domingo, 9 de noviembre de 2014

¡CRIMEN DE ESTADO¡ ...¿QUE HACER?



Pronto estaremos ante la presencia del hecho más vergonzoso en la historia contemporánea de nuestro país. En una época en la que la clase tecnócrata gobernante celebra con júbilo la aprobación de las “reformas estructurales” y el ingreso de México a la modernidad global (neoliberal), queda evidente que ese Estado Mexicano, ni es tan moderno, ni tan neoliberal (al menos en lo político), como dice ser; ni mucho menos éste puede garantizar a la inversión extranjera que tanto invoca su llegada, las mínimas condiciones de seguridad que requieren para invertir en nuestro país. Menos aún, puede garantizar a sus gobernados, sus legítimos derechos a manifestarse, asociarse, protestar, ya ni siquiera, ni de vivir.

Y es que lo ocurrido en Iguala Guerrero, deja a la clase política mexicana, como una “Republica Bananera”, que no tiene el mínimo respeto, a los valores fundamentales universalmente aceptables, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad.

La historia de un crimen. 



La historia oficial cuenta que una cédula del cartel del fallecido Beltrán Leyva, formo un grupo delictivo llamado "Guerreros Unidos", el cual, manda en la región guerrerense, entre ellos, al quien fue Presidente Municipal de Iguala Guerrero. 

Resulta pues, que el 26 de septiembre, la esposa del Presidente Municipal rendiría su "informe de gobierno", el cual, al tener conocimiento que un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapan, habían secuestrado cuatro camiones, con el objeto de trasladarse y acudir a dicho evento, con la intención de "sabotearla"; fue que la susodicha, solicitó el apoyo del cartel de "Guerreros Unidos" y de los empleados de éste, quienes son los elementos de la Policía Municipal de Iguala, para impedir que llegaran los estudiantes normalistas armarle el “mitote”.  

De tal manera, que los "malandrines" de dicho cartel, apoyados con sus "empleados", los policías municipales, impidieron que los estudiantes normalistas llegaran al evento; estos no se dejaron, se enfrentaron, se hizo la trifulca, hubo balazos y hasta seis muertos; luego algunos estudiantes huyeron y fueron perseguidos; una vez que fueron alcanzados por los "poli-narcos", cuarenta y tres de ellos fueron "detenidos", para llevárselos a la Oficina de la Policía de Iguala. 

De ahí, miembros de otra corporación, los de la Policía Municipal de Cocula, se llevaron a los estudiantes "detenidos", en camiones de redilas, al basurero municipal de Colula, donde al parecer, durante el traslado de los estudiantes,  murieron o se desmayaron quince  de ellos asfixiados; después de que dicho camión llegara a su destino aventaron los quince estudiantes (muertos o desmayados) a una barranca, donde procedieron a ejecutar uno a uno los otros “sobrevivientes” que no se habían muerto o desmayado.

Los sicarios le preguntaron uno a uno de ellos, a que grupo pertenecían (refiriéndose si eran o no los del cartel enemigo), ellos respondían que “eran estudiantes”; de manera fría y despiadada uno a uno fue ejecutado.

Una vez muertos los 43 estudiantes, juntaron sus cadáveres y procedieron a quemarlos. Los sicarios, apodados “El Bimbo”, “El Primo”, “El Paja”,  “Guereque”, “Peluco”, “El duva”, “El Huasaco”, “El Terco”, “El Chereje”, juntaron diésel, gasolina, llantas, leñas, plástico y todo aquello que encontraron en el basurero. Una colosal torre de fuego, se debió de haber alzado en el cielo, con un aberrante olor a muerto, durante las más de doce horas que el fuego consumió a los cadáveres hasta reducirlos en cenizas.

Una vez convertidos en cenizas, piedras, huesos, aquella muchedumbre de “basura humana”, los sicarios procedieron a juntar los “restos”, en bolsas de plástico, para tirarlos al rio San Juan.     

Así las cosas, el Gobierno Federal asume el control de la investigación y con todo "su poder", emprendió la búsqueda de los estudiantes desaparecidos; habiendo movilizado a cientos de peritos, más de 1,200 policías y soldados, para llevar a cabo la infructuosa búsqueda, inclusive, llegó ofrecer recompensas de 60 millones de pesos, para que dijeran, donde estaban los estudiantes desaparecidos. Esperemos que las recompensas no hayan sido cobradas por los mismísimos sicarios.

Hoy la explicación que estaremos próximos a oír, se nos dirá ante los medios de comunicación "casi monopólicos", que también existió otra "confusión". Y es que lo que nos dirán, es que el cartel de los "rojos" se infiltró en los camiones en que se transportaban los estudiantes normalistas de Ayotzinapan, motivo por el cual, "el otro cartel de "Guerreros Unidos", en su guerra contra dicho cartel, procedió alcanzarlos y después a ejecutarlos. (los mataron pues, después averiguaron). 

De tal manera, que la tesis de la "confusión" (de estudiantes a narcotraficantes), se reforzará con la aparición de las "fosas", que corresponderá a los cadáveres de la banda de los "rojos", así como también, a la confesión que proporcionaran los autores materiales respecto a su lamentable "confusión". Por lo tanto, no habrá "crimen de Estado", ni siquiera "crimen de municipillo alguno"; la verdad legal y oficial, se construirá en base a la "teoría de la confusión" y al "ajuste de cuentas", entre dos bandas de criminales. Y es que los "sicarios" son tan brutos, que ni siquiera sabían, que eran estudiantes
. 

Asi pues,  los estudiantes “desaparecidos”, fueron vil mente ejecutados y después, escondidos, para que nadie, absolutamente nadie, ni los más de 1, 200 policías y agentes federales, que los buscaron, ni los cientos de miles de manifestantes tanto en la Ciudad de México, como los del todo el país;  ni los “memes” de las redes sociales, pudieran dar con ellos. Desaparecidos de la faz de la tierra y ejecutados al mas estilo sanguinario de los nazis.

Este es el profundo desprecio que la clase gobernante y los delincuentes tienen sobre la vida humana. Ninguna consideración hacia al semejante. ¡La vida no vale nada¡. Con profundo desprecio, maldad y crueldad, el “poderoso” en razón a su fuerza, a su status de poder y condición armada, puede no solamente someter, o sobajar una voluntad humana, sino que también puede exterminarla, como se le plazca. ¿en dónde quedan los sentimientos de piedad, de misericordia; tan viles y despreciables son esos “poderosos”, que no se doblegan ante las leyes divinas y religiosas del “no mataras”.  No se trata de un problema de educación, sino es un problema de actitud, de valores, de moral, ¿hasta dónde hemos llegado entre tanta corrupción y simulación?. Que no hemos aprendido como seres humanos, que el derecho a la vida, es un derecho fundamental. ¡Que quien le priva la vida un semejante, es como si acabara con la humanidad entera¡

¿Crimen de Estado?



Y es que el Estado de Derecho en nuestro país, realmente, es la de un Estado sin derecho alguno, y eso lamentablemente, no solamente es una vacilada, es simplemente, una pena. ¿Dónde queda nuestras instituciones?, ¿nuestros policías que deben protegernos?, ¿nuestros gobernantes que deben respetar nuestros derechos?, ¿en dónde quedan nuestros funcionarios que deben informarnos?. ¿Dónde queda las ansias de miles de voces inconformes, que no encuentran en la calle, otra manera de manifestarse y reprocharle al gobierno, que le ha traicionado su confianza.

Lo ocurrido en Iguala y la muerte de esos cuarenta y tres estudiantes, deben hacernos a todos los mexicanos reflexionar. Este país, ya no puede edificarse sobre tanta sangre humana. ¿Qué no nos duele?. Los estudiantes normalistas “desaparecidos”, pudieran ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos; no se trata pues de un hecho noticioso o “lamentable”, se trata de la vida de jóvenes, que con o sin motivo, nunca, pero nunca, debieron de haber recibido el trato cruel e inhumano que recibieron. Asesinos los sicarios de la delincuencia organizada, a los que oficialmente, las investigaciones de la Procuraduría General de la República arrojan como los responsables materiales. ¡Asesinos mil veces asesinos¡ los policías de Iguala y Colula, que ni la parafernalia  de portar un uniforme, una charola y la representación del Estado, velaron por la seguridad ya no de sus semejantes, sino la de sus ciudadanos, a quienes debe respetar sus más elementales derechos. ¡Asesinos, mil veces multi asesinos¡, a la clase política partidista, que poco les importa quienes pueden ser los gobernantes de sus pueblos.

“¡Crimen de Estado¡”. Eso grita la sociedad lastimada, enojada, consternada. El Procurador General de la República, ha dicho que el Municipio de Iguala, no es de ninguna forma, el Estado Méxicano. ¿Entonces de que estamos hablando?. ¿crimen de “microEstado”?, ¿de crimen de municipio de Estado?; ¡Crimen solamente de Municipio, sin Estado?.  

Lo ocurrido en Iguala, si es un crimen de Estado, por la sencilla razón, de que lo ocurrido ahí, habla del actuar de una entidad estatal, de un poder jurídico constitucional, que es el Ayuntamiento, el cual “no se gobierna sólo”;  que tratándose de la materia de seguridad pública, debe de coordinarse, con la policía del Estado de Guerrero y para sorpresa o no del Presidente de la República, también con la policía federal, del cual, él, resulta ser el jefe directo.  

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente en su artículo 21, que la seguridad pública, es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados  y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, …la actuación de las instituciones de seguridad pública – así sea el Municipio de Iguala o cualquier otro de la República Mexicana – debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Si los estudiantes normalistas incurrieron en faltas, en todo caso, la policía debió de haberlos detenido y abrirles las respectivas averiguaciones previas para determinarlas su responsabilidad penal, respetándole todos y cada uno de sus garantías procesales y derechos humanos, como debe de ser en cualquier Estado de Derecho; más no entregarlos a un cartel de delincuentes, para que procedieran ajusticiarlos.

Esa policía que no actuó en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, es la misma que se vio beneficiada de las aportaciones que la Federación otorgo al Estado de Guerrero y a los municipios de éste, por concepto de subsidios en materia de seguridad pública.

De ese dinero, el Ayuntamiento de Iguala presupuesto 68 millones de pesos, de los cuales, recibió de la Federación 12 millones más, manejando un total de 80 millones de pesos, ¿para qué?. ¡Para desaparecer a estudiantes¡. Para cuidar la honorabilidad e integridad de la “primera dama” del Municipio y no a sus ciudadanos, aun así estos fueren unos gritones activistas y hayan “secuestrado” unos autobuses de servicio público de transporte. Les guste o no inclusive a los recalcitrantes críticos de la protesta social, los estudiantes normalistas, ante todo, eran humanos y como seres humanos que eran, se encontraban dotados de una serie de derechos irrenunciables, como la vida, la libertad y la dignidad, que nadie, absolutamente nadie, ni mucho menos las autoridades municipales del Estado de Guerrero, les podía suprimir.

Llama la atención  el informe rendido en el año 2013 por el entonces Presidente Municipal José Luis Abarca; refiere éste que la Policía, “no solamente es la responsable del orden, la tranquilidad y la seguridad d las personas, así como de su libertad y patrimonio, sino trascedente, pues lo que ocurra en esta materia tendrá repercusión a nivel estatal y nacional”, y en efecto, no se equivocó. La responsabilidad policiaca de un Municipio, es responsabilidad del Estado; este, de ninguna forma, puede excluírsele de los ámbitos jurídicos de distribución de competencias. Pues lo ocurrido en Iguala, aunque no haya intervenido autoridades federales, si constituye desde luego, le guste o no al Procurador, en un crimen de Estado.

Pero hay quienes sostendrán, empezando por el Procurador General de la República, que lo ocurrido en Ayotzinapan, sólo constituye un hecho “muy lamentable”, pero de ninguna forma, “no es crimen de Estado”. 

Sostendrán  lo anterior, en virtud de que no existe ningún Estatuto internacional, ni disposición legal en nuestro derecho positivo mexicano, que defina tal figura. Hablaran inclusive de “moderar” el lenguaje y utilizar los términos jurídicos, de manera técnica, profesional y responsable. Argumentaran que los crímenes de Estado únicamente se dieron en la Alemania nazi y recientemente, en la Yugoslavia de Milosevic.  Dirán también que para que exista un “crimen de Estado”, los funcionarios responsables debieron de haber justificado su actuación con “Razones de Estado”, que debe existir una acusación formal de la comunidad internacional y los mismos deberán ser juzgados en todo caso por tribunales internacionales. Concluirán diciendo, que lo ocurrido en Iguala Guerrero, además de ser un hecho lamentable, demuestra como la delincuencia organizada “rebaso” al Estado.

Existe “crimen de Estado”, no solamente apelando la razón moral y psicológica, de que la frase por si sola, sacude conciencias, sino también, porque la razón del Estado, es brindar seguridad, paz, el bien común hacia los ciudadanos.  Cuando eso no ocurre, cuando el Estado permite que sea “otro” el que controle y ejerza la violencia, obviamente, estamos ante una actitud pasiva de ese mismo Estado, el cual debe proteger la seguridad, la vida, la libertad, los derechos, de sus gobernados. No es razón política, es mandato convencional, constitucional y legal, previsto en diferentes ordenamientos legales.

Es cierto Iguala, no es el Estado mexicano, pero si forma parte del Estado Mexicano. Nuestro sistema político es de índole federal, los municipios conforman las entidades federativas y estos a su vez, integran a la federación. Los recursos públicos, se administran y se ejercen por esos tres niveles de gobierno; tan sólo la seguridad pública, es un servicio en el que participan las tres entidades de gobierno, luego entonces, si los policías y los jefes de estos son servidores públicos, estos protestaron observar la Constitución Política, la cual establece a su vez, el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Inclusive, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los mismos.

Si la Policía Municipal de Iguala y Colula recibieron recursos públicos de la Federación, (SUBSEMUN), y aun en el supuesto de que no los hubiera recibido, eso no lo excluía de ninguna manera, a no acatar el mandato constitucional antes citado. Tampoco los eximía de observar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, en el deber fundamental de respetar la vida humana; tan sólo por citar alguno de estas obligaciones internacionales de derechos humanos, la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por citar sólo alguna de ellas.

Reducir el “lamentable incidente” a una cuestión de delincuencia organizada, es tratar de evadir la grave responsabilidad tanto política e internacional, que el Estado mexicano ha adquirido mundialmente. Es suponer falazmente, que los municipios no forman parte del Estado mexicano, que los policías y los jefes de éstos, no protestan la constitución; que ninguna autoridad de este país, federal, estatal o municipal, deba cumplir ni con la Constitución ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es también reducir al derecho internacional de derechos humanos, a comparaciones absurdas, de “genocidios chiquitos” y “genocidios grandotes”, de macro violaciones históricas, a “hechos pequeñitos”, o “lamentables” como quieran llamarles.

Y es por esa razón, de que no basta las declaraciones del Presidente y de su Procurador, respecto a que lamentan el hecho; tampoco basta la “licencia” de quien fuera el Gobernador del Estado de Guerrero, ni tampoco el que existan más de 70 detenidos en la investigación por tan vergonzosos hechos; es necesario, que el Estado proceda a indemnizar a las víctimas de todos y cada uno de los desaparecidos, así como de la sociedad civil que se sienta agraviada por ese hecho, empezando por la Escuela Normal de Ayotzinapan.

Y es por eso, que sostengo, que el Presidente Enrique Peña Nieto debe ponerse a pensar si presenta o no su renuncia anteel Congreso. Si es que quiere contar con la legitimidad que lo llevo a su cuestionado triunfo electoral; debe poner a consideración del Congreso de la Unión, su renuncia, para que sea finalmente el Poder Legislativo, quien decida o no, aceptar la dimisión del cargo. Debe hacerlo, aunque no haya sido responsable jurídicamente de lo que haya ocurrido en Iguala,  hacerlo simplemente por conciencia ética, por salud pública de los ciudadanos, por decoro y dignidad de preservar su buen nombre, ante la historia del país.

¿Y si renuncia el Presidente?. 



Es cierto, la renuncia del Presidente no solucionará el conflicto en que está metido está el país, ni mucho menos le devolverá la vida a esos 43 jóvenes ejecutados. Cierto, muy cierto, la renuncia del Presidente, tampoco le devolverá el país la calma, ni reducirá el número de ejecuciones, ni los índices de corrupción, ni de impunidad; vaya, ni siquiera echara atras de las decisiones de la Corte respecto a las consultas populares, ni revocará las reformas energéticas, ni mucho menos, como sostienen algunos ilusos y enfermos del poder, permitirán que otros lleguen a la presidencia.

¡Pero tampoco pasara nada¡. ¡No habrá crisis política ni económica si presenta su renuncia¡. ¡¡Total se nombra otro¡. Puede inclusive su figura salir fortalecida y nuestra clase política, puede dar por lo menos la apariencia de quererse ganar por lo menos la credibilidad, que han perdido y por la cual, muchos de los ciudadanos, no se sientan representados.

Si para el caso de que el Presidente no le hiciera caso a su conciencia; entonces, los ciudadanos debemos ser capaces, de manifestar su inconformidad, a través de cauces legales, que vayan más allá de una manifestación multitudinaria.

No será con mentadas de madre, ni metrobuses quemados, mucho menos incendiando la puerta del Palacio Nacional, ni con carteles ni memes emotivos, la manera en que los ciudadanos recuperemos a nuestro Estado; no será tampoco convocando a una revolución armada, ni incendiando las oficinas del Ayuntamiento de Iguala o las del PRD, ni con anarquistas asumiendo funciones de niños caprichosos y berrinchudos, dignos únicamente de distraer el debate público en cosas superfluas. Lo será,  a través de acciones legales tendientes a imponer responsabilidades e indemnizaciones, a las víctimas y a la sociedad entera, profundamente lastimada.

Existe una responsabilidad penal de quienes los técnicos en derecho, se rasgaran las vestiduras para definir, si es o no un crimen de lesa humanidad. Los abogados penalistas sostendrán el debate que no fue la autoridad, sino la delincuencia organizada y que por ende, no existió jamás “crimen de Estado”, ni “crimen de lesa humanidad”, sino únicamente un conjunto de homicidios que se suman a la estadística oficial de la “nota roja” siempre sensacionalista. Al final, serán procesados decenas de funcionarios públicos y sicarios responsables, quizás muchos de ellos, más culpables de su propia ignorancia y de su poca calidad humana, con el riesgo de que algunos sean inocentes y utilizados como meros “chivos expiatorios”; después de todo, el final de esta historia quedará con la sospecha colectiva, de que los verdaderos responsables quedarán impunes.

La memoria histórica no debe quedar en el olvido, tampoco la responsabilidad del Estado. Si el Presidente de la República, el cual manifiesto mi simpatía hacia él, no presenta su renuncia, entonces, debe emprender una serie de acciones que demuestren la verdadera voluntad del Estado de impedir que este hecho vuelva a repetirse. De lo contrario, se me viene a la mente Luis Echeverría y “Los Halcones”,  se me viene a la mente y la preocupación, de que este Estado sin acciones serias, cada vez pierda credibilidad y esperanza.

Lo que el Estado Mexicano debe de hacer



Por todo ello y atendiendo a la “experiencia” del Estado Mexicano, tomando como base la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Justicia, el día 23 de noviembre del 2009, en el caso Rosendo Radilla, el Estado debe:

1.     Determinar la verdad histórica y legal, respecto a los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero.   Esto implica continuar con la búsqueda de todos y cada uno de los estudiantes sobrevivientes y en su caso, en caso de presunción de muerte, deberá practicar las exhumaciones o recolección de restos, para que una vez, previamente identificados, los mismos puedan ser entregados a sus familiares, para efectos de que estos procedan en el ámbito privado, a realizar las ceremonias religiosas que les otorgue la comprensión y la solidaridad, que el Estado, no pudo darles. 

2. Realizar la investigación adecuada y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los responsables de tan lamentables hechos. A fin, de  que este crimen no quede más en la impunidad.

3.     Reconocer a través del Presidente Constitucional, en compañía del Gobernador del Estado de Guerrero, del Presidente Municipal, así como de los funcionarios encargados de la seguridad pública, que los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, constituyen un crimen de Estado y por ende, deben de aceptar su responsabilidad internacional y externar, una disculpa, no solamente a los familiares de las víctimas, sino también a la sociedad mexicana, profundamente consternada e indignada.

4.     Restablecer la memoria, en lo sucesivo, no solamente de los 43 estudiantes desaparecidos, sino también, de cada uno de los desaparecidos de este país, sean de nacionalidad mexicana o de otra, que hayan transitado al país y desaparecido en el mismo.  Restablecer su memoria, como se ha hecho, con los estudiantes asesinados del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, o bien, los 49 niños de la guardería ABC.   

5.     Proporcionar la atención psicológica a los familiares de cada uno de los 43 estudiantes, así como de los otros 6 que fallecieron el día de los hechos.

6.     Cuantificar la inversión que el Estado hacía por cada uno de los estudiantes fallecidos y desaparecidos, por concepto de daño material y lucro cesante, a fin de establecer una cantidad determinada y con ello proceder a la indemnización.

Para determinar el monto de la misma, resulta necesario presupuestar el gasto público que el Estado eroga para el sostenimiento de una Escuela Normal Rural, a fin de individualizar la cantidad por cada uno de los estudiantes desaparecidos y fallecidos y con ello, estimar, el importe de la inversión que se cubrió (en vida o en presencia del estudiante), así como de aquella cantidad que no alcanzó a cubrirse, (por desaparición o muerte).

Adicionalmente, deberá estimarse el lucro cesante, de los salarios y demás prestaciones que dejaron de percibir los estudiantes fallecidos y desaparecidos, de quienes pudieron haber sido egresados de dicha Escuela Normal Superior, estimando su vida productiva, al promedio de vida productiva de un profesor.

7.     Cubrir los gastos incurridos que han erogado cada uno de los familiares de los estudiantes fallecidos y desaparecidos, por sus viajes a la Ciudad de México y a las instancias internacionales, donde deseen acudir.

¿Y si demandamos al Estado?.



Lo más relevante de las acciones legales que deben promoverse en contra del Estado Mexicano, no es descabellado, iniciar una oleada de amparos colectivos, para que todo mexicano, pueda estar amparado de sus derechos humanos en contra de todas y cada una de las autoridades federales, estatales y municipales de este país.  El fundamento constitucional se encuentra en la propia Constitución, en lo que dispone el artículo 21 de la misma. “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”; derechos que son progresivos y que se encuentran reconocidos tanto en nuestra ley fundamental como en las Convenciones Internacionales; pudiendo inclusive hacer valer lo dispuesto en el numeral 107 fracción I de la misma en el sentido de promover amparos colectivos.

Ya me imagino la escena, millones y millones de mexicanos, saturando los juzgados de distrito, pidiendo el amparo en contra de las policías de este país. Nada mejor forma de enaltecer y recuperar el Estado Democrático de Derecho, que ejerciendo los derechos que consagra éste.  Así la burocracia del poder judicial, desde el más humilde empleado de oficialía de partes, hasta los ostentosos ministros siempre tan criticados, pueden sensibilizarse de una acción judicial colectiva de una magnitud trascendental, lo que obligaría desde luego también, a “empoderar” realmente, nuestro Poder Judicial, con razones de frenar el poder presidencial y de ponerse siempre del lado, no de la legalidad, sino de la justicia; no de las razones técnicas “leguleyas”, sino de la sensibilidad de su pueblo.

Pero si esa  acción colectiva no bastara, si esos millones de amparos otorgados resultaran insuficientes para “sacudir” la conciencia nacional, entonces habría que demandar también la responsabilidad patrimonial del Estado. Pues finalmente éste tiene la obligación de indemnizar al ciudadano por los daños ocasionados por su actividades irregulares. Así pues, existe sin duda alguna, el daño patrimonial, para los ciudadanos usuarios de los servicios de seguridad pública en el Estado de Guerrero, quienes padecen todos ellos, el deficiente servicio que prestan sus Municipios.  No olvidar que si  la Federación entrego en el año 2014, la cantidad de 12 millones de pesos al Municipio de Iguala, por concepto de aportaciones al Fondo de Seguridad, mínima esa cantidad, es la que debería pagársele de indemnización a las familiares, víctimas de la agresión.  Tampoco debe pasar por alto, lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el deber del Estado de indemnizar a los particular, por la actividad administrativa irregular que le haya causado afectaciones a los bienes y derechos de sus ciudadanos.

 Pero si todo esto fuera insuficiente, si la responsabilidad penal y patrimonial de tan aberrantes crímenes no fuera suficiente, que esperamos los ciudadanos para sumarnos a la protesta colectiva, de demandar la indemnización por daño moral en contra del Estado.

El daño moral es la afectación que sufren las personas en sus sentimientos, afectos, creencias; cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Así lo establece el artículo 1916 del Código Civil Federal y la propia Constitución Política en su artículo 17, que prevé la posibilidad de promover acciones colectivas, las cuales se  encuentran reguladas en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.  

Demandemos a nuestro gobierno, por el daño moral que nos ha ocasionado; por la sensación de incomodad, de indignación, de frustración, enojo, lastima, de inseguridad, inclusive hasta de miedo, que nos ha causado su ineficiencia, su falta de gobernabilidad y credibilidad; lo ocurrido en Iguala puede ocurrir en cualquier parte del país y puede ocurrirle a nuestros hijos, hermanos, vecinos, a nuestro prójimo mexicano, que sin distinción de credo, sexo, ideología, religión, es tan igual y tan humano como somos nosotros.

Demandémoslo, porque una puerta del palacio nacional o inclusive el costo de un metrobús incendiado, es mínimo, ante los cientos de miles de millones de pesos que pueden hacerse exigibles, a través de una acción legal que haga sensibilizarse a un gobierno, que no oye el clamor de las calles abarrotadas de manifestaciones multitudinarias; de un gobierno, que también sacuda su conciencia y se haga sentir en el “bolsillo”, el cúmulo de demandas y reclamaciones cuantificables en cientos de miles de millones de pesos, de una sociedad molesta, inconforme, cansada de tanta ineptitud.

Una plaza de la Constitución saturada de voces inconformes, no duele tanto, cuando el Secretario de Hacienda de informe a su jefe el Presidente, el importe de la cantidad exigida. Cuando el Ministro Presidente de la Corte, sepa de la cantidad de promociones ingresadas, que ni las guardias de empleados, ni los secretarios de acuerdos de dichos juzgados, puedan dar cuenta de ello.

No hablemos de derrocar al gobierno por estos hechos, mejor hagámoslo trabajar. Hagámoslo recordar cuál es su función dentro de la sociedad a la que gobierna.

Mientras tanto me retiro triste y enojado, pensando la forma en que deberíamos como ciudadanos, manifestarnos y organizarnos por este hecho vergonzoso. De lo que me encuentro totalmente convencido, al terminar estas líneas, es que este blog, es notoriamente insuficiente.  



No sé que decir … 

Creo que debemos de actuar ...