publicada esta, se promovieron en cascada hasta sesenta juicios de amparo para dejar sin efectos dicha ley.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió nuevamente a favor de las compañías extranjeras, esta vez argumentó, que la ley petrolera de Calles, era una ley retroactiva y que dicho ordenamiento legal, atentaba contra los “derechos adquiridos” de las compañías extranjeras.

Fue así que los gobiernos de la revolución, de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías calles, no pudieron llevar a cabo, la nacionalización del petróleo. Si bien no reformaron la ley, la “institucionalidad” del nuevo Estado emergido de la revolución mexicana, le daba la razón a los “derechos adquiridos” de las compañías extranjeras. Así pues, mientras el país se suscitaba la rebelión cristera entre los católicos reaccionarios que peleaban contra el gobierno de la revolución de Calles, el gobierno de éste, hizo poco, por reivindicar el petróleo.  

El caudillo de la revolución, Álvaro Obregón, sería asesinado; Plutarco Elías Calles convocaría a formar un gobierno basada en instituciones y no en caudillos, fundando para ello el Partido Nacional Revolucionario (actualmente el PRI); al mismo tiempo, que las compañías petroleras extranjeras continuaban tranquilamente con la explotación del petróleo mexicano.