DICTAMEN DE LA LEY DE AMNISTIA POR DELITOS PATRIMONIALES DE CUANTIA MENOR
DICTAMEN
QUE PRESENTA COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE
H.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL
DISTRITO FEDERAL
VII
LEGISLATURA
P
R E A M B U L O
1.
Mediante
oficio número MDPPSOPA/CSP/XXX/2015 y anexos que
acompañan al mismo, de fecha veinticuatro de abril de dos mil
dieciseis,
2.
Esta
Comisión de Derechos Humanos de
3.
A
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del
Reglamento para el Gobierno Interior de
A
N T E C E D E N T E S
PRIMERO.-
Que el
contenido de
SEGUNDO.- De las consideraciones vertidas en la propuesta de
Iniciativa, se contienen las siguientes
manifestaciones:
1.- En
2.- El censo elaborado por el INEGI en 2013 en
referencia al Sistema Penitenciario, señala que
3.- De acuerdo a un estudio del CIDE, la mitad de
los robos son por valores de once mil pesos o menos, y una cuarta parte tiene
un monto de dos mil pesos o menos.[4]
4.- En la comparecencia en pleno de
5.- Es importante señalar que la problemática
antes señalada, se relaciona directamente con la incapacidad del Estado para
impulsar políticas para generar mayores oportunidades de empleo, educación y
seguridad; por ello el encarcelamiento, más que un castigo correctivo, se
convierte en un detonador para que las personas salgan y se encuentren en una
situación probablemente más vulnerable, y sin la posibilidad de beneficiarse o
ejercer sus Derechos Humanos en todos los aspectos, volviendo a reincidir en
ilícitos, repitiéndose así un círculo vicioso.[5]
6.- Puesto que la libertad no es lo único que se
desvanece, es lamentable también, la descomposición del núcleo familiar; por
ejemplo, de acuerdo a diversos estudios nos encontramos que hijos de las
personas privadas de su libertad,
independientemente de que estos hayan incurrido en delitos graves o no,
sufren una alta discriminación por un estigma social y con riesgo de ser
vulnerados en su salud mental[6],
resquebrajando así su figura central en el tejido social.[7]
7.- Esta situación conlleva, sin duda, es en agravio a la dignidad
de la persona; que sea encarcelada, no solamente como consecuencia jurídica al
delito que cometió, sino también, por no contar con la capacidad económica para
pagar una cantidad mínima de fianza o pagar un defensor, y que incluso muchas
veces, es la razón principal que la orilla a cometer esos delitos, y lo que aún
es peor, privarla de su libertad en un sistema de readaptación social precario.
8.- Aun pese que en el interior de los
reclusorios, los reos se quejan por la mala defensa de sus abogados defensores,
cierto es, que diferentes estudios y análisis, coinciden que el abuso de la
prisión, es una de las causas de sobrepoblación en las cárceles; porque más de
las veces existe personas encarceladas que no deberían de estarlo.[8]
9.- Aunque las amnistías suelen decretarse más por
un sentido político, la doctrina del derecho internacional considera que las
amnistías son viables y necesarias desde una perspectiva social, siempre y
cuando los beneficiados de éstas no hayan cometido violaciones graves en contra
de los derechos humanos como lo son el genocidio, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra u otras infracciones graves.
10.- El artículo 94 fracción VIII del Código Penal
del Distrito Federal, señala a la Amnistía, como una causa de extinción de la
acción penal, definiendo esta modalidad, como la extinción de la pretensión
punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas,
en los términos de la ley que se dictare concediéndola.
11.- En México, no sería la primera amnistía sin
connotación política; en 1996 el Congreso de Veracruz aprobó y expidió
12.- En el año 2012,
13.- En el año 2013, la fracción parlamentaria del
PRD en
14.-
El presente proyecto de amnistía, tiene por objeto que las
personas cuyos delitos fueron cometidos a consecuencia de factores sociales, no
sean privadas de su libertad por no contar con los recursos económicos para
haber pagado su fianza o caución. De tal modo, que el Estado en el ejercicio de
su Ius Puniendi, no puede convertir a este grupo de población que delinque, en
delincuentes peligrosos; ni tampoco encarcelados con los mismos criterios de
éstos últimos; convirtiendo los centros penitenciarios en verdaderas “Universidades del Crimen”, en lugar de
profesionales centros de readaptación social.
15.-
ALCANCE
Perfil de los Beneficiados:
1.- Los reos en su gran mayoría tienen menos de 30
años de edad, siendo el promedio de 25 años de edad cuando las personas
ingresan a la cárcel.[9]
2.- El 80% de los reos tienen estudios mayores a
primaria.[10]
3.- Aproximadamente el 70% de los reos tienen
hijos.[11]
4.- El 90% de las personas al momento de ser
detenidas, trabajaban cuando menos un mes antes de su arresto. Asimismo, un
cuarto de las personas trabajaban en la iniciativa privada, un cuarto se divide
en oficios, empleados de gobierno y, finalmente, casi la mitad se autoemplea.[12]
Por lo anterior, el perfil general de los
beneficiados considera a mujeres y hombres generalmente jóvenes en la misma proporción, que rondan entre
los 25 años, con estudios hasta la secundaria, con hijos que mantener
y se encuentran vulnerables económicamente por su situación laboral, ya
que generalmente se auto-emplean.
No serian beneficiados de esta ley, las
personas privadas de su libertad que sean reincidentes, o se encuentren considerados,
según estudios psicosociales, con un alto índice de peligrosidad social.
Beneficios Cualitativos:
Expuesto esto, los beneficios de esta Ley trae
consigo una justicia flexible y humanista, entendiendo la situación en la que
viven muchas personas, en su mayoría jóvenes; otorgándoles así, la oportunidad
de regresar de forma pronta con su familia, integrarse socialmente y estar en
condiciones de obtener futuras posibilidades de desarrollo, como actor
determinante en la economía, en la cultura, y en otros ámbitos de la sociedad.
Esta amnistía sería permitida, al mismo tiempo, una reparación del daño, en
primer lugar, por la incapacidad del estado mexicano de proveerles sus mínimos
derechos y, en segundo lugar, por privarlos de su libertad en un sistema
penitenciario deficiente. Por ende, es la oportunidad de quitar un
obstáculo a su proyecto de vida,
particularmente si observamos que son jóvenes con múltiples oportunidades de desarrollo.[13]
Paralela a esta ley, se requeriría un proyecto
en el cual se ataquen motivos que originan esta iniciativa. Es menester
integrar en el proyecto, oportunidades para que puedan realizar estudios medios
superiores y universitarios, estímulos monetarios, becas alimentarias para sus
hijos y un constante seguimiento al proyecto para encaminar adecuadamente los
beneficios que pretende esta Ley.
Beneficios Cuantitativos
Con base en datos obtenidos por el Sistema
Penitenciario y Reinserción Social de
Por otra parte, si consideramos que la
población de reos es de aproximadamente 36,000[16],
y basados en el presupuesto que ejerció el sistema penitenciario el Distrito
Federal en 2013[17], obtendríamos un cociente
de aproximadamente 68,000.00 de pesos gastados por reo anualmente.[18].
Empero, si se logra ejecutar la presente ley de amnistía el sistema
penitenciario se estaría ahorrando al 22% del total de presupuesto.
Dados los considerandos anteriores, y al no
existir norma jurídica que impida esta iniciativa de ley; al ser respetuosa del
derecho mexicano y el derecho internacional; y al ser una propuesta
eminentemente social y humanista en favor de la justicia social en nuestra
Ciudad; someto a consideración del Pleno
de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente:
LEY DE AMNISTÍA PARA AQUELLAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO O PRIVADAS DE SU LIBERTAD POR COMETER
DELITOS PATRIMONIALES DE CUANTIA MENOR EN
Artículo
1.- Se otorga amnistía a
favor de todas aquellas personas que al entrar en vigencia este ordenamiento,
hayan cometido o se les impute delitos patrimoniales menores, ejercitado acción
penal en su contra o que se encuentren sentenciados o en proceso; salvo en las
excepciones prescritas en esta ley.
Artículo
2.- Para hacerse acreedor a
los beneficios de esta ley, se requiere que las personas beneficiadas cumplan
con los siguientes supuestos:
I. Sean robos con valor equivalente o menor a
ciento cincuenta veces el salario mínimo, sin violencia física o moral cuyas
sentencias sean menores a dos años de acuerdo al Código Penal de Distrito
Federal o la legislación penal vigente.
II. Por su situación económica, se encuentren
incapaces de pagar la fianza y/o sanciones.
III. Con anterioridad a la actual sentencia o
proceso, no hayan sido sentenciados por similar o diferentes delitos.
IV. No se encuentren simultáneamente en proceso o
condenados por otros diferentes delitos, ya sea del fuero común o
federales.
V. Ser persona en pobreza extrema, comprobable
conforme a las declaraciones y constancias que obren en autos y los estudios
socioeconómicos que para el efecto, realice
VI. No ser reincidente ni revelar peligrosidad
social, a criterio de
Artículo
3.- La amnistía extingue la
acción persecutoria y sanciones impuestas a las personas que se encuentren en
el supuesto del artículo 2.
Artículo
4.- En todos los casos,
subsistirán los derechos de quienes esté legitimados para exigir
responsabilidad civil. La amnistía no comprende la extinción de la obligaciones
civiles, los cuales se hará valer en los términos y condiciones que la ley
ordinaria prevé.
Cuando la víctima del delito patrimonial sea
una persona física, el Ministerio Público exigirá de oficio, la responsabilidad
civil.
Artículo
5.- El interesado, por sí o
por medio de su representante, defensor de oficio o voluntario, o por conducto
de
La intervención de la Comisión de Derechos
Humanos, se sujetara estrictamente, a lo señalado en esta ley.
Artículo
6.-
Artículo
7.-
Artículo
8.- Si se hubiere interpuesto
un juicio de amparo por parte de las personas beneficiadas por esta Ley, el
Poder Judicial del Distrito Federal dictará sobreseimiento y desistimiento de
la acción penal.
T R A N S I T O R I O S
Artículo
Único.- La presente Ley
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
C
O N S I D E R A N D O
PRIMERO.-
Que con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62
fracción XI, 63 y 64 de
SEGUNDO.-
Esta Comisión
de Derechos Humanos realizó el estudio y análisis de los planteamientos
contenidos en la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, a fin de
valorar sus preceptos legales, deliberar e integrar el presente dictamen.
En ese tenor, esta Comisión de Derechos
Humanos desprende que se propone una Iniciativa de Ley de Amnistía, por lo que
para efectos del presente Dictamen, conviene desarrollar los siguientes puntos:
- Definición
de Amnistía y su inserción de esta, en el ordenamiento jurídico.
- Leyes
de Amnistía en México.
- Antecedentes
de Amnistías a nivel mundial.
- Delitos
patrimoniales de cuantía menor
- Robos
por cuantía menor (evolución legislativa).
- El
robo por hambre.
- El
Robo en la Ciudad de México.
- Consideraciones
de las reuniones de Trabajo.
- Consideraciones
finales.
- Modificaciones
a la Iniciativa presentada.
En ese tenor, se procede analizar cada
uno de los puntos antes mencionados.
TERCERO.- Definición de Amnistía y su inserción
de esta, en el ordenamiento jurídico.
La Amnistía es un instrumento jurídico,
que es en carácter de Ley expedida por
el poder Legislativo y que tiene por efecto lo siguiente:
1.
La
posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las
acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto
a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la
amnistía; o
2.
La
anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente
determinada.[19]
Estas Leyes son expedidas generalmente
por Parlamentos, Congresos o Asambleas por su naturaleza legislativa, es decir,
para que surtan efecto deben ser expedidas como Leyes para contraponerse en la
misma jerarquía con Leyes Penales. Por otra parte, forman parte de un poder de
contrapeso, frente a la facultad exclusiva que tienen los tribunales de
impartición de justicia.
Su objetivo característico más allá de
los efectos jurídicos es por “indulgencia que se justifica como una solución de
equidad para suavizar la aspereza de la justicia criminal, cuando, ésta por
motivos políticos, económicos o sociales, podrían ser en su aplicación,
aberrante o inconveniente.”[20]
Las Amnistías en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
El Derecho Internacional considera que
las Amnistías son compatibles jurídicamente con los Derechos Humanos siempre y
cuando entren en la categoría de benéficas. Las que se pueden categorizar como
violatorias o excepcionales que son aquellas que extinguen acciones penales por
delitos y crímenes contra los Derechos Humanos, deben evitarse al ser
incompatibles con el Derecho Internacional.
Para que ser consideradas como Amnistías
Benéficas deben contar con las siguientes características:
1.
Beneficien
la eficacia de los Derechos Humanos cuando existan leyes represivas.
2.
Que
las Amnistías no perdonen delitos o crímenes contra los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derecho
Humanos y Naciones Unidas por otra parte, coinciden que las Amnistías si bien
pueden olvidar delitos políticos o
delitos comunes, de ninguna forma, según en el marco normativo internacional,
pueden perdonar delitos graves contra los Derechos Humanos; y que por el
contrario, pueden funcionar siempre y cuando los beneficios de estas amnistías
sea en pro de los Derechos Humanos de
las personas que se beneficien de estas.
Las Amnistías en el Derecho
Interno
Para conceptualizar las Leyes de Amnistía en el Derecho
Interno podemos recurrir a la siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación:
AMNISTÍA,
NATURALEZA JURÍDICA Y EFECTOS DE LA.- La amnistía, ley de olvido, como acto del
poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den
por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las
condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o
después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado
antes de ellas, suprime la infracción, la persecución por el delito, la
formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se
detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la utilidad
que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos y tiene
como efecto extinguir la acción pública, de manera que el beneficio es
irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, invalida la misma
condena. Los sentenciados a penas corporales, recobran su libertad; las multas
y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los amnistiados cometen
nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; pero por excepción y por
respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito, subsisten las
consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil perjudicada, tiene
derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de los daños y
perjuicios causados. La amnistía tiene como característica, que a diferencia
del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político
restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por la sola comisión del
delito o por una condena habían perdido. Por tanto, si la condición para el
reingreso al Ejército, de un militar acusado de un delito, era el
sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley de amnistía, tal condición
ha quedado cumplida, y si no se ha formado el expediente administrativo para
darlo de baja, no surte efectos, por lo que la negativa para que tal militar
reingrese al Ejército, es violatoria de garantías.[21]
Las Amnistías están tipificadas de la
siguiente forma en el marco normativo de nuestra Constitución:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
…
XXII. Para conceder amnistías por
delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
Si
bien, la facultad de expedir Leyes de Amnistía es por el Congreso de la
Unión, estas son únicamente por delitos del fuero federal como se señala en el
anterior artículo, y no por delitos del fuero común como se pretende esta
Iniciativa.
En
ese mismo sentido, el artículo 122 de nuestra
Constitución señala, vigente a partir de la reforma constitucional en
materia política del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de enero del 2016, dispone:
Artículo 122. La Ciudad
de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo
concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa.
…
B. Los
poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades
que expresamente les confiere esta Constitución.
Si
bien ni en la Constitución Política Federal, ni anteriormente en el Estatuto de
Gobierno, la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
expedir Leyes de Amnistía está expresa, podemos inferir que dicha facultad
es inherente, a este órgano legislativo de la Ciudad de México, puesto
que el Congreso Federal, no cuenta con
la facultad para conceder Amnistía por delitos del fuero común y la Asamblea Legislativa
es quién sí tiene facultad para poder hacerlo, es decir, para poder legislar en
diferentes materias; aunado que es de considerarse que estamos en un proceso de
transición en el que las limitantes legislativas de la Asamblea Legislativa el
Distrito Federal frente al Congreso Federal desaparecen.
De
la misma forma, podemos inferir tal facultad cuando el Código Penal para el
Distrito Federal señala como una de las causas de extinción penal a la
Amnistía:
ARTÍCULO 94
(Causas de extinción). La
pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de
seguridad, se extinguen por:
...
VIII. Amnistía;
Asimismo, la Amnistía está tipificada dentro del mismo
Código de la siguiente forma:
ARTÍCULO 104 (Extinción por amnistía). La amnistía extingue la pretensión punitiva
o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, en los
términos de la Ley que se dictare concediéndola.
Por todo lo anterior, esta Comisión
considera que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente y está
facultada para decretar Leyes de Amnistía.
CUARTO.- Leyes de
Amnistías en México.
Al respecto conviene
describir las leyes de amnistía del ámbito federal y las del ámbito de las
entidades federativas.
Federales:
La amnistía ha sido una facultad
exclusiva de aprobar por Congreso de
1) En 1870 Benito Juárez promulgó una
Ley de Amnistía en los términos que se establecieron en el primer artículo de
dicha Ley:
Artículo
1º.
Se concede amnistía a todos los individuos que, hasta el 19 del mes de
septiembre próximo pasado, hayan sido culpables de infidencia a la patria, de
sedición, conspiración y demás delitos del orden público, así como a los
militares que hasta la misma fecha hayan cometido el de deserción.
Sebastián Lerdo de Tejada hizo lo propio
en 1872 en el contexto de la revolución que enarbolaba Porfirio Díaz:
Artículo
1o-
Se concede amnistía por los delitos políticos cometidos hasta hoy, sin
excepción de persona alguna.
Ya con la Constitución de 1917, este
instrumento fue utilizado como podemos observar en los siguientes casos
emblemáticos.
En 1937, Lázaro Cárdenas la realizó en
conforme a lo siguiente:
Artículo
1o-
Se concede amnistía a los militares que con anterioridad a la fecha en que esta
Ley entre en vigor, hayan cometido en cualquiera de sus grados, el delito de
rebelión, ya sea como autores, cómplices o encubridores.
En 1940, Manuel Ávila Camacho realizó
una Ley de Amnistía en un contexto de rechazo a las elecciones presidenciales
de ese mismo año:
Artículo
1o-
Se concede amnistía a los civiles que, con anterioridad a la vigencia de esta
Ley, sean responsables de los delitos de rebelión, sedición, asonada o motín,
cuyo conocimiento competa a los tribunales federales, cualquiera que fuere la
participación que hayan tomado en dichos delitos, atentos los términos del
artículo 13 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.
2) Luis Echeverría, en 1976, a efecto de
sanar los sucesos de las manifestaciones estudiantiles de 1968, promulgó este
instrumento:
Artículo
1o-
Se decreta amnistía para las personas contra las que se ejerció acción penal
por los delitos de sedición e invitación a la rebelión en el fuero federal y
por resistencia de particulares, en el fuero común del Distrito Federal, así
como por delitos conexos con los anteriores, cometidos durante el conflicto
estudiantil de 1968.
3) José López
Portillo en 1977, propuso otra Amnistía
en sentido de la anterior:
Artículo
1o-
Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se
haya ejercitado acción penal ante los Tribunales de la Federación o ante los
Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en
materia de fuero común, hasta la fecha de entrado en vigor de la presente Ley
por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la
rebelión o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos
e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida
institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal,
terrorismo o secuestro. .
4) En 1994, Carlos Salinas promovió la
iniciativa un Amnistía por la efervescencia del conflicto con el grupo del
EZLN:
Artículo
1o.-
Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya
ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden
federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que
tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de
Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día
veinte del mismo mes y año, a las quince horas.
El Ejecutivo Federal
integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley.
Locales:
En el ámbito estatal, también se han
realizado varias Amnistías cuyos fines han políticas y hasta sociales.
En 1994, Javier López Moreno siendo
gobernador de Chiapas promulgó una Ley de Amnistía paralelamente a la de Carlos
Salinas de Gortari con los mismos fines:
ARTÍCULO
1.-
Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se
hayan ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del
fuero común, por los hechos que puedan ser constitutivos de delitos cometidos y
estrictamente relacionados con los disturbios que ocurrieron en varios
municipios del estado de Chiapas, a partir del día 1° de enero de 1994, y hasta
que surta sus efectos esta ley. La coordinación de los actos relativos a la
aplicación de estas disposiciones estará a cargo de una comisión que será
designada por el ejecutivo del estado.
Durante el año 2001, en el Estado de
Oaxaca, el entonces Gobernador José Murat, promovió la Ley de Amnistía para el
Estado de Oaxaca.
Artículo 1.- Se decreta amnistía a favor de todas aquellas
personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción
penal, ante los tribunales del Poder Judicial del Estado, por los delitos
cometidos con el propósito de alterar la vida institucional y la seguridad
interior del Estado, y para aquellos individuos que en actuaciones
ministeriales y/o judiciales se desprenda que el delito que se les imputa se
encuentra vinculado con dicho móvil, formando parte de grupos armados e
impulsados por móviles de reivindicación social relacionados con los hechos del
día 28 de agosto del 1996 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley.
En el año 2003, en el Estado de
Guerrero, el entonces Gobernador René Juárez, promovió Ley de Amnistía para el
Estado de Guerrero número 592.
ARTICULO 1.-
Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se
haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal, ante los Tribunales
Estatales hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los
delitos de fuero común de sedición, motín, rebelión, conspiración y conductas
delictivas consecuentes de los ilícitos citados, siempre y cuando estos no sean
considerados como graves de conformidad con el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Guerrero, cometidos por parte de grupos impulsados por motivo
de índole político, con el propósito de alterar la vida institucional del
Estado.
En ninguna
circunstancia y bajo ningún argumento, se podrá aplicar la presente Ley a quien
esté acusado de ilícitos cometidos bajo la protección de organismos oficiales,
militares o policíacos.
Finalmente, el Estado de Veracruz, en el
año 2007, el entonces Gobernador Fidel Herrera, promulgó en Veracruz una
amnistía que iba más allá de los presos de conciencia, pues beneficiaba a
quienes tenían penas inferiores a tres años.
Articulo 1. Se concede amnistía a favor de
todas aquellas personas que al entrar en vigencia este ordenamiento hayan
ejercitado acción penal en su contra o hayan sido sentenciadas por la comisión
de delitos considerados como no graves en el Código Penal en vigor, así como
aquellas que al momento de cometer una conducta supuestamente considerada como
delito, eran menos de de 18 años.
De lo anteriormente expuesto, los
integrantes miembros de esta Comisión estimamos que la presente iniciativa,
denominada “Amnistía”, cumple con los objetivos políticos y sociales que la
motivan, aunado a estar fundada, no solamente en el orden juríico positivo,
sino también en los antecedentes legislativos que se han dado en neustro país,
tanto en el ámbito federal como local; máxime, que como Amnistía, si bien la
misma es de carácter social y no motivada por cuestiones políticas, ello no
condiciona la validez del mismo, puesto que no existe precepto normativo que
así lo prohíba o expresamente establezca que las amnistía, necesariamente deban
ser por motivos políticos.
Así las cosas, la iniciativa que se
propone, es fundada y motivada, por las consideraciones de legislación
comparada antes expuestas.
QUINTO.-
Antecedentes de Amnistías a nivel mundial.
Las leyes de amnistía en América Latina
han sido implementadas, por sus antecedentes en gobiernos autoritarios, aunque
muchas han sido criticadas al ser categorizadas como “Autoamnistías”, pues han
liberado a presos que han cometido crímenes graves.
Tales son los casos como en Chile, donde
se utilizó Amnistía para perdonar a los autores de los abusos cometidos durante
los años que duro la dictadura.
Uruguay, se llamó Ley de Caducidad, y de
la misma manera, tuvo la finalidad de proteger a los militares y policías que
cometieron crímenes durante la dictadura.
Argentina, se promulgo la Ley de
Pacificación Nacional, mejor conocida como Ley de Autoamnistía. La cual
argumentaba los beneficios para autores, partícipes, instigadores, cómplices o
encubridores de diversos abusos ocurridos durante la dictadura cívico militar y
extinguía las acciones penales de los delitos. Pero en el 2005 fue derogada.
En Perú, se aprobó una Ley de Amnistía,
en el contexto de evitar que se juzgara a los responsables de las graves
violaciones ocurridas en la dictadura.
También existen casos estrictamente
políticos como sucedió en Nicaragua,
donde una Ley de Amnistía tenía como
función, perdonar delitos políticos y comunes conexos, cometidos por los
nicaragüenses desde el 10 de mayo de 1990.
Asimismo en Brasil, se usó una Ley de
Amnistía para dar libertad a los presos políticos y dio paso al retorno de
muchos exiliados, aunque está ley también fue vista como autoamnistía.
Recientemente en Venezuela la Asamblea
Nacional de Venezuela aprobó la “Ley de Amnistía y Reconciliación”, con el
objetivo de perdonar y dejar en libertad a presos encarcelados por el gobierno
bolivariano.
También han existido casos de Amnistías
donde han sido liberados guerrilleros, tal como fue el caso de Colombia, donde
se promulgó una Ley de Amnistía para los combatientes ilegales en el conflicto
armado que atraviesa el país, así que, beneficiara a guerrilleros como a
miembros de los grupos de autodefensa, que hayan sido condenados en relación
con su participación en la guerra civil. Asimismo en Guatemala, le Ley de
Amnistía fue en favor de las personas condenadas por delitos políticos y de la
cual se beneficiarían también los guerrilleros que entreguen sus armas. También
aplicara, aquellas personas sujetas a proceso penal ante los tribunales de
orden común.
En América Latina no solo hemos tenidos
Amnistías en contexto de dictaduras o por delitos políticos, sino también de
otras índoles:
Por ejemplo, en Costa Rica, una
Amnistía, otorgaba un plazo de diez meses para extranjeros sin documentos o
documentos vencidos pudieran regularizar su estado migratorio, que beneficia a
trabajadores agrícolas y mujeres que laboran en servicios domésticos.
Panamá,
aprobó una Ley de Amnistía Tributaria, donde se aprobaron facilidades
para deudores del fisco y amplió a 80
mil el tope de los préstamos para vivienda con intereses preferenciales de 4%.
En Paraguay, una Ley de Amnistía
permitió acceder a trabajos decentes, a la seguridad social y poder ejercer
derechos humanos inalienables como todo trabajador de este suelo, los
trabajadores residentes indocumentados de Paraguay.
Por ende, los integrantes de Comisiones
Unidas, coincidimos que una Amnistía motivada por delitos comunes, no
políticos, como la que se propone, se encuentra debidamente fundada, en
ejemplos de derecho comparado.
SEXTO.-
Delitos patrimoniales de cuantía menor.
La iniciativa presentada por el diputado
Luciano Jimeno Huanosta, la cual, se sumo a ella, los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Encuentro
Social, así como también la diputada Margarita Martínez Fisher, refiere a
“delitos patrimoniales de cuantía menor”.
De lo que resulta indispensable en el
presente apartado, definir, cuales son esos delitos patrimoniales objeto de la
amnistía y cual es el importe especifico de la cuantía menor, al que se
refiere.
A efecto de establecer la cuantía menor,
se estableció en el artículo 9 de la Ley
de Ingresos del Distrito Federal, el valor de cuenta de la Ciudad de México, en
la cantidad de $71.68 pesos.
Por otra parte, el Código Penal del
Distrito Federal establece en Titulo Décimo Quinto los siguientes delitos
patrimoniales.
a)
Robo
b)
Abuso
de confianza
c)
Fraude
d)
Administración
fraudulenta.
e)
Insolvencia
fraudulenta en perjuicio de acreedores.
f)
Extorsión.
g)
Despojo.
h)
Daño
en Propiedad.
i)
Encubrimiento
por Receptación.
Con el objeto de poder especificar los
delitos patrimoniales a los que se refiere esta ley, no en todos los casos, se
señala la cuantía del daño patrimonial causado, ni tampoco en todos los tipos
previstos en el Código Penal, se establece una sanción privativa de libertad.
Lo anterior, acorde al presente cuadro
analítico que a continuación se cita:
|
DELITOS PATRIMONIALES DE CUANTIA
MENOR |
|||
|
TIPO |
CONDUCTA |
VALOR DEL DAÑO
PATRIMONIAL |
PUNIBILIDAD. |
|
Robo. |
Art. 220. Fracción I: Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente
pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, (cuando el valor de lo robado no exceda de
trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando
sea indeterminable el valor de lo robado. |
$1 .00 a $21,504.00 |
Con penas de seis
meses a diez años. |
|
Abuso de confianza. |
Artículo 227. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una
cosa mueble ajena, (cuando el valor de lo dispuesto no exceda de cincuenta
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente) de la cual se le
haya transmitido la tenencia pero no el dominio. |
Hasta $3,584.00 |
De treinta a
noventa días de multa. |
|
Fraude. |
Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se
halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en
beneficio propio o de un tercero, cuando el valor de lo defraudado no exceda
de cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no
sea posible determinar su valor; |
Hasta $3,584.00 |
De veinticinco a
setenta y cinco días multa. |
|
Administración fraudulenta. |
ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la
administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique
al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos,
haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales,
ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas,
realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio
propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de
fraude. |
Hasta $3,584.00 |
De veinticinco a
setenta y cinco días multa. |
|
Insolvencia fraudulenta en perjuicio
de acreedores. |
Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir
las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrán de
seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa |
Sin
especificar. |
De seis meses a
cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa |
|
Extorsión. |
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o
tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un
perjuicio patrimonial. |
|
De dos a ocho
años de prisión y de cien a ochocientos días multa. |
|
Despojo. |
ARTÍCULO 237. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el
engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un
derecho real que no le pertenezca |
Sin
especificar. |
De tres meses a
cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa. |
|
Daño en propiedad. |
ARTÍCULO 239. Al que destruya o deteriore una cosa ajena o una propia
en perjuicio de otro, cuando el valor del daño no exceda de veinte veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no sea posible determinar
su valor; |
Hasta
$1,433.60 |
De veinte a
sesenta días multa. |
|
Encubrimiento por Receptación. |
ARTÍCULO 243. A quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado
en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique,
pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o
productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de
cambio no excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente. |
Hasta
$35,284. |
De 2 a 7 años de
prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, |
De tal forma, que los delitos
patrimoniales de cuantía menor que implica una consecuencia jurídica de pena
privativa de libertad, lo son, los delitos de robo, insolvencia fraudulenta en
perjuicio de acreedores, extorsión, despojo y encubrimiento por receptación.
Quedando fuera de los beneficios de la presente ley, los delitos de abuso de
confianza, fraude, administración fraudulenta.
En ese orden de ideas, respecto a los
delitos de robo, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, extorsión,
despojo y encubrimiento por receptación; que ameritan pena privativa de
libertad, únicamente los delitos de robo y encubrimiento por receptación, son
las únicas conductas penales, que se encuentran cuantificadas en una
determinada cuantía. En los demás casos, el legislador no especifica el importe
del daño causado, como un criterio elemental para imponer la pena.
Así entonces, la iniciativa propuesta
por el Diputado Luciano Jimeno Huanosta al referirse, “delitos patrimoniales de
cuantía menor”, se circunscribe a dos tipos penales específicos, el primero de
ellos, el robo, y el segundo, al “encubrimiento por receptación”.
Los integrantes miembros de esta
Comisión, estima que una Amnistía como la que propone el diputado en mención,
tendría mayores efectos si se canalizara exclusivamente a delitos patrimoniales
específicos, como lo es el robo; dejando pues, el otro delito patrimonial,
encubrimiento por receptación fuera de los beneficios de la presente ley, por
no ser la misma, ni representativa, ni tan significativa socialmente, como lo
es el robo, por cuantías menores.
SEPTIMO.- Robos por cuantía menor
En ese tenor, la Iniciativa de Ley de
Amnistía propuesta, se limita únicamente, al delito de robo por cuantías
menores del valor de los bienes robados. Así pues, del estudio normativo antes realizado,
se desprende al menos, la existencia del delito de robo. A continuación se
expondrá su evolución normativa.
El
Robo
El 14 de agosto de 1931, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el denominado Código Penal para el Distrito
Federal y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal.
Dicho Código fue vigente, hasta que
finalmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su calidad de órgano
legislativo local, emitió mediante decreto publicado el 30 de septiembre, el
Código Penal del Distrito Federal. (basado este en el Código de 1931).
Dicho Código Penal del Distrito Federal
(él de 1999), fue abrogado con el denominado “Nuevo Código Penal del Distrito
Federal”, el cual fue publicado éste último en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 16 de julio del 2002.
A continuación se expondrá
cronológicamente, la evolución legislativa que ha tenido la figura del robo por
cuantía menor, a fin de tener mayores elementos en la dictaminación de la
presente iniciativa.
a) Código
Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia de Fuero
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Durante la vigencia de éste antiguo
Código Penal, el delito de robo en cuantía menor, fue modificado en tres
ocasiones.
Originalmente en su artículo 367,
definió el delito de robo, como aquel “que se apodere de una cosa ajena mueble,
sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con
arreglo a la ley”.
Por su parte, se establecía criterios
punitivos en razón de la cuantía de la cosa robada, de tal manera que el
artículo 370 estableció que cuando el valor de lo robado no excediera de
cincuenta pesos, se sancionaría con pena de tres días a seis meses de prisión y
multa de cinco a cincuenta pesos. Cuando se rebasaba ese monto de cincuenta pesos,
hasta quinientos pesos, la pena sería de seis meses a dos años de prisión.
De igual forma, se contemplaba el
llamado robo de famélico, al que, “sin emplear engaño ni medios violentos, se
apoderada una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para
satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.
Se establecía también la posibilidad de
ausencia de punibilidad, cuando el “ladrón espontáneamente”, restituyera la
cosa robada y pagara los daños y perjuicios, antes de que la autoridad “tomara
conocimiento”.[22]
La vigencia de estos preceptos penales,
fue desde la publicación del Código Penal hasta su primera reforma, que fue el
9 de marzo de 1946, cuando fue publicada la reforma de la cuantía mínima del
delito de robo, subiendo ésta de cincuenta, hasta dos mil pesos.[23]
Si tomamos en cuenta que el salario
mínimo se estableció en nuestro país desde 1935, con el importe de $1.50
(viejos pesos), se deduce que la cuantía menor del robo era equivalente hasta treinta
y tres veces el salario mínimo vigente.
Dicho salario mínimo fue aumentando
hasta llegar al año de 1946 a la cantidad de $3.39 (viejos pesos). Lo que
normativamente implicó que el delito de robo de cuantía menor, (que se había depreciado a la mitad, de treinta
y tres veces a quince veces el salario mínimo, se actualizara éste hasta
quinientos noventa veces el salario mínimo.
La segunda reforma efectuada a dicho
delito, se dio el 30 de diciembre de 1975, cuando respetándose el monto mínimo
de dos mil pesos de robo, se cambió la punibilidad de tres días a dos años de
prisión. [24]
Entonces el salario mínimo vigente de
1976, fue de $96.70 (viejos pesos), de ahí que el monto mínimo de lo robado, se
depreció de quinientas noventa veces el salario mínimo hasta veintiuna
veces.
La tercera reforma a este delito, se dio
el 29 de diciembre de 1981, cuando se introdujo como medida de cuantificación,
el número de salarios mínimos y no, un importe determinado como existía
originalmente. De tal manera, que el delito de robo de cuantía menor, cambio de
dos mil pesos a cien veces el salario mínimo diario.
En 1982, el valor del salario mínimo
oscilaba en $364.00 (viejos pesos), por lo tanto, el importe de 2 mil pesos que
existía desde 1946, se devaluó hasta cinco veces el salario mínimo; por lo que
al haber establecido la cuantía menor hasta cien veces el salario mínimo, su
monto nominal subió a $36,400.00 (viejos pesos). [25]
b) Código
Penal del Distrito Federal
El 16 de julio del 2002, se publicó en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal, vigente en la Ciudad de México.
Este nuevo código penal, cambia
radicalmente, a su código antecesor, inclusive, no solamente en la
tipificación, sino también, en las cuantías y modos de comisión de la falta
antijurídica.
Dicho código modificó la descripción del
tipo penal: “Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien
legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena”.
De igual forma, contempló la existencia
de la figura de robos de cuantía menor, estableciendo la sanción de veinte a
sesenta días de multa, cuando el valor de lo robado no excediera de veinte
veces el salario mínimo, o no fuera posible determinar su valor. Lo que implicó que el robo en cosas de un valor
inferior a los veinte salarios mínimos, fuera tasada en $843.00 (nuevos pesos),
a razón de que el salario mínimo vigente en el año 2002, fue de $42.15 (nuevos
pesos); también cambió la consecuencia jurídica, consistente en el pago de una
multa y no, como era antes, con la sanción privativa de libertad de hasta dos
años de prisión como existió en el Código Penal anterior.
Igualmente el nuevo Código Penal
estableció tipos complementarios, es decir, circunstancias o peculiaridades
distintas al tipo básico.
De tal manera que se agregó al tipo
básico robo simple, otras peculiaridades que agravaban la pena, como cuando
este se realizara en “lugar cerrado”, “vehículo”, “hotel”, o la víctima fuera
discapacitado o transeúnte. [26]
Todas estas disposiciones fueron vigentes
hasta el 15 de mayo del 2003, cuando se derogó el tipo penal de robo de cuantía
menores, suprimiendo el tipo, la punibilidad de éste, estableciendo ahora la
pena privativa de libertad.
Cabe señalar respecto a esta reforma del
2003, que suprimió el delito de robo de cuantía menor, obedeció a una
iniciativa de ley promovida por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, así como de reuniones de trabajo llevadas a cabo por los titulares
tanto de la Procuraduría General de Justicia, como de la Secretaría de
Seguridad Pública ambas del Distrito Federal,
Por otra parte,
el delito de robo como actualmente se encuentra establecido en el Nuevo Código
Penal, presenta diversos problemas, entre ellos los siguientes:
No hay prisión
si el monto de lo robado no excede de $873.00 o no se puede determinar el valor
de lo robado; (artículo 220 fracción I del Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal)
Sin importar el
monto de lo robado, no se castiga el robo si no se cometió con violencia, no
intervienen dos o más personas, sea la primera vez que se delinque y se pague
el valor de lo robado; (artículo 248 del Nuevo Código Penal)
Cuando el monto
de lo robado no excede de $873.00 o no se pueda determinar el valor de lo
robado, aún cuando se hubiera cometido con violencia, el delincuente podrá ser
enjuiciado estando en libertad; (artículo 220 fracción I y 225 del Nuevo Código
Penal)
Además la
magnitud de las penas previstas hace muy factible el obtener la libertad
provisional, aún cuando la penalidad se incremente por presentarse agravantes.
(Artículos 223, 224 y 225 del Nuevo Código Penal)
En los delitos
de robo más frecuentes como es el caso de partes automotrices, a transeúnte, en
transporte público o particular, o a negocio, generalmente el valor de lo robado
no rebasa las cantidades de $873.00 o de $2,182.00, previsto en el
artículo 220 fracciones I y II, del Código Penal vigente y no siempre son
cometidos con violencia como la define el Código en cita (para darse a la fuga,
defender lo robado, portando armas o instrumentos peligrosos) o por más de dos
personas, por lo que los delincuentes que los realizan, quedan en libertad para
seguirlos cometiendo, ya sea porque al ser juzgados pagan la multa, porque
desde la averiguación previa obtienen la libertad provisional o porque la
víctima no presenta la denuncia.
La misma
situación ocurre cuando el monto de lo robado no puede ser cuantificado, ya sea
porque no se cuente con documentos que acrediten el valor, porque el
delincuente se deshace de lo robado antes de ser detenido, porque se trata de
bienes difíciles de valuar o porque la propia víctima desconoce el valor.
Una gran cantidad
de robos, particularmente a transeúnte o en transporte público o particular El
delito de robo, ha tenido las siguientes modificaciones legales, son cometidos
empleando réplicas de armas de fuego o pistolas de municiones y otros
proyectiles arrojados por pistolas de aire o gas comprimido, por lo que su uso
no se encuadra en el robo con arma como se encuentra contemplado en el artículo
225 fracción II del Código Penal vigente.
También se
imposibilita sancionar el robo cuando el monto sea de hasta $2,182.00, en virtud de que se
requiere denuncia de la parte agraviada, de conformidad con el artículo 246
inciso a) del Nuevo Código Penal vigente.
Actualmente las
conductas en el delito de robo se presentan de forma reiterada, las cuales no
son sancionables por sí mismas, ni siquiera como agravantes.
Así, derivado de
la problemática presentada y de que uno de los principales factores en el índice
delictivo es la impunidad es que se propone lo siguiente:
Con relación al
robo genérico: se requiere establecer la pena de prisión para cualquier robo, suprimiendo
la actual pena sólo de multa cuando el monto de lo robado no exceda de veinte
veces el salario mínimo o sea indeterminable. Así como establecer la pena de
seis meses a cinco años de prisión para el caso de que el monto de lo robado no
pueda ser cuantificado, a efecto de que el delincuente no se deshaga de los
objetos robados para no ir a prisión y, por lo tanto, a lo más que pueda ser
condenado es a pagar la multa, como ocurre actualmente. Por lo que se sugiere
derogar la fracción I del artículo 220 y reformar la fracción II del mismo
artículo.
En el caso
particular de las agravantes al delito de robo, se hace necesario sancionar con
prisión de tres a cinco años los robos cometidos en lugar cerrado, contra transeúntes y de
partes automotrices, en lugar de la situación actual, consistente en aumentar
en una mitad la pena. Ya que ésta se aplicaría además de la que corresponda por
el monto de lo robado, con lo que no podría obtenerse la libertad bajo fianza.
Para ello, se propone derogar la fracción I y X del artículo 223 y reformar la
fracción II del mismo artículo; así como, adicionar tres fracciones al artículo
224 en las que se especifique que se aumentará las penas cuando el delito de
robo se cometa en lugar cerrado, respecto de partes de vehículo automotriz y en
contra de transeúnte.
…
V. Que por lo que
se refiere a la propuesta de modificación y adición al artículo 220 del NCP,
donde al respecto la Iniciativa señala que ‘‘ No hay prisión si el monto de lo
robado no excede de $873.00 o no se pueda determinar el valor de lo robado...’’
para esta Comisión no pasa desapercibido que al aprobarse el NCP, el legislador
consideró las distintas cuantías del monto de lo robado y en razón a éstas
estableció la pena correspondiente, sin embargo resulta atendible la propuesta
para establecer directamente la prisión de 6 meses a 2 años cuando el valor de
lo robado no exceda de 300 veces el salario mínimo. Para el caso de que el
monto de lo robado sea indeterminado esta Comisión considera que una pena de
prisión de 6 meses a 5 años y una multa de 150 a 400 días resulta excesiva,
toda vez que no corresponde con los Principios de proporcionalidad y
racionalidad de la pena, ni al criterio básico para establecer la penalidad en
este supuesto de robo, por tanto lo referente a la cuantía indeterminada se
incluirá en la fracción II, siendo aplicable la misma pena.
El 11 de abril del 2014, se modifico
este delito, aumentando la pena hasta diez años de prisión cuando la cuantía de
lo robado, excediera las 300 veces el salario mínimo diario, ($20,187.00 nuevos
pesos), a razón de $67.29 (nuevos pesos).
Posteriormente, el 28 de noviembre del
2014, se volvió a reformar dicho tipo penal, modificando la cuantía de salario
mínimo a “Unidad de Cuenta”. (valor expresado en pesos, para determinar
sanciones y multas). reiterando como robo simple mínimo, de seis meses a dos
años de prisión, cuando no se rebasara las 300 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México.
Así pues, los integrantes de Comisiones
Unidas estimamos respecto a los antecedentes legislativos en el Código Penal,
que desde 1931, hasta antes del año 2003, se reguló el delito de robo, por
cuantías menores, resultando que la reforma penal del 2003, suprimió el tipo
penal punitivo de “robos menores”, convirtiendo desde ese entonces a dicho
delito, en delitos de “robos medianos” y castigando al infractor que roba algún
objeto de cuantía menor, con los mismos
parámetros que se dan, tratándose “robos medianos”; lo que resulta
notoriamente desproporcionado y violatorio de los derechos humanos.
OCTAVO.-
El robo por hambre.
Doctrinarios del Derecho Penal Positivo
mexicano, han considerado el llamado “robo de famélico”, como una causa de
justificación o una excusa absolutoria. Razón jurídica suficiente para que la
persona que haya delinquido por este motivo, no sea castigado penalmente.
Esta figura existió en el Código Penal
de 1931, en el artículo 379 de dicho ordenamiento legal. Decía, que “no se
castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola
vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades
personales o familiares del momento.
Posteriormente, el Poder Judicial de la
Federación ha emitido diversos criterios
jurisprudenciales al respecto. En 1955 se emitieron tres criterios por conducto
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se
definió los alcances del robo de famélico.
El primero de ellos resolvió que el
“robo de indigente”, tenía semejanza con la figura del “estado de necesidad”,
inclusive estableció requisitos para encuadrar esta conducta, el cual debía de
tratarse de que dicho robo, tuviera como objeto “satisfacer necesidades
personales o familiares del momento”.[27] El segundo criterio, estableció que la
procedencia del robo de famélico, no procedía por “alimentación insuficiente”,
sino por “hurto necesario”, es decir, la persona que robaba alimentos, por mero
antojo, no gozaba de esta protección.[28] Mientras que el tercer criterio,
estableció el criterio de singularidad,
es decir, la procedencia de dicho delito, cuando el valor de lo robado sólo
fuera suficiente para proporcionar alimento al delincuente o a éste y a su
familia por una sola vez.[29]
Sin embargo, no obstante de que dicha
figura s encontraba regulada en el Código Penal desde 1931, resulta que el Código Penal del Distrito Federal que entró
en vigor el 15 de julio del 2002, no reguló el denominado “robo famélico”, por
lo cual, esta causa de justificación para el tipo penal de robo, desapareció.
Así las cosas, los integrantes miembros
de Comisiones Unidas, presumen que ante la inexistencia de alguna causa de
justificación a la conducta típica antijurídica de robo de cuantía menor, contemplada
en el Código Penal, se hayan cometido, a la luz de la aplicación de la ley,
algunas injusticias, derivadas de las personas que hayan cometido este delito,
bajo circunstancias de pretender satisfacer sus necesidades básicas, como la
comida.
No existe pues, ninguna estadística
oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que acredite que existan
reos, que por causa de su pobreza, no hayan podido salir de la prisión
preventiva o que se encuentre compurgando pena, a causa de haber cometido robo
motivado por razones instintivas de satisfacer el hambre.
Sin embargo, este dato se puede inferir estadísticamente,
utilizando para ello dos fuentes; la primera, lo que informó el Procurador
General de Justicia en su IV Informe de gestión y la segunda, lo que también
informó el Subsecretario de Gobierno en la Asamblea Legislativa, en la mesa de
trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.
El Procurador informó que existen 11,419
delitos al año, de robos a negocios sin violencia, no especifica, que tipos de
negocios. (Resulta obvio que los mercados y las grandes tiendas
departamentales, como Wal Mart, Soriana, Chedraui son negocios).
Asimismo refiere el Procurador, que al
año, se consignan 295 casos por delitos de robos de "objetos", lo que
equivale a 340 personas.
Estas personas, ahora reos, no robaron
“accesorios de vehículos”, ni “dinero”, ni “celulares”, ni “bicicletas”, ni
“alhajas”, ni tampoco “documentos”, clasificación que proporciona la
Procuraduría en su informe, bajo el rubro de delitos de "bajo
impacto".
Estas personas robaron simplemente
“objetos”, entendiendo por objetos, toda cosa, que no es ni "accesorio de
vehículo", ni "dinero", ni "celulares", ni
"bicicletas", ni "alhajas", ni "documentos". ¡Es
en esta clasificación, donde podrían existir los “alimentos”¡
El Subsecretario de Gobierno, refirió en
Foro Debate Leyes de Amnistía en la Ciudad de México, organizado por la
Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa, que existían 242
presos, por delitos de “robo simple”.
Por lo tanto, pese que el área de
estadística criminal de la "Procu" no señala datos precisos, se
desprende que los 242 personas que refirió el Subsecretario de Gobierno en su
comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa,
se encuentran dentro de las 340 personas, que refiere el Procurador General de
Justicia en su IV Informe de gestión. Personas que robaron "objetos",
(posiblemente alimentos) en interiores de negocios.
Así las cosas, los integrantes de
Comisiones Unidas, presumen que existen 242 reos, que están privados de su
libertad, por no tener dinero para pagar su fianza y que están ahí
encarcelados, por haber robado comida en algunos de los centros comerciales de
esta Ciudad.
Lo anterior, queda debidamente
reforzado, con la solicitud de información pública 0101000067516, formulada por
la Comisión de reclusorios de esta Asambleas, a la Secretaría de Gobierno; y en
la que se pregunto:
1.- ¿Cuántos de los 35 mil 357 internos que
hasta el 27 de abril conforman la población total carcelaria del DF, se
encuentra presos por cometer un robo simple sin violencia?
2.- ¿Proporcionar un listado de los presos en
penales capitalinos que llegaron ahí por robo de comida, ropa o artículos
personales a una tienda y de qué edad?
3.- ¿Qué tienda o empresa es la que más
personas envía a prisión por robo simple?
4.- ¿Del porcentaje de personas presas en
penales capitalinos por robo simple sin violencia, cuántas robaron cosas cuyo
valor es menor a mil pesos?
Al respecto, mediante oficio
SsSP/DEJDH/SCI/365/2016 de fecha 5 de mayo del 2016, el Subdirector de Control
de Información de la Dirección Ejecutiva y de Derechos Humanos de la
Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, respondió dicha
solicitud, manifestando lo siguiente.
1.-
¿Cuántos de los 35 mil 357 internos que hasta el 27 de abril conforman la
población total carcelaria del DF, se encuentra presos por cometer un robo
simple sin violencia?
R: 243 internos por el delito de robo simple.
2.-
¿Proporcionar un listado de los presos en penales capitalinos que llegaron ahí
por robo de comida, ropa o artículos personales a una tienda y de qué edad?
R:POBLACIÓN
POR RANGO DE EDAD DEL DELITO DE ROBO SIMPLE:
|
POR
RANGO DE EDAD |
TOTAL |
|
18-30 |
63 |
|
31-50 |
155 |
|
51-59 |
22 |
|
60-90 |
3 |
|
TOTAL |
243 |
3.-
¿Qué tienda o empresa es la que más personas envía a prisión por robo simple?
4.-
¿Del porcentaje de personas presas en penales capitalinos por robo simple sin
violencia, cuántas robaron cosas cuyo valor es menor a mil pesos.
R: a los puntos 2, 3 y 4: Es importante
señalar que en cuanto a proporcionar un listado de los presos en los penales
capitalinos que llegaron por robo de comida, ropa, artículos personales a una
tienda, de que tienda o empresa se cometen mas delitos por robo simple,
asimismo informar el porcentaje de personas presas en penales capitalinos por
robo simple sin violencia, cuantos robaron cosas cuyo valor es menos a mil
pesos, le informo que dicha información no se encuentra a ese nivel de
desagregación en nuestra base datos ya que la misma solo contempla el delito
cometido mas no las condiciones, circunstancias o los objetos robados en los
que se llevaron a cabo.
A dicha solicitud de información
pública, se suma también, la solicitud con número de folio 0109000259916
realizada a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde se
le preguntó se informara el numero de puestas a disposición presentadas por
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública respecto a los delitos de robo
sin violencia, en agravio de tiendas departamentales o de conveniencia, durante
los años 2014 y 2015.
Sobre esta pregunta en particular, el
Ente Obligado respondió que durante 2014, hubo 4670 remisiones con un total de
5,199 detenidos, por robo a negocio sin violencia; mientras que en el 2015, la
cifra fue también parecida, 4,966 remisiones, con 5,493 detenidos.
|
GIRO |
RAZÓN
SOCIAL |
2015 |
|
|
REMISIONES |
DETENIDOS |
||
|
AUTOSERVICIO |
BODEGA AURRERA |
743 |
805 |
|
CHEDRAUI |
104 |
123 |
|
|
CITY MARKET |
3 |
4 |
|
|
COMERCIAL MEXICANA |
129 |
157 |
|
|
COSTCO |
7 |
8 |
|
|
HOME DEPOT |
1 |
1 |
|
|
NE |
2 |
2 |
|
|
PALACIO DE HIERRO |
1 |
1 |
|
|
SAMS CLUB |
87 |
98 |
|
|
SHASA |
1 |
1 |
|
|
SORIANA |
339 |
364 |
|
|
SUBURBIA |
2 |
2 |
|
|
SUMESA |
3 |
5 |
|
|
SUPERAMA |
147 |
153 |
|
|
UNAM |
9 |
10 |
|
|
WALDOS |
4 |
5 |
|
|
WALMART |
1973 |
2182 |
|
|
ZAPAMUNDI |
0 |
0 |
|
|
TOTAL AUTOSERVICIO |
|
3,555 |
3,921 |
|
CONVENIENCIA |
3B |
10 |
11 |
|
7 ELEVEN |
49 |
60 |
|
|
CIRCULO K |
1 |
4 |
|
|
EXTRA |
7 |
7 |
|
|
GO-MART |
7 |
7 |
|
|
MINI-SUPER |
0 |
0 |
|
|
NETO |
10 |
11 |
|
|
OASIS |
0 |
0 |
|
|
OXXO |
88 |
132 |
|
|
SUPER CITY |
0 |
0 |
|
|
SUPER NETO |
0 |
0 |
|
|
SUPER PRECIO |
1 |
1 |
|
|
TOTAL CONVENIENCIA |
|
173 |
233 |
|
DEPARTAMENTAL |
BERSHIKA |
1 |
1 |
|
COPPEL |
42 |
50 |
|
|
ELEKTRA |
6 |
6 |
|
|
FAMSA |
0 |
0 |
|
|
H&M |
1 |
1 |
|
|
LIVERPOOL |
146 |
156 |
|
|
NE |
3 |
5 |
|
|
PALACIO DE HIERRO |
124 |
130 |
|
|
PRICE CENTER |
0 |
0 |
|
|
PRICE SHOES |
145 |
160 |
|
|
SALINAS & ROCHA |
0 |
0 |
|
|
SANBORNS |
411 |
431 |
|
|
SEARS |
64 |
73 |
|
|
SUBURBIA |
292 |
323 |
|
|
TARGET |
0 |
0 |
|
|
VIANA |
0 |
0 |
|
|
ZARA |
3 |
3 |
|
|
TOTAL DEPARTAMENTAL |
|
1,238 |
1,339 |
|
TOTALES |
|
4,966 |
5,493 |
De dicha
información, tampoco puede desprenderse los bienes robados, si se trataron de
alimentos, ropa, calzado, electrodomésticos, libros, ni tampoco se cuenta con
información de mercados públicos o establecimientos mercantiles denominadas
“misceláneas” o “tienditas”; sin
embargo, no obstante ello y con las estadísticas mostradas, los integrantes de
esta Comisión se encuentran plenamente convencidos que existe un fenómeno
social, en el cual, si bien es importante garantizar la libertad de empresa y
tutelar a dichas entidades de cualquier detrimento patrimonial en el ejercicio
licito del comercio, también lo es, que resulta importante salvaguardar la
justicia y la equidad, en la ejecución de la pena, a fin de que las personas
que pudieron haber cometido robos patrimoniales en una cuantía menor, sean
responsables penalmente, de una forma equitativa y proporcional al monto de lo
robado y que de ninguna forma, la pobreza extrema en la que estos se pudieran
encontrar, sirva de agravante para su permanencia en los centros penitenciarios
de la Ciudad de México.
NOVENO.- El Robo en la Ciudad de México
El Delito de robo, se encuentra en el
Código Penal del Distrito Federal, existiendo en su clasificación, dos tipos de
robo, el denominado “Robo Simple” y el “Robo Calificado”.
La diferencia entre un tipo penal y el
otro, es que en el caso del robo simple, se atiende a una sola conducta, es
decir, al tipo penal básico; mientyars que en el caso del denominado “robo
calificado”, esta se da, cuando cubriéndose el tipo penal básico, a esta se
adiiocna un tipo penal complementario.
Así tenemos pues, que un robo de cuantía
menor, por un tipo penal básico de seis a dos años de prisión, puede
incrementarse, dentro de los límites de seis meses o dos años, si es un robo
calificado como simple, o bien, de cuatro años nueve meses hasta quince años de
prisión.
Tal como se expone con la siguiente
tabla analítica.
|
ROBO
SIMPLE |
ROBO
CALIFICADO |
||
|
Seis meses a dos años de prisión. |
Aumenta tres meses a un año más, si el robo se
cometió: |
Adicionalmente de dos a seis años de prisión. |
A las penas antes señaladas, se incrementan con dos
a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: |
|
Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente
pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, con un valor que no
exceda las 300 unidades de cuenta de
la Ciudad de México. ($21,504.00). |
En lugar cerrado |
Si el robo se comete en lugar habitado o destinado para la
habitación. |
Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse
a la fuga o defender lo robado |
|
Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos
comerciales, en los lugares que presten sus servicios al público, sobre lso
bines de los huéspedes, clientes o usuarios. |
Si el robo se comete en oficina bancaria, recaudadora, o contra
personas que custodian o transiten valores. |
Cuando el robo se comete con dos o más personas armadas o portando
instrumentos peligrosos. |
|
|
En contra de personas con discapacidad o mayor de setenta años de
edad. |
Encontrándose la víctima o el objeto de apoderamiento en un vehículo
particular o transporte público. |
||
|
Aprovechando la situación de catástrofe, desorden público, o
consternación que una desgracia privada cause al ofendido. |
|||
|
Despoblado o lugar solitario |
|||
|
Cuando la vícitma sea un transeúnte que se encuentre en vía pública o
espacios abiertos que permitan el acceso público. |
|||
Esta Comisión dictaminadora, considera
que los beneficiarios de esta ley, deben limitarse únicamente para aquellas
personas privadas de su libertad, que sin obtener los beneficios de la libertad
caucional por falta de recursos, continúen privados de su libertad, por el
delito de robo simple, o bien, excluyendo de la misma, aquellas personas que
hayan delinquido ejerciendo violencia, si el robo se cometió fuera de una
sucursal bancaria o recaudadora, en vehículo privado o transporte público, en
situación de catástrofe o consternación de la víctima, despoblado, vía pública
y cuando la víctima, sea una persona con discapacidad.
Por otra parte, cabe citar a
continuación, los informes rendidos tanto por el Procurador General de Justicia
y el Secretario de Seguridad Pública ambos de la Ciudad de México, respecto a
los delitos patrimoniales cometidos.
Para ello conviene aclarar que la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, clasifica los delitos
en tres tipos.
La primera clasificación atiende a la
razón de competencia, respecto a los delitos del llamado fuero común y los
delitos denominados del fuero federal. Se estima al menos, que el 89.8% de los
delitos cometidos en la Ciudad de México, son del fuero común y el 10.2%
restante, son del fuero federal.[30]
Dada la competencia de éste órgano legislativo, el ámbito de validez de la ley
que se dictamina, se circunscribe únicamente a la competencia local.
La segunda clasificación, refiere a los
delitos con violencia y los segundos, a los que no son violentos. De acuerdo con lo anterior, el 81.7% de los
delitos cometidos son no violentos, mientras que el 18.3% se realizan
violentamente. Se estima que la iniciativa presentada por el Diputado Luciano
Jimeno Huanosta, atendiendo a una razón de interés público, no debe ser
beneficiados de la misma, aquellos que hayan realizado robos, ejerciendo
violencia.
Finalmente la tercera clasificación,
citamos los delitos denominados de “alto impacto”, de aquellos, que son de
“bajo impacto”. El 82.0% de los delitos
son de “bajo impacto” y el 18.0% son de alto impacto. Son delitos de alto impacto
el homicidio, la violación, el secuestro, las lesiones con armas de fuego y el
robo, en algunas de sus formas de comisión que se describen en el siguiente
cuadro; los cuales a su vez, constituyen, el 90.75% de los delitos de alto
impacto. .
|
|
TIPO DE ROBO |
PROMEDIO DIARIO |
|
1 |
Robo de vehículo automotor con
violencia y sin violencia. |
33.4 |
|
2 |
Robo a transeúnte en vía pública con
violencia y sin violencia. |
20.8 |
|
3 |
Robo a negocio con violencia |
9.3 |
|
4 |
Robo a repartidos con violencia y sin
violencia |
5.4 |
|
5 |
Robo a pasajero a bordo de microbús
con violencia y sin violencia. |
2.5 |
|
6 |
Robo a casa habitación con violencia |
1.5 |
|
7 |
Robo a cuentahabiente saliendo de
cajero y/o sucursal bancaria |
1.4 |
|
8 |
Robo a pasajero al interior del Metro
con violencia y sin violencia |
1.4 |
|
9 |
Robo a pasajero a bordo de taxi con
violencia y sin violencia. |
1.4 |
|
10 |
Robo a transportista con o sin
violencia. |
0.5 |
En tal tesitura, esta Comisión considera
importante excluir de los beneficios de la amnistías, aquellas personas que
hayan cometido el robo, en forma violenta y con un impacto social, donde la
sociedad haya resultado lastimada.
Por otra parte, los denominados “delitos
de bajo impacto”, constituyen el 82.0% de lo ilícitos penales cometidos en la
Ciudad de México, entre los cuales, también se encuentran, los homicidios
culposos, delitos sexuales como el abuso sexual, el hostigamiento y el estupro;
las lesiones, el fraude, la falsedad de declaraciones, la falsificación y uso
de documento falso, diversos delitos y obviamente el robo en diversas formas.
Sobre este ultimo en particular, constituye el 72.64% de los delitos cometidos
en la Ciudad de México, bajo esta modalidad. Siendo dichos robos, los que a
continuación se citan:
|
|
TIPO DE ROBO |
PROMEDIO DIARIO |
|
1 |
Robo de Objetos |
39.0 |
|
2 |
Robo a negocio sin violencia. |
31.2 |
|
3 |
Robo a casa habitación sin violencia |
14.2 |
|
4 |
Robo a celular |
12.4 |
|
5 |
Robo de objetos en el interior de un
vehículo |
9.9 |
|
6 |
Robo de accesorio de autos |
7.5 |
|
7 |
Robo de dinero |
5.0 |
|
8 |
Robo a conductor de vehículo |
3.3 |
|
9 |
Robo a vehículo de pedales |
2.7 |
|
10 |
Robo a documentos |
2.3 |
|
11 |
Robo a pasajeros en el interior de
transporte (RTP, Trolebús, Tren Ligero) |
1.6 |
|
12 |
Robo a pasajeros en el Metrobus |
1.1 |
|
13 |
Tentativa de Robo |
0.9 |
|
13 |
Robo en el interior de la escuela |
0.7 |
|
14 |
Robo de placas de vehículo |
0.6 |
|
15 |
Robo de víctima de negocio |
0.6 |
|
16 |
Robo a conductor de taxi sin violencia |
0.5 |
|
17 |
Robo de animales |
0.3 |
|
18 |
Robo de alhajas |
0.3 |
|
19 |
Robo a pasajero en el interior de un
taxi |
0.2 |
|
20 |
Robo de arma |
0.2 |
|
21 |
Robo encontrándose la víctima en un
restaurante |
0.2 |
|
22 |
Robo encontrándose la víctima en un
parque o mercado |
0.1 |
|
23 |
Robo de fluido |
0.1 |
|
24 |
Robo encontrándose la víctima en un hotel |
0.0 |
|
25 |
Robo encontrándose la víctima en una
terminal de pasajeros |
0.0 |
|
26 |
Robo encontrándose la víctima en el
cine |
0.0 |
NOVENO.- Consideraciones de las Reuniones de Trabajo
El 19 de mayo del 2016, se llevó a cabo
Reunión de Trabajo denominado “Leyes de Amnistía en la Ciudad de México,
análisis de las propuestas”, en la cual participaron el abogado Francisco
Estrada Correa, el Doctor Eduardo Tepalt Alarcón catedrático de la UNAM, el
Licenciado Juan José García Ochoa Subsecretario de Gobierno.
Entre las manifestaciones vertidas por
el Maestro Francisco Estrada Corra, se citan las siguientes:
“Para quienes digan que esto son amnistías federales, se debe
decir que también hay casos de amnistía locales y varias, en Jalisco, en
Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, son algunos ejemplos de Ley de Amnistías
Locales, es decir Nuevo León, sí hay casos. Pero además yo quisiera apelar al
espíritu de la Ley de Amnistía. El propio Código Penal en su artículo famoso el
138, en el que se da una salida a aquellos que se levantan en armas, manifiesta
una tradición no solamente de levantarse en armas, sino de una tradición de
perdón a aquellos que son enemigos políticos. Esta versión humanista que los
liberales de la reforma plasmaron en la Constitución del 17 también lo
hicieron, pues a la que apelamos, por eso hay tantas leyes de amnistía en
México, porque de alguna manera nosotros estamos continuamente en una
ebullición, nuestra sociedad es una sociedad sumamente dinámica, confrontativa,
pero también hay una tradición en el poder y eso es lo importante, de humanidad
hacia los adversarios políticos. A eso apelamos.
Yo creo que esta Ley de Amnistía
debe ser una causa común de autoridades, de partidos y de ciudadanos para
–insisto-, resarcir el daño tan tremendo que han padecido familias y víctimas y
que le demos una salida y un final, un cierre a este episodio que nunca debió
haber sucedido.
Yo sé que puede dar miedo hablar
de amnistía, de presos políticos, pero también diría que una ley de amnistía no
demerita nunca, históricamente hay la prueba a quienes la promueven, más bien
nos enaltece, a quien la emite. Si además el gobierno es el que suscribe o se
sume a ella, cuanto mejor aún. Vean ustedes los nombres de quienes hay
promovido leyes de amnistía, Juárez y Cárdenas.
¿Ustedes creen que sufrieron
desdoro por una ley de amnistía? Yo creo que no y a esa reflexión es a la que
yo invitaría a las autoridades del Distrito Federal para que también como suya
no como un ataque, ni un golpe, sino como una forma de resarcir algo que se
hizo mal y que insisto ya el propio gobierno lo reconoció haciendo algunos
cambios en su administración y algunas medidas para que logremos cerrar este
capítulo y cerrarlo bien”.
Por otra parte, el Doctor Eduardo Tepalt
Alarcón manifestó:
El problema es para el Distrito
Federal. En el Distrito Federal nos encontrábamos hasta antes de la reforma de
este año, si era un Estado o era la Capital de la República Mexicana, era una
situación ahí híbrida y un poco sui géneris, porque ni éramos Capital en su
totalidad ni éramos Estado de la República. A partir de la reforma de este año
pues ya es una Entidad Federativa y a través de la cual ya podemos formular
precisamente con toda exactitud este tipo de ordenamientos.
¿Pero antes qué pasa? Recordemos que
por ejemplo en el año 2013 a través del diputado Alberto Martínez se presenta
también una iniciativa de Ley de Amnistía para aquellos delitos de robo simple,
sin violencia, delitos no graves.
En primer lugar y atendiendo
precisamente a las leyes de amnistía federales que se han expedido a través de
la historia del sistema jurídico mexicano, observamos que estas eran
efectivamente leyes de amnistía para aquellos sujetos que hubieran llevado a
cabo actos de traición a la patria, actos de sedición, actos de sublevación.
Eran actos que se podían definir como delitos políticos.
La Ley de Amnistía que se presenta
en este momento en el Distrito Federal, hablamos de actos de tipo político a
través de los eventos que nos narra la exposición de motivos, a través de la
Ley de Amnistía que se presenta en el 2013 por el diputado Alberto Martínez,
observamos ya una amplitud en esa gama, ya no solamente de delitos políticos
sino también hablamos aquí de los delitos de hambre. ¿Por qué delitos de
hambre? Porque esta Ley de Amnistía protegía precisamente a aquellas personas
que están privadas de su libertad actualmente, que están en prisiones por haber
robado alimentos para poder sobrevivir.
Aproximadamente, mencionaba en la
exposición de motivos de esa Ley, que son 28 mil personas las que están
actualmente sujetos a proceso. Esto bueno de alguna manera establece
precisamente la presunción de qué pasa entonces si en el Distrito Federal debe
o no existir una Ley de Amnistía.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece precisamente en su Artículo 73 fracción XXI,
que el Congreso de la Unión puede en un momento expedir leyes de amnistía
tratándose de delitos federales; el Artículo 122 Constitucional antes de la reforma
de este año, establecía precisamente que el Distrito Federal podía expedir
leyes en materia penal.
Si manifestamos que la amnistía
existe dentro del ámbito penal, porque a través de la amnistía se pierde
precisamente la imputación que se le hace al sujeto, entonces tenemos que de
una manera formal el Distrito Federal si podía haber expedido leyes de amnistía
antes de la reforma de este año.
Hay tres figuras en materia penal,
son excluyentes de responsabilidad penal, hacen la exclusión en un momento dado
para que el sujeto pueda ser procesado o bien si es sentenciado quede esa
sanción ya sin imponer. Una es el perdón, la otra es la amnistía y la otra
puede ser el indulto de manera general, a parte de las que menciona el Artículo
94 del Código Penal.
Tratándose de la amnistía, la
misma palabra amnistía proviene del griego amnesis que es amnesia, es
desconfigurar la imputación formulada. Nos vamos a olvidar del delito y va a
desaparecer precisamente la imputación o en un momento dado la aplicación de la
sanción al sujeto, a diferencia del indulto donde única y exclusivamente se va
a dejar sin efectos la sanción, pero el sujeto va a seguir siendo responsable y
va a tener el antecedente penal.
Tratándose del perdón, bueno ese
se otorga precisamente entre los particulares en aquellos delitos de querella.
Y el delito también existe, el delito sigue continúo, pero en un momento dado
ya no se va a sancionar. Incluso hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha establecido que por ejemplo para delitos de querella se puede otorgar
el perdón incluso cuando ya hay una sentencia, ya no se limita nada más a
durante el proceso o antes del proceso, sino atendiendo que la libertad es uno
de los bienes jurídicos más preciados de los derechos humanos, también se puede
otorgar el perdón de manera definitiva, aún cuando ya se ha dictado una
sentencia en la causa penal.
Tratándose entonces aquí de la Ley
de Amnistía del Distrito Federal, sin lugar a dudas tenemos que cuando entre en
vigencia plena la reforma constitucional al 122 pues la Asamblea Legislativa podrá
emitir las leyes de amnistía que estimen pertinentes, tratándose precisamente
en este momento si se puede o no, nosotros consideramos que de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 73 en esta fracción XXII, a lo establecido en el
Artículo 122 anterior a la reforma de este año, sí podía la Asamblea
Legislativa manifestarse a través de leyes respecto de la figura de la amnistía.
…
Por otra parte, el Subsecretario de
Gobierno Juan José García Ochoa informó lo siguiente:
En el caso de los delitos patrimoniales,
de cuantía menor también. Ahí yo doy un dato, nosotros en el sistema
penitenciario de la Ciudad de México tenemos, digo una población de 38 mil, 39
mil internos, de esos solamente 242 personas han sido o están privadas su
libertad por el delito de robo simple, es un porcentaje realmente pequeño, el
.69 por ciento.
La propia ley ya contempla la
posibilidad de que se pueda, es decir, si en el proceso ahí antes de que
determine el Ministerio Público, el juez, se determina que la persona robó por
una situación de hambre o de necesidad, eso sí es un exculpante que permite que
no haya la detención, o sea se genera la libertad.
Por lo tanto por eso el número es
bajo, quizás asociado a otros delitos puede la cifra evidentemente, si es robo
con violencia, etcétera, entonces ya aumenta, pero lo que es el robo simple
como tal, lo que es propiamente el robo por necesidad o cuantías menores es un
delito que tiene digamos muchas facilidades y que ahí el problema más bien
sería reforzar la actuación o las posibilidades que tiene la defensoría de
oficio para poder hacer defensas adecuadas.
Una parte importante de estos 242
casos tienen que ver con una mala defensa o nula defensa. Entonces permitió que
avanzara y muchas veces además la situación de vulnerabilidad, estamos hablando
quizás de personas con alguna discapacidad o de personas con niveles educativos
muy bajos, con muy poca capacidad no sólo de defenderse, sino incluso de
comprender el funcionamiento del sistema de justicia que provoca que digamos
vayan pasando sin que los defiendan y entonces llegan estos casos.
Entonces ahí la otra posibilidad
que se tiene es el tema del perdón. Nosotros estamos trabajando por ejemplo con
la ANTAD, la ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
Departamentales, que es justamente la que tiene todas las tiendas y todo que
hacen justo esta política de hacer la denuncia de presentar a aquellos que
encuentran con robos menores, etcétera y los presentan al Ministerio Público,
tienen la política de no otorgar el perdón, pero estamos trabajando con ellos
para también que puedan entrar al sistema de justicia alternativa al explorar
las posibilidades de perdón, de tal manera que pueda digamos facilitarse
también procesos de diálogo que permitan que no hayan estas situaciones que nos
parece también de injusticia.
Esto se va a fortalecer con la
entrada del nuevo sistema penal porque justamente se promueven estos
procedimientos de conciliación y esto va a ayudar, sin duda alguna a que este
número pueda ser incluso revisado y también digo también deben de
complementarse, deben de entenderse que la verdad en la Ciudad de México, yo
hago esta reflexión no debería de haber nadie que tuviera la necesidad de robar
por hambre. Y cuando digo no debería no es una aspiración o un deseo, la verdad
es que la ciudad tiene la capacidad para que así sea.
Los programas que tenemos en
materia de comedores, en materia de apoyos alimenticios, etcétera, da la
posibilidad realmente de que esta meta se pueda poner, o sea se pueda colocar,
o sea que nadie tenga que robar por hambre, que todo el mundo pueda tener la
alternativa de ir a un espacio social, de acudir a una instancia gubernamental
o instancias privadas también de apoyo o de asistencia social en vez de tener
que acudir a robar digamos o tomar de una tienda o de un mercado para comer.
Creo que debiera de promoverse eso
para colocarlos como una meta de ciudad, de avanzar ese derecho a la
alimentación, a la asistencia social que debiera de invertirse más quizás no en
más comedores, sino en generar una política que esté más enfocada justamente a
los sectores que tienen la necesidad de generar este tipo de conductas,
poblaciones en situación de calle, personas no asalariadas, es decir, llegar
mejor a estos sectores con la política social que ya tiene el gobierno de la
ciudad.
Todo esto también digamos puede
estar en manos de la propia Asamblea Legislativa, sin duda puede ser un tema de
una injusticia que a pesar de todo lo que pueda suceder pues también la
Asamblea podría considerar el poner alguna ley de amnistía, pero también yo
diría que hay muchas leyes que quizás se puedan reformar, que puedan generar
que no suceda esto, que no se llegue a este extremo y que no se tenga que
llegar a después de y ya cuando se pasó por la cárcel, ya cuando se generaron
una serie de injusticias corregir las cosas. Yo creo que hay mucho que se pueda
hacer para que no suceda y soluciones que puedan ser de fondo.
…
El dato que di de las 242 personas
privadas de su libertad por robo simple, son robos de cuantías menores y robo
sin ningún tipo de agravante. Entonces no define si necesariamente digamos son
pobres o no, etcétera, porque no viene, no hay una forma de verlo en las
estadísticas del Tribunal, que por cierto les recomiendo además que puedan
visitar el Anuario Estadístico del Tribunal, porque ahí se está haciendo un
trabajo muy importante con el Alto Comisionado en Naciones Unidas para generar
indicadores de derechos humanos en materia de justicia.
Estamos justo a raíz de este foro,
de hecho no alcanzamos a terminar las cifras, pero vamos a tener en los
próximos días también el tema del dato de los delitos de ataques a la paz
pública y ultrajes a la autoridad, a ver si podemos sacar lo que ha habido en
los últimos años de procesos en ese sentido, para tener una estadística que nos
pueda dar un seguimiento y generar indicadores o patrones o lo que haya
sucedido.
Los 242 casos son a los que de
alguna manera se podría encuadrar en este supuesto que hace la propuesta de Ley
de Amnistía, por eso nos referimos, buscamos ese justamente ese sector.
Yo sí mencionaría también que,
para dar el dato, el artículo 29 del Código Penal es justamente el que dice que
se puede disculpar al delito de robo cuando este sea cometido por cuestiones de
salud o alimentarias, o sea, el que la defensa acuda y acredite esta condición
es lo que genera justamente que desde la propia detención o desde la
presentación al Ministerio Público se pueda salvaguardar a una persona que
tenga la necesidad de robar por una condición alimentaria o de salud y ser
atendida de otra forma y no por la vía penal y el perdón es justamente lo que
creo que se tiene que trabajar más.
Con esto hago un enganche un poco
con lo que se mencionaba de las situaciones de violencia que se presentan entre
grupos políticos o sociales.
NOVENO.-
Consideraciones Finales
Los integrantes de Comisiones Unidas,
coinciden que el artículo 122 de nuestra
Constitución señala, vigente a partir de la reforma constitucional en
materia política del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de enero del 2016, faculta a este órgano legislativo, el
emitir Leyes de Amnistía como el que propone el Diputado de esta VII
Legislatura Luciano Jimeno Huanosta.
Por otra parte, se estima que la
presente iniciativa, denominada “Amnistía”, cumple con los objetivos políticos
y sociales que la motivan, aunado a estar fundada, no solamente en el orden
jurídico positivo, sino también en los antecedentes legislativos que se han
dado en nuestro país, tanto en el ámbito federal como local; máxime, que como
Amnistía, si bien la misma es de carácter social y no motivada por cuestiones
políticas, ello no condiciona la validez del mismo, puesto que no existe
precepto normativo que así lo prohíba o expresamente establezca que las amnistía,
necesariamente deba ser por motivos políticos.
En ese tenor, siguiendo los ejemplos de Costa
Rica, Panamá, Paraguay; o bien el Estado
de Veracruz, estimamos que la iniciativa
que se propone, se encuentra debidamente fundada y motivada, por las consideraciones
de legislación comparada antes expuestas.
De tal forma, que los delitos
patrimoniales de cuantía menor que implica una consecuencia jurídica de pena
privativa de libertad, se limitan al presente caso, de amnistía, para el delito
de robo, por cuantía menor.
Considerando también, que como
representantes populares y legisladores, debemos tener sensibilidad con los
ciudadanos y familias que representamos, el negar o aceptar una Ley de esta
magnitud, es de enorme responsabilidad, en el sentido de por un lado, tener la
oportunidad de liberar personas que fueron privadas de su libertad por robos
simples, muchos de estos motivados por causa de hambre; es por eso, que los
integrantes de estas Comisiones Unidas con mucha reflexión y sensibilidad, estimamos
que existen suficientes elementos para dictaminar favorablemente esta Ley de
Amnistía, toda vez que es clara la evidencia, testimonios y argumentos que
realzan la necesidad de establecer la justicia en la Ciudad de México.
Asimismo, consideramos que este instrumento puede otorgar la oportunidad a las
personas beneficiadas, el perdón por parte de la Asamblea Legislativa al ser
injustamente privados de su libertad por actos cometidos por el Ministerio
Público y por el Sistema penitenciario de la Ciudad y por las omisiones
legislativas en las que incurrieron anteriores administraciones.
Preferimos otorgar beneficios basados en lo que nos mandata el
artículo 1 de nuestra Carta Magna, es decir, procurar y salvaguardar a los
derechos humanos, por lo que en ese
sentido, consideramos que preferimos otorgar amnistía a
manifestantes y personas inculpadas por un dudoso proceso, que arriesgarnos a
mantener a estas personas con un costo que puede herir aún más sus proyectos de
vida, de su familia, sus derechos humanos y a la justicia en sí de nuestra
Ciudad.
DECIMO.- Modificaciones a la Iniciativa presentada.
En mérito de lo anterior y por los
motivos y fundamentos antes expuestos, esta Comisión estima aprobar con
modificaciones la Iniciativa
con proyecto de decreto, por las consideraciones vertidas con antelación.
|
INICIATIVA DE LEY DE AMNISTIA PARA AQUELLAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO O PRIVADAS DE SU LIBERTAD POR COMETER
DELITOS DE ROBO DE CUANTIA MENOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO |
|
|
INICIATIVA ORIGINAL |
MODIFICACIONES REALIZADAS |
|
Artículo 1.- Se otorga amnistía a
favor de todas aquellas personas que al entrar en vigencia este ordenamiento,
hayan cometido o se les impute delitos patrimoniales menores, ejercitado
acción penal en su contra o que se encuentren sentenciados o en proceso;
salvo en las excepciones prescritas en esta ley. |
Artículo 1.- Se otorga amnistía a
favor de todas aquellas personas que al entrar en vigencia este ordenamiento,
hayan cometido o se les impute delitos de robo simple, de cuantía menor,
ejercitado acción penal en su contra o que se encuentren sentenciados o en
proceso; salvo en las excepciones prescritas en esta ley. |
|
Artículo 2.- Para hacerse acreedor a
los beneficios de esta ley, se requiere que las personas beneficiadas cumplan
con los siguientes supuestos: I. Sean
robos con valor equivalente o menor a ciento cincuenta veces el salario
mínimo, sin violencia física o moral cuyas sentencias sean menores a dos años
de acuerdo al Código Penal de Distrito Federal o la legislación penal
vigente. II. Por
su situación económica, se encuentren incapaces de pagar la fianza y/o
sanciones. III. Con
anterioridad a la actual sentencia o proceso, no hayan sido sentenciados por
similar o diferentes delitos. IV. No
se encuentren simultáneamente en proceso o condenados por otros diferentes
delitos, ya sea del fuero común o federales.
V. Ser
persona en pobreza extrema, comprobable conforme a las declaraciones y
constancias que obren en autos y los estudios socioeconómicos que para el
efecto, realice la Subsecretaria del Sistema Penitenciario. VI. No
ser reincidente ni revelar peligrosidad social, a criterio de la
Subsecretaria del Sistema de Penitenciario. |
Artículo 2.- Para hacerse acreedor a
los beneficios de esta ley, se requiere que las personas beneficiadas cumplan
con los siguientes supuestos: I. Sean
robos con valor equivalente o menor a ciento cincuenta veces el valor
de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, sin violencia física o
moral cuyas sentencias sean menores a dos años de acuerdo al Código Penal de
Distrito Federal o la legislación penal vigente. II. Por
su situación económica, se encuentren incapaces de pagar la fianza y/o
sanciones. III. Con
anterioridad a la actual sentencia o proceso, no hayan sido sentenciados por
similar o diferentes delitos. IV. No
se encuentren simultáneamente en proceso o condenados por otros diferentes
delitos, ya sea del fuero común o federales.
V. Ser
persona en pobreza extrema, comprobable conforme a las declaraciones y
constancias que obren en autos y los estudios socioeconómicos que para el
efecto, obren en el expediente. VI. No
ser reincidente ni revelar peligrosidad social, a criterio de la
Subsecretaria del Sistema de Penitenciario. VII. No haber cometido robo ejerciendo
violencia, o fuera de una sucursal bancaria o recaudadora, o en vehículo
privado o transporte público, o en situación de catástrofe o consternación de
la víctima, despoblado, o en vía pública, o bien, cuando la víctima, sea una
persona con discapacidad. |
|
Artículo
3.- La amnistía extingue la acción persecutoria y sanciones impuestas a las
personas que se encuentren en el supuesto del artículo 2. |
(Sin modificación). |
|
Artículo 4.- En todos los casos,
subsistirán los derechos de quienes esté legitimados para exigir responsabilidad
civil. La amnistía no comprende la extinción de la obligaciones civiles, los
cuales se hará valer en los términos y condiciones que la ley ordinaria
prevé. Cuando la víctima del delito
patrimonial sea una persona física, el Ministerio Público exigirá de oficio,
la responsabilidad civil |
(Sin modificación) |
|
Artículo 5.- El interesado, por sí o
por medio de su representante, defensor de oficio o voluntario, o por
conducto de la Comisión de Derechos Humanos, promoverá lo conducente ante la
autoridad competente, a fin de recibir los beneficios de esta Ley; asimismo
podrá emitir recomendaciones si así lo considere necesario. La intervención de la Comisión de
Derechos Humanos, se sujetara estrictamente, a lo señalado en esta ley. |
Artículo 5.- El interesado, por sí o
por medio de su representante, defensor de oficio o voluntario, Ministerio
Público o por conducto de la
Comisión de Derechos Humanos, promoverá lo conducente ante el órgano
jurisdiccional competente, Juez penal o Juez de Ejecución, a
fin de recibir los beneficios de esta Ley; asimismo podrá emitir
recomendaciones si así lo considere necesario. La intervención de la Comisión de
Derechos Humanos, se sujetara estrictamente, a lo señalado en esta ley. |
|
Artículo 6.- La Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, tendrá a su cargo promover las acciones
procesales pertinentes para dejar sin efecto la potestad punitiva, así como
gestionar la correcta interpretación y aplicación de esta Ley. |
Artículo 6.- La Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México, tendrá a su cargo promover las
acciones procesales pertinentes para dejar sin efecto la potestad punitiva,
así como gestionar la correcta interpretación y aplicación de esta Ley. |
|
Artículo 7.- La Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal verificará el cumplimiento por parte de las
autoridades de esta Ley y podrá emitir Recomendaciones si así lo considere
necesario |
|
|
Artículo 8.- Si se hubiere interpuesto
un juicio de amparo por parte de las personas beneficiadas por esta Ley, el
Poder Judicial del Distrito Federal dictará sobreseimiento y desistimiento de
la acción penal. |
|
|
T R A N S I T O R I O
S Artículo Único.- La presente Ley
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal. |
|
Por lo que con fundamento en los
artículos 28, 32 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior, y 50 y 56 del
Reglamento Interior de las Comisiones, ambos ordenamientos de
R
E S U E L V E
U
N I C O.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES, la propuesta de
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se Decreta Amnistía para aquellas
personas que se encuentran en proceso o privadas de su libertad por cometer delitos
Patrimoniales de Cuantía Menor en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado Luciano Jimeno Huanosta, de la fracción parlamentaria PT-NA-PH, en los
términos de los considerandos que integran el presente Dictamen, para quedar como
sigue:
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE AMNISTIA PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO O PRIVADAS DE SU LIBERTAD POR COMETER DELITOS DE ROBO DE CUANTIA
MENOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1.-
Se otorga amnistía a favor de todas aquellas personas que al entrar en vigencia
este ordenamiento, hayan cometido o se les impute delitos de robo simple, de
cuantía menor, ejercitado acción penal en su contra o que se encuentren
sentenciados o en proceso; salvo en las excepciones prescritas en esta ley
Artículo 2.- Para
hacerse acreedor a los beneficios de esta ley, se requiere que las personas
beneficiadas cumplan con los siguientes supuestos:
I. Sean robos con valor equivalente o
menor a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México, sin violencia física o moral cuyas sentencias sean menores a dos años
de acuerdo al Código Penal de Distrito Federal o la legislación penal vigente.
II. Por su situación económica, se
encuentren incapaces de pagar la fianza y/o sanciones.
III. Con anterioridad a la actual sentencia o
proceso, no hayan sido sentenciados por similar o diferentes delitos.
IV. No se encuentren simultáneamente en
proceso o condenados por otros diferentes delitos, ya sea del fuero común o
federales.
V. Ser persona en pobreza extrema,
comprobable conforme a las declaraciones y constancias que obren en autos y los
estudios socioeconómicos que para el efecto, obren en el expediente.
VI. No ser reincidente ni revelar peligrosidad
social, a criterio de la Subsecretaria del Sistema de Penitenciario.
VII.
No haber cometido robo ejerciendo violencia, o fuera de una sucursal bancaria o
recaudadora, o en vehículo privado o transporte público, o en situación de
catástrofe o consternación de la víctima, despoblado, o en vía pública, o bien,
cuando la víctima, sea una persona con discapacidad.
Artículo 3.-
La amnistía extingue la acción persecutoria y sanciones impuestas a las
personas que se encuentren en el supuesto del artículo 2.
Artículo 4.-
En todos los casos, subsistirán los derechos de quienes esté legitimados para
exigir responsabilidad civil. La amnistía no comprende la extinción de la
obligaciones civiles, los cuales se hará valer en los términos y condiciones
que la ley ordinaria prevé.
Cuando
la víctima del delito patrimonial sea una persona física, el Ministerio Público
exigirá de oficio, la responsabilidad civil
Artículo 5.-
El interesado, por sí o por medio de su representante, defensor de oficio o
voluntario, Ministerio Público o por
conducto de la Comisión de Derechos Humanos, promoverá lo conducente ante el
órgano jurisdiccional competente, Juez penal o Juez de Ejecución, a fin de
recibir los beneficios de esta Ley; asimismo podrá emitir recomendaciones si
así lo considere necesario.
La
intervención de la Comisión de Derechos Humanos, se sujetara estrictamente, a
lo señalado en esta ley.
Artículo 6.-
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tendrá a su cargo
promover las acciones procesales pertinentes para dejar sin efecto la potestad
punitiva, así como gestionar la correcta interpretación y aplicación de esta
Ley.
Artículo 7.-
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal verificará el cumplimiento
por parte de las autoridades de esta Ley y podrá emitir Recomendaciones si así
lo considere necesario.
Artículo 8.-
Si se hubiere interpuesto un juicio de amparo por parte de las personas
beneficiadas por esta Ley, el Poder Judicial del Distrito Federal dictará
sobreseimiento y desistimiento de la acción penal.
T R A N S I T O
R I O S
Artículo Único.-
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ASI
LO DICTAMINARON Y APROBARON EN EL SENO DE
Dado en
el recinto de
ATENTAMENTE
|
POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS |
|
DIP. ISRAEL BETANZOS CORTES PRESIDENTE |
DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA PRESIDENTE |
|
DIP. JOSE MANUEL DELGADILLO MORENO SECRETARIO |
DIP- REBECA PERALTA LEÓN VICEPRESIDENTA |
|
DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ INTEGRANTE |
DIP- MARIANA MOGUEL ROBLES. INTEGRANTE |
|
DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIERREZ INTEGRANTE |
DIP. BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL. INTEGRANTE |
|
DIP. JORGE ROMERO HERRERA INTEGRANTE |
|
[1] Esta categoría excluye robos a transeúntes, a casa habitación, en
transportes, a vehículos, entidades bancarias y maquinarías.
[2] Datos extraídos del Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013
publicado en 2013 por el INEGI. pp. 140-145.
[3] Datos extraídos del Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014
publicado en 2014 por el INEGI. p. 86.
[4] Datos extraídos del reporte Delito
y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional publicado en
2014 por el CIDE. p. 10.
[5] De acuerdo con un estudio
[6] Ibídem. p. 51.
[7] La familia, sobre todo los hijos, se han convertido en victimas
indirectas del encarcelamiento de sus padres. Véase: Ibídem, p. 51; Leslie Solís, Las
víctimas olvidadas del encarcelamiento (2013); Anuario de Reinserta Niños Invisibles (2015).
[8] Destaca el estudio
[9] Delito y Cárcel en México,
deterioro social y desempeño institucional. p. 19.
[10] Ibídem.
[11] Ibídem. p. 25.
[12] Ibídem. p. 21.
[13] En
espíritu de un pronunciamiento dentro de
[14]
Reduciendo del Universo Total todos los presos por delitos que no sean robos
sin violencia menores a una aproximada cantidad de 10,000.00 de pesos, sumando
a los que están en proceso de ingreso por lo mismo.
[15]
Número constante aproximado de acuerdo a datos obtenidos por
[16] Ibídem.
[17] El
presupuesto ejercido fue de 2 433 873 000
(casi dos mil quinientos millones de pesos) de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 publicado en 2014 por el
INEGI.
[18] El
cociente específico es de 67, 607.00
[19] Publicación de las Naciones Unidas (2009). Instrumentos del Estado de Derecho
para Sociedades que han salido de un Conflicto: Amnistías. Nueva York y
Ginebra: Naciones Unidas. p. 5
[20] Díaz de León, Marco (1997). Código Penal Federal con Comentarios.
México Porrúa. p. 147.
[21] Amparo administrativo en revisión 788/38. Celis Manuel J. 28 de
abril de 1939. Unanimidad de cinco votos. Relator: José María Truchuelo.
[22] CFR.
Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1931.
El artículo
370 de dicho ordenamiento legal estableció: “Cuando el valor de lo robado no
exceda de cincuenta pesos, se sancionará con pena de tres días a seis meses de
prisión, y multa de cinco a cincuenta pesos”.
Mientras que
el artículo 371 decía: “Cuando el valor de lo robado exceda de cincuenta pesos,
pero no de quinientos, la pena será de seis meses a dos años de prisión y multa
hasta de quinientos pesos.
Cuando
excediere de quinientos pesos, por cada cincuenta de exceso o fracción menor de
cincuenta, se aumentara un mes a los dos años, pero sin que el máximo de
prisión pueda exceder de diez años ni la multa de diez mil pesos.
Para estimar
la cuantía de lo robo se atenderá únicamente al valor intrínseco de la cosa
robada. Si esta no fue estimable en dinero o por su naturaleza no fuera posible
fijar su valor o cantidad, se aplicará prisión de tres días hasta dos años.
En los casos
de tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar el monto, se aplicarán
de tres días hasta dos años.
En los casos
de tentativa de robo, cuando no fuera posible determinar el monto, se aplicarán
de tres días a dos años de prisión”.
El artículo
375 del Código Penal establecía: “Cuando el valor de lo robado no pase a
veinticinco pesos, sea restituido por el ladrón espontáneamente y pague este
todos los daños y perjuicios, antes de que la autoridad tome conocimiento del
delito, no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio
de la violencia.
[23] CFR.
Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo de 1946.
Art. 370.
Cuando el valor de lo robado no exceda de dos mil pesos, la pena será de tres
días a tres años de prisión y multa hasta de dos mil pesos. Cuando excediera de
dos mil pesos, la pena será de tres años a doce años de prisión y multa hasta
de diez mil pesos. Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al
valor intrínseco de la cosa robada. Si esta no fuere estimable en dinero o por
su naturaleza o circunstancias no fuere posible fijar su valor o cantidad, se
aplicara prisión de tres días a dos años. En so casos de tentativas de robo,
cuando no fuere posible determinar el monto, se aplicará de tres días a dos
años de prisión.
[24] CFR. Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1975.
Artículo 370.- Cuando el valor de lo
robado no exceda de dos mil pesos, se impondrán hasta dos años de prisión y
multa hasta de dos mil pesos
Cuando exceda de dos mil, pero no de
ocho mil pesos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y de dos a ocho
mil pesos la multa
Cuando exceda de ocho mil pesos, la
sanción será de cuatro a diez años de prisión y de ocho mil a cuarenta mil pesos
de multa
Artículo 375.- Cuando el valor de lo
robado no pase de cien pesos, sea restituido por el infractor espontáneamente y
pague éste todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome
conocimiento del delito, no se impondrán sanción alguna, si no se ha ejecutado
el robo por medio de la violencia
[25] CFR. Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1981 y 13
de enero de 1982.
Artículo 370.-Cuando el valor de lo robado no
exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa
hasta de cien veces el salario.
Cuando exceda de cien veces el salario,
pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa
de cien hasta ciento ochenta veces el salario.
Cuando exceda de quinientas veces el salario,
la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta
hasta quinientas veces el salario
Artículo
375.-Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea
restituido por el infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y
perjuicios, antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito, no se
impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de la
violencia.
[26] CFR. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de julio del 2002.
ARTÍCULO 220.
Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de una
cosa mueble
ajena, se le impondrán:
I. De veinte
a sesenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de veinte veces el
salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;
II. Prisión
de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el
valor de lo robado exceda de veinte pero no de trescientas veces el salario
mínimo;
III. Prisión
de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando
el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta
veces el salario mínimo, y
IV. Prisión
de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el
valor de lo robado exceda de setecientos cincuenta veces el salario mínimo.
Para
determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de cambio que
tenga la cosa en el momento del apoderamiento.
ARTÍCULO 223.
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 220 de este
Código, cuando el robo se cometa:
I. En un
lugar cerrado;
II. Respecto
de vehículo automotriz o partes de éste;
III.
Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad;
IV. Por quien
haya recibido la cosa en tenencia precaria;
V. Respecto
de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artículos destinados al
aprovechamiento agrícola, forestal, pecuario o respecto de productos de la
misma índole;
VI. Sobre
equipaje o valores de viajero, en cualquier lugar durante el transcurso del
viaje o en terminales de transporte;
VII. Por los
dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos
comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público, sobre los
bienes de los huéspedes, clientes o usuarios;
VIII.
Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la
sustracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo
comete un servidor público que labore en la dependencia donde cometió el robo,
se le impondrá además, destitución e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos;
IX. En contra
de persona con discapacidad o de más de sesenta años de edad; o
X. En contra
de transeúnte.
ARTÍCULO 224.
Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código, se impondrá de
tres meses a cuatro años de prisión, cuando el robo se cometa:
I. En lugar
habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos los
movibles;
II. En una
oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o
contra personas que las custodien o transporten;
III.
Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo
particular o de transporte público;
IV.
Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, desorden
público o la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su
familia;
V. En
despoblado o lugar solitario;
VI. Por quien
haya sido o sea miembro de alguna corporación de seguridad pública, aunque no
esté en servicio; o
VII.
Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la
autoridad.
[27] Época: Quinta Época, Registro:
803490, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo CXXVI , Materia(s):
Penal, Tesis: Página: 215
ROBO DE INDIGENTE (LEGISLACION DE
DURANGO ).
El robo de
indigente, aunque denotando criterio más amplio que el robo de famélico, ha
menester analizarlo a través de un prisma semejante al de la legítima defensa
con el cual el estado de necesidad tiene más puntos semejantes que
desemejantes. Según la fracción V del artículo 11 y el artículo 341 del Código
Penal Duranguense en cuyos dispositivos se prevé tal situación, aluden a que el
apoderamiento tenga por finalidad satisfacer necesidades personales o
familiares del momento; lo anterior supone siempre un peligro real, grave e
inminente y la ausencia de otro medio practicable y menos perjudicial. La
teoría de dichas instituciones propugna que para eximir, se deben llenar tres
requisitos: a) Que el peligro sea inevitable; b) Inminente y c) Que ponga en
conflicto a dos intereses igualmente legítimos y justificados. Por lo que si se
descarta la inminencia del peligro sin el cual no se concibe un estado de
necesidad verdadero, por haber planeado con antelación de quince días la
comisión del robo, es manifiesto que no existe la eximente de que se trata.
Amparo directo 5398/53. José Angel Pérez
García y coags. 15 de octubre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Genaro
Ruiz de Chávez.
[28] Época: Quinta Época, Registro: 293792 , Instancia: Primera Sala, Tipo
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXVII, Materia(s): Penal , Tesis: Página: 377
ROBO DEL INDIGENTE O NECESARIO
(LEGISLACION DEL ESTADO DE DURANGO).
El robo de indigente o necesario, que
como circunstancia de incriminación consigna la ley punitiva local en el
numeral 341, repitiendo literalmente al precepto 379 del código sustantivo
vigente en el Distrito Federal, el que a su vez se informó, mejorándolo en
técnica en el robo famélico de la legislación de Almaraz (artículo 45, fracción
VII), no se evidencia en la especie si al ser detenidos los acusados confesaron
haber robado "ya que tenían ganas de comer carne fresca", es decir,
que en realidad se trata de hurto por alimentación insuficiente, pero no de
hurto necesario.
Amparo directo 252/55. Por acuerdo de la
Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del
promovente. 2 de febrero de 1956. Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado
Alarcón.
[29] Época: Quinta Época, Registro:
293594, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación, Tomo CXXVIII ,
Materia(s): Penal, Tesis: Página:
481
ROBO FAMELICO COMO EXCLUYENTE DE
RESPONSABILIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).
La causa
excluyente de responsabilidad a que se refiere la fracción VI del artículo 17
del Código Penal de Michoacán, y que consiste en delinquir contra el patrimonio
de las personas por hambre o miseria manifiesta, cuando el valor de lo
sustraído sólo sea suficiente para proporcionar alimento al delincuente o a
éste y a su familia por una sola vez, elementos estos que se surten si el
apoderamiento de objetos se refiere a los factores que en forma inmediata y
directa tiendan a remediar las necesidades imperiosas personales o familiares,
esto es, lo estrictamente indispensable para satisfacer las imperiosas
necesidades del momento, por una sola vez.
Amparo directo 3184/55. Por acuerdo de
la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del
promovente. 12 de junio de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Teófilo
Olea y Leyva.
[30] IV. Informe de
Gestión del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. P.- 59.
