sábado, 1 de octubre de 2011

LOS JUICIOS DEL 68



La historia nunca termina por escribirse. Exige la misma ser relatada, de manera objetiva, imparcial, sin los temperamentos pasionales de la que somos objetos los seres humanos. Es así que lo o ocurrido en la Ciudad de México durante el verano de 1968, debe ser analizado con la frialdad que los historiadores deben ofrecernos.
He aquí en estas breves líneas, la historia judicial de los hechos ocurridos en 1968.


Existen para ello dos versiones históricas de los hechos ocurridos en aquellos días. La primera de ellas la denominaremos la versión oficial que dio origen a la causa penal 272/68 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y la segunda, la que fue aperturada con motivo de la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de la República el 2 de octubre de 1998, misma que diera origen a una serie de controversias legales, en diversos juicios de amparo; sin omitir desde luego  la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como también la Averiguación Previa 002/2002 que fuera integrada por la Fiscalía Especial para la Investigación de los Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos cometidos directa o indirectamente por Servidores Públicos contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales o Políticos del Pasado, (FEMOSPP), que terminaría también con el frustrado ejercicio de la acción penal dictada en contra del Ex Presidente de la República Licenciado Luis Echeverría Álvarez.

a)    Los Juicios de la “Verdad oficial”.

En 1968 fue el año de la conjura internacional contra México, así lo manifestó el Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Gustavo Díaz Ordaz en su IV Informe de Gobierno ante la H. Congreso de la Unión.  Se trato de un plan orquestado desde la Habana Cuba y Praga, que tuvieron como objetivo desestabilizar al país, con motivo de la celebración de los décimo novenos juegos olímpicos a celebrarse en la Ciudad de México, del día 12 al 28 de octubre de ese mismo año.

El “Plan subversivo de Proyección Internacional” fue elaborado en el extranjero, en él, participaron diversas cedulas del Partido Comunista Mexicano. Esa al menos fue la explicación oficial. El entonces Presidente de la Republica Lic. Gustavo Díaz Ordaz al “rendir cuentas”  ante el Congreso de la Unión en su IV Informe de Gobierno, expuso sobre los desordenes juveniles provocados desde el extranjero, en países como Uruguay y Francia, con el fin de desestabilizados, particularmente el último, con la llamada “Revolución de Mayo”. Sin embargo, México no fue un “islote intocado”, la celebración internacional de los juegos olímpicos, fue objeto para atentar contra la soberanía nacional y restarle lucimiento.

La conjura internacional, concluyó las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público Federal, fueron planeadas en la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, celebrada en la Habana Cuba, el 10 de agosto de 1967. Desde ahí se planeó llevar a cabo la revolución armada en las naciones de América Latina. La Revolución Cubana como la guerra de Vietnam, serían el motor inspirador de la desestabilización política que harían sobre el país previo a la celebración de los juegos olímpicos. Posteriormente, el Comité Central de la Liga Comunista Espartaco, El Congreso Ordinario y el Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos, planearon con anticipación los actos tendientes a lograr los disturbios estudiantiles; a esto siguieron los mítines, asambleas, manifestaciones, tumultos, actos públicos y privados que lograron trastornar el orden jurídico establecido y causar daños a los centros educativos, edificios públicos y privados, destruir aparatos telefónicos, postes conductores de energía eléctrica, daños a vehículos de transporte publico urbano y foráneo, utilización indebida de maquinas de escribir, mimeógrafos, tinta, papelería; utilización de camiones de transporte público como barricadas, creación de bombas molotov y gran cantidad de armas de fuego para atacar los agentes de la autoridad, causándoles lesiones y homicidio, para llevar a cabo la rebelión que tuviera como objeto la separación de sus cargos a los altos funcionarios de la Federación y sustituirlos por otros que constituirían un gobierno de tipo comunista, que traería como consecuencia la abolición o reforma de la Constitución y de las instituciones que de ella emanaban.

Los delitos que incurrieron los subversivos fueron daño en propiedad ajena, ataque a las vías generales de comunicación, sedición, asociación delictuosa, invitación a la rebelión, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones a los agentes de autoridad; cada uno de estos delitos debidamente acreditados con las inspecciones ministeriales efectuados por Agentes del Ministerio Público Federal, los partes informativos de los Agentes de la Policía Judicial, así como diversos documentos y dictámenes periciales. En el delito de acopio de armas, se dio fe de arsenales de veinte pistolas de diferente calibres, tres rifles, una escopeta, dos cinturones de carrillera; 79 bombas molotov encontradas en las instalaciones de la Vocacional 7, junto con 300 botellas vacías, estopas y gasolina; 23 bombas molotov en los almacenes del Casco de Santo Tomás, otras 26 en la Facultad de Derecho, 30 en la Facultad de Medicina; cartuchos de dinamita colocados en la Torre 23 propiedad de la Compañía Luz y Fuerza del Centro SA en Santa María Chiconautla. Así como diversas probanzas que acreditaban el homicidio cometido contra dos miembros del Ejército Nacional. Acreditando la probable responsabilidad penal de sesenta y cinco personas, muchos de ellos estudiantes y profesores.

El Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Penal, conoció de los ilícitos señalados en el expediente judicial 272/68 e impuso a los responsables sanciones de 5 a 17 años de prisión. Pero nunca se volvió a tocar más el tema. Ninguno de los politólogos e ideólogos del sistema político mexicano (priísta), el más conocido de ellos, Jesús Reyes Heroles, se dedico armar una explicación oficial de los hechos ocurridos.

En ese tenor, el 2 de octubre de 1968 sólo fue una balacera donde murieron civiles y militares, en una cantidad que no superaban a las tres decenas de personas, ochenta heridos y si acaso, unos mil detenidos; hecho lamentable pero no relevante para la historia del país.

FOTOGRAFIA DE LA BALACERA DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968
PLAZA DE LAS TRES CULTURAS EN TLATELOLCO, D.F.


b)    Los Juicios de la “Verdad histórica”.

¡Transcurrieron 30 años y el “2 de octubre” no se olvidó¡

El 1 de octubre de 1998 se recibió en la Agencia Investigadora del Ministerio Público N° 75 de la Delegación Regional de Asuntos Especiales y Relevantes del Procedimiento Penal de la Procuraduría General de la República, la denuncia de hechos presentada por el C. Gilberto Ramón Guevara Niebla, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968, en el que relata los hechos ocurridos a partir de las 18:00 horas del día 2 de octubre de 1968 durante el mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.  Aperturándose con ello la averiguación previa 50/01006/98 10.

Posteriormente el día 2 de octubre de 1998 con motivo del 30 ° aniversario, El Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C, presentó denuncia de hechos constitutivos de los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad cometidos en contra del movimiento estudiantil y popular de 1968 perpetrado por los funcionarios del gobierno federal, entre otros, por el ex Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, el ex Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez y otros más.

A las denuncias presentadas, el día 10 de noviembre de 1998, el Director General del Ministerio Publico Especializado suscribió el oficio “A” DGMPE”A”/1701/98 informando que ya había “operado la prescripción de la acción penal”; dicho acto motivo a la interposición del juicio de amparo 898/98-III que resolvió amparar a los quejosos en contra de la emisión del citado oficio, por haber sido violatorios las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16, 21 y 102 de la Constitución Política. 

La PGR inconforme por el amparo otorgado a los denunciantes, promovió recurso de revisión, mismo que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, el cual a su vez, en sentencia dictada el 26 de mayo de 1999 se declaró incompetente, remitiendo los autos del expediente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nuestro Máximo Tribunal, tardo cuatro años para hacer pronunciamiento sobre los hechos denunciados. Fue hasta el año 2002 cuando determinó que el oficio reclamado, no se encontraba fundado y motivado y que la autoridad responsable, tenía la obligación de iniciar la averiguación previa correspondiente y no haberle dado el trámite a la denuncia, como si hubiera sido un simple escrito.

A partir de este momento, treinta y cuatro años después de los hechos ocurridos en 1968, el juicio (histórico) comenzó, a fin de investigar la verdad legal, sobre los hechos acaecidos en ese año. Una decisión demasiado  tardía pero trascendental en la historia política y jurídica del país. 

El contexto mundial

Cabe señalar que el mundo globalizado exigía también  justicia globalizada. En 1998 el Juez español Baltasar Garzón dio muestra de ello cuando  giró la orden de captura en contra del entonces Senador Vitalicio Augusto Pinochet, ex presidente de Chile, acusado de genocidio y también de violación de derechos humanos por el golpe de Estado promovido por éste en dicha república el día  11 de septiembre de 1973. Lo mismo ocurrió en Argentina, donde se dieron movimientos sociales que proclamaban juicios a los funcionarios gubernamentales de las dictaduras militares que gobernaron dicha nación; los hechos ocurridos también en la guerra civil de Yugoslavia y Ruanda en 1992 y 1995 respectivamente, dieron origen a la creación de la Corte Penal internacional y  del  Estatuto de Roma.  Como nunca antes la sociedad civil exigió justicia por los crímenes genocidas realizados o perpetrados por los Estados autoritarios y totalitarios que ejercieron su monopolio violento sin freno ni límite alguno, en una época en que los gobiernos de las naciones no tenían que rendir cuentas a nadie, más que a su propia conciencia histórica; el marco jurídico internacional estaba dado, la humanidad como nunca antes, hacía una revisión histórica respecto a los gobiernos autoritarios violadores de derechos humanos y México no podía ser ajeno a dichos cambios, nuestros tribunales tendría la oportunidad de conocer y resolver, sobre los hechos ocurridos en el país.  La Suprema Corte daba pie a que esa revisión jurídica histórica ocurriera.

LIC. VICENTE FOX QUESADA. PRESIDENTE DE MEXICO
2000-2006

En México los cambios eran promisorios y veraces. Después de 71 años de gobierno priista, un partido político distinto al oficial ascendía al poder el partido opositor al régimen; hecho inaudito en la historia contemporánea del país y también de la historia mundial; el PRI,  Partido Revolucionario Institucional era después del Partido Comunista de la Unión Soviética, la corporación política que mas años había detentado el poder y Vicente Fox Quesada había cumplido su principal promesa de campaña, al haber “sacado de los Pinos” al PRI, venciéndolo en las elecciones presidenciales del año 2000  y con ello, dejando abierta la posibilidad, de hacer una revisión histórica de todo lo ocurrido. Las acusaciones que más imperaba al “viejo régimen” era sin duda alguna, la corrupción con la que había gobernado y la segunda de ellas, los hechos ocurridos en 1968. Aunque claro no eran las únicas faltas graves, pero si los más relevantes.

La historia era promisoria. Los vientos del cambio en la justicia y en la historia mexicana estaban por llegar.

 Los antecedentes sociales y culturales previo a la judicialización del 2 de octubre

“68” pareciera que fue un mito. Una leyenda urbana. Una anécdota que se transmitía de manera oral, de boca en boca, mucho se hablaba, se decía, se sospechaba, pero no había nada cierto, más que las miles de historias que se contaban de aquellas personas que lo vivieron y quienes así lo leyeron.  Ahí estaban algunos libros que daban cuenta sobre el movimiento estudiantil de 1968. Algunos intelectuales abordaron lo ocurrido en aquel año, Octavio Paz en su obra Vuelta al Laberinto de la Soledad; en la poesía, Rosario Castellanos y Jaime Sabines, hicieron remembranza con la fatal fecha.  Elena Poniatwoska en su obra “La Noche de Tlatelolco”, Juan Miguel de Mora en “T-68”, Julio Sherer García en algunos de sus artículos periodísticos publicados en el semanario Proceso, fueron sin duda alguna, ejemplos de periodismo político que relataba sobre los hechos acontecidos en aquel año y en ese día.

Hubo también documentales que hicieron remembranza al movimiento estudiantil, el más conocido de ellos, “El Grito”;  la ficción cinematográfica también  hizo lo suyo, en 1989 Valentín Trujillo produjo una de las películas que aborda de manera directa, lo acontecido aquel 2 de octubre de 1968, en su filme “Rojo Amanecer”, narra la historia de una familia que habita en un departamento de la Unidad Habitacional en Tlatelolco, quien es víctima también de la represión. Todos estas aportaciones artísticas culturales, daban la versión que todos rumoraban, la de un gobierno represor que martirizó a sus jóvenes estudiantes.  

CARTEL DE LA PELICULA ROJO AMANECER
ESTRENADA AL PUBLICO EN 1990
Ya para el año de 1993 con motivo del 25 Aniversario de la Conformación del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, un grupo de 24 ciudadanos, muchos de ellos, intelectuales ampliamente reconocidos, conforman la “Comisión de Verdad”. Su objetivo fue investigar los principales sucesos de 1968 y dilucidar sobre las posibles responsabilidades de sus protagonistas. La Comisión llevó a cabo una de las manifestaciones multitudinarias más importantes de la Ciudad de México el día 2 de octubre de 1993, en esa marcha, se llevó a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para inaugurar el monumento que conmemorara a 27 personas caídas en ese día.  

En ese mismo año, el Comité del 68 exigió la apertura de los archivos del gobierno, para conocer sobre lo ocurrido en ese año. El Secretario de Gobernación dijo en los medios, que los archivos se abrirían hasta dentro de 30 años, aunque no dio la fundamentación y motivación legal de su dicho. Por otra parte y por vez primera, un Secretario de la Defensa Nacional hizo declaraciones, aunque fuera ambiguas e imprecisas sobre la participación del ejercito en aquel año;  para sorpresas de muchos, Jacobo Zabludovsky titular del noticiero de televisión 24 Horas dio a conocer por vez primera, el primer video de lo ocurrido en la tarde del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco; en dicho video, el Secretario de la Defensa Nacional manifiesta, que del mismo, no se desprende que el ejercito haya atacado en algún momento a la población civil, las escenas de aquel video, muestran a los soldados tirados pecho al suelo, apuntando sus metralletas hacía arriba.

La verdad se tenía que saber, era una exigencia histórica y moral. En 1997 el PRI pierde por vez primera la mayoría en la Cámara de Diputados, por vez primera el “Bloque Opositor” integrado principalmente por diputados del PAN y del PRD conforman la Comisión Especial del 68; asimismo dicha comisión pudo acceder a mas de 70 mil documentos que le hizo entrega la Secretaría de Gobernación al Archivo General de la Nación;  sin embargo dicha comisión no llegó absolutamente a ninguna conclusión.

En el año 2000 Vicente Fox  Quesada derrota en las urnas al candidato priista Francisco Labastida Ochoa. Por vez primera en el país, surge la esperanza del cambio democrático, se hablo entonces de la “transición” y de la valiosa oportunidad histórica de juzgar los crímenes de corrupción y abuso de poder que cometieron los gobiernos priístas.

Para el día 27 de noviembre del 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas, en el que refiere sobre la desaparición de 532 personas, 73 presuntos perpetradores de delitos de desaparición forzada (aunque no proporciono sus nombres para no violar sus derechos) así como también, señaló cerca de 40 dependencias gubernamentales involucradas en dichos crímenes. El mismo el Ombudsman nacional emitió la Recomendación 26/2001 en el que solicita al Presidente de la República, la creación de una Fiscalía Especial que investigara los hechos ocurridos en 1968 y otros ilícitos más. Sugiere también la transferencia y apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad; así también solicita al gobierno democrático de la Ciudad de México, representado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, hiciera lo mismo con los documentos que pudiera conservar de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.

El grupo político Priista ya no gobernaba el país ni la Ciudad de México. Las condiciones históricas estaban dadas para llegar a la verdad histórica de los hechos.

En ese mismo día, el Presidente de la República Vicente Fox, publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 4 de enero del 2002 se designo como Fiscal Especial al Dr. Ignacio Carrillo Prieto para dicho fin.  Días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiría la sentencia de amparo en revisión 968/99 confirmando el fallo protector  otorgado al Comité pro Libertades  Democráticas A.C. Acto seguido la recién Fiscalía inició la indagatoria penal 002/2002 por el delito de genocidio por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

El 9 de abril del 2002 se ratificó la denuncia de hechos por los hechos ocurridos aquel 2 de octubre de 1968. Los denunciantes solicitaron fueran llamados a declarar los funcionarios públicos aun sobrevivientes de aquella administración, siendo estos el Lic. Luis Echeverría Alvarez, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Alonso Aguirre Ramos, Gral. Gonzalo Castillo Ferrara, Gral. Luis Gutiérrez Oropeza, Lic. Julio Sánchez Vargas, entre otros más; inclusive solicitó también fueran citados los familiares de los difuntos, entre estos, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Gral. Marcelino García Barragán, Cap. Fernando Gutiérrez Barrios, Gral. José Hernández Toledo, entre otros.  Los denunciantes ampliaron posteriormente su denuncia de hechos a otros eventos como lo ocurrido el 10 de junio de 1971.

EL EXPRESIDENTE LUIS ESCHEVERRIA ALVAREZ
1970-1976

Luis Echeverría Álvarez fue citado a declarar, al igual que ex jefe del Departamento del Distrito Federal Alfonso Martínez Domínguez y el Gral. Luis Gutiérrez Oropeza quien fuera Jefe del Estado Mayor Presidencial.  Los tres servidores públicos se negaron a declarar, acogiéndose a la garantía prevista en el artículo 20 constitucional.

La Fiscalía posteriormente citó al licenciado Mario Moya Palencia en calidad de testigo de los hechos, pero este, se negó a declarar, aduciendo la protección del artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé semejante derecho, para no declarar en razón a lazos familiares consanguíneos, amor, respeto, cariño, estrecha amistad, con la persona que es investigada o es acusada.

La defensa del ex Presidente Luis Echeverría sería encabezada por el abogado Juan Velázquez, quien había sido años antes abogado de Arturo “el Negro” Durazo y de Raúl Salinas de Gortari, hermano de otro ex presidente acusado de homicidio y corrupción; Juan Velásquez, salía de nueva cuenta en los medios de comunicación para dar a conocer su apreciación jurídica, respecto a la falta de elementos para acusar a su cliente; finalmente en los tiempos en que el gobierno federal de Vicente Fox y el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador se enfrascaban en la discusión estéril sobre los predios de paraje San Juan y El Encino, así como del desacato de una orden judicial, aquel día 22 de julio del 2004 paso por inadvertida, el ejercicio de la acción penal que se dictara en contra de un ex presidente de la República por los hechos ocurridos el día 10 de junio de 1971.

Posteriormente el 19 de septiembre del 2005 se hizo por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. La prensa nacional no le tomo la importancia debida, en aquellos días, las encuestas daban amplia ventaja a López Obrador como el futuro ganador de las elecciones presidenciales. Ni quien le daba importancia al proceso judicial instaurado en contra de Echeverría; los tiempos eran otros, ya no había PRI, más que la lucha democrática por el poder.

La averiguación previa 002/2002 se radicó en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Procesos Penales en el Distrito Federal a cargo del Juez Ranulfo Castillo, aperturándose la causa penal 78/2005.  El Fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra del acusado Luis Echeverría, por el delito de genocidio, sin embargo, la Fiscalía tuvo su primer revés, pues el Juez negó dicha orden.

La Fiscalía interpondría el recurso judicial correspondiente ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito , asignándole el número de Toca 461/2005.  Después promovería ante la Suprema Corte de Justicia de la nación para que atrajera el caso, sin embargo habiéndose aperturado el expediente correspondiente 2/2005-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró que si bien el asunto era de una “importancia histórica y social”, también lo era, que “carecía de interés y trascendencia jurídica”. ¡Segundo revés¡.

Un Ministro de la Corte de nombre José Ramón Cossio Díaz, realizo declaraciones ante los medios de comunicación, en el que sugirió a la fiscalía que replanteara su alegato de genocidio, el Comité 68 promueve queja ante la Suprema Corte por la resolución anticipada expresada por el ministerio, pero dicha impugnación (1775/2005-PL) fue desechada, ante dicha determinació0n, se promovió recurso de reclamación, y la Corte declaró el recurso como infundado, ordenando su archivo como asunto concluido. ¡Tercer revés¡.

El expediente regresa al Tribunal Unitario, donde el Magistrado Juan Ranulfo Castillo, determina aquel 30 de junio del 2006, revocar la sentencia emitido por el Juez de Distrito, solicitándole a éste, girar la orden de aprehensión en contra del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez y seis coacusados. ¡Resolución histórica¡. El 3 de julio del 2006, un día después de las elecciones en las cuales aun no se conocía oficialmente si el ganador de la contienda había sido Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón Hinojosa, en ese mismo día se giró la orden de aprehensión en contra el ex Presidente Echeverría. Pero nadie se entero del hecho.

La prensa no dio nota de esta noticia, totalmente distraída por los cómputos emitidos por el Instituto Federal Electoral entre los candidatos presidenciales, así como de la sospecha del fraude electoral que anunciaba Andrés Manuel López Obrador, nadie se percató de la cumplimentación de la orden de aprehensión en contra del ex Presidente, ni siquiera existió evidencia documental o fotográfica de dicho acto, la justicia en los tiempos del gobierno democrático y de la transición era igual de discreta e inadvertida, como lo había sido 38 años atrás.


 
El 9 de julio del 2006 la prensa dio nota respecto al mitin convocado por Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo, convocando la defensa del voto, así como del matrimonio celebrado entre el Jefe de Gobierno electo Marcelo Ebrard Causabon con la actriz Mariagna Pratts, sin embargo, nada o poco dijeron respecto al auto de Libertad que dictó el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal al ex presidente Echeverría. … ¡Cuarto revés¡. Y el pueblo inconformándose por el fraude electoral, olvidándose de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968.

La Fiscalía ordenó el retiro de los elementos de la Agencia Federal de investigación que custodiaban la casa del ex mandatario, quien se encontraba en prisión domiciliaria. Después, en tiempos de efervescencia electoral, la Fiscalía impugno el fallo favorable a Echeverría, quien finalmente el Magistrado Ricardo Pérez Calderón, ordenó revocar el auto de libertad, reafirmando la comisión del delito de genocidio y ordenando nuevamente al Juez Décimo Quinto, girar la orden de aprehensión, en virtud de que el ex presidente, “fraguo, propuso y tuvo dominio de ejecución de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, sin que para ello actuara en cumplimiento de un deber o la salvaguarda del Estado por alguna conjura nacional o internacional”.

Pero la noticia tampoco volvió a tener eco, la prensa nacional e internacional tenía sus ojos puestos respecto a la toma de posesión del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, daban nota de cómo la tribuna de la  Cámara de Diputados estaba siendo ocupada por diputados de los partidos políticos contendientes. Nadie absolutamente nadie se percató de que contra el ex presidente Echeverría giraba la orden de elaborarle su ficha sinalégtica, la toma de su fotografía y huellas dactilares, así como el estudio de personalidad correspondiente. Cuantos de los que vivieron la generación de 1968, les hubiera encantado ver al oscuro Secretario de Gobernación fotografiado como reo, de frente y perfil, con su respectivo numero que lo identificara como delincuente. Pero eso no paso nunca y Felipe Calderón, entre rechiflas y mentadas de madre, tomaba protesta como Presidente Constitucional.

La defensa alego que el ex Presidente Echeverría se encontraba en mal estado de salud, que debía tener reposo y suministro constante de medicamentos. El Juez desconfiado del argumento vertido por la defensa, solicita al Instituto Nacional de cardiología asignara perito médico, quien después de tres exámenes dictaminó que el expresidente padecía de lesiones cerebrales difusas derivadas de la arterosclerosis generalizada de tipo crónico, progresivo e irreversible.

La defensa de Luis Echeverría parecía perder ante el proceso penal que se le estaba instruyendo, pero no estaba del todo perdido, promovería un juicio de amparo para demostrar que la acción penal seguida en su contra por el delito de genocidio se encontraba prescrita.

El amparo siempre tan benevolente con quien es víctima de la arbitrariedad del poder, le toco esta vez, amparar a Luis Echeverría contra los actos violatorios a sus garantías individuales que le eran cometidos tanto por la Fiscalía como por el Juez que lo sujetó a prisión preventiva, aunque éste fuera en su propio domicilio. El Magistrado Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal unitario en Materia Penal, en el expediente 09/2007, después de haber leído los 42 tomos que constaban de 58,725 fojas, no constató que en la mima, se advirtiera responsabilidad penal en contra del ex Presidente. En razón a ello declaró que si bien, existió genocidio no podía atribuírsele al inculpado el carácter de genocida. Pero también su determinación fue contundente, al afirmar sobre la prescripción de la acción penal.

Contra el amparo recaído, tanto el abogado del licenciado Echeverría como el Comité 68 impugnaron dicha determinación; el primero, porque considero que no existía ni siquiera acreditado el cuerpo del delito del 68; los otros, por una razón de justicia y moralidad. Entonces se le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera sus facultades de atracción sobre el asunto, pero el supremo órgano colegiado, se negó a conocer del asunto de gran trascendencia histórica, finalmente, el juicio se resolvió en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con el numero de expediente 132/2007. La justicia finalmente fue para el ex Presidente de la Republica que hasta el día de la fecha, sigue habitando su casona de San Jerónimo, esperando a que un día de estos, vaya la muerte a recogerlo.

La Fiscalía Especial desapareció mediante decreto emitido por el Procurador General de la Republica el día 30 de noviembre del 2006. No era tan importante su existencia. El Ex Presidente de la Republica goza de la libertad jurídica, aun pese a la duda histórica que existe sobre su condición de genocida y de su silencio a rendir por lo menos, su declaración ante la historia.

¡Ya nadie recuerda el 68¡. La juventud rebelde que motivo a generaciones de estudiantes, que se identificaban con esa etapa de la historia, terminó desilusionada al ver a sus líderes convertirse en vejestorios, nostálgicos, muchos de ellos, convertidos en funcionarios públicos y legisladores distinguidos que lucran con la memoria histórica de aquel año, incapaces de haberle dado al país, la transición democrática que este requería y queterminaron convirtiéndose en aquello que tanto odiaban.

¿Qué importa saber lo que ocurrió el 2 de octubre?. Si en este país, cada día es un 2 de octubre, un promedio de cincuenta muertos diarios en la guerra contra el narco, nos ha hecho insensibles ante la historia, nos ha hecho olvidar, el sentido de la responsabilidad, nos ha hecho afirmarnos cada día, como una nación de olvidadizos, ineptos e irresponsables.

“¡Que 2 de octubre no se olvida¡”. ¡No lo creo¡.  Para mí, creo que ya se olvidó.