LA CONJURA INTERNACIONAL (1968).


En 1968 fue el año de la “conjura internacional” contra México, así lo manifestó el Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Gustavo Díaz Ordaz en su IV Informe de Gobierno ante la H. Congreso de la Unión. Se trato de un plan orquestado desde la Habana Cuba y Praga, que tuvieron como objetivo desestabilizar al país, con motivo de la celebración de los décimo novenos juegos olímpicos a celebrarse en la Ciudad de México, del día 12 al 28 de octubre de ese mismo año.

El “Plan subversivo de Proyección Internacional” fue elaborado en el extranjero, en él, participaron diversas cedulas del Partido Comunista Mexicano. Esa al menos fue la explicación oficial. El entonces Presidente de la Republica Lic. Gustavo Díaz Ordaz al “rendir cuentas” ante el Congreso de la Unión en su IV Informe de Gobierno, expuso sobre los desordenes juveniles provocados desde el extranjero, en países como Uruguay y Francia, con el fin de desestabilizados, particularmente el último, con la llamada “Revolución de Mayo”. Sin embargo, México no fue un “islote intocado”, la celebración internacional de los juegos olímpicos, fue objeto para atentar contra la soberanía nacional y restarle lucimiento.

La “conjura internacional” concluyó las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público Federal, fueron planeadas en la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, celebrada en la Habana Cuba, el 10 de agosto de 1967. Desde ahí se planeó llevar a cabo la revolución armada en las naciones de América Latina. La Revolución Cubana como la guerra de Vietnam, serían el motor inspirador de la desestabilización política que harían sobre el país previo a la celebración de los juegos olímpicos. Posteriormente, el Comité Central de la Liga Comunista Espartaco, el Congreso Ordinario y el Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos, planearon con anticipación los actos tendientes a lograr los disturbios estudiantiles; a esto siguieron los mítines, asambleas, manifestaciones, tumultos, actos públicos y privados que lograron trastornar el orden jurídico establecido y causar daños a los centros educativos, edificios públicos y privados, destruir aparatos telefónicos, postes conductores de energía eléctrica, daños a vehículos de transporte publico urbano y foráneo, utilización indebida de maquinas de escribir, mimeógrafos, tinta, papelería; utilización de camiones de transporte público como barricadas, creación de bombas molotov y gran cantidad de armas de fuego para atacar los agentes de la autoridad, causándoles lesiones y homicidio, para llevar a cabo la rebelión que tuviera como objeto la separación de sus cargos a los altos funcionarios de la Federación y sustituirlos por otros que constituirían un gobierno de tipo comunista, que traería como consecuencia la abolición o reforma de la Constitución y de las instituciones que de ella emanaban.

Los delitos que incurrieron los subversivos fueron daño en propiedad ajena, ataque a las vías generales de comunicación, sedición, asociación delictuosa, invitación a la rebelión, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones a los agentes de autoridad; cada uno de estos delitos debidamente acreditados con las inspecciones ministeriales efectuados por Agentes del Ministerio Público Federal, los partes informativos de los Agentes de la Policía Judicial, así como diversos documentos y dictámenes periciales.

En el delito de acopio de armas, se dio fe de arsenales de veinte pistolas de diferente calibres, tres rifles, una escopeta, dos cinturones de carrillera; 79 bombas molotov encontradas en las instalaciones de la Vocacional 7, junto con 300 botellas vacías, estopas y gasolina; 23 bombas molotov en los almacenes del Casco de Santo Tomás, otras 26 en la Facultad de Derecho, 30 en la Facultad de Medicina; cartuchos de dinamita colocados en la Torre 23 propiedad de la Compañía Luz y Fuerza del Centro SA en Santa María Chiconautla. Así como diversas probanzas que acreditaban el homicidio cometido contra dos miembros del Ejército Nacional. Acreditando la probable responsabilidad penal de sesenta y cinco personas, muchos de ellos estudiantes y profesores.

El Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Penal, conoció de los ilícitos señalados en el expediente judicial 272/68 e impuso a los responsables sanciones de 5 a 17 años de prisión.

Todo esto fue la información oficial. Nunca se volvió a tocar más el tema. Ninguno de los politólogos e ideólogos del sistema político mexicano (priísta), el más conocido de ellos, Jesús Reyes Heroles, pudo dedicar armar una explicación oficial de los hechos ocurridos. El Gobierno apostó al olvido.

En ese tenor, en esa verdad oficialista, el 2 de octubre de 1968 sólo fue una balacera donde murieron civiles y militares, en una cantidad que no superaban a las tres decenas de personas, ochenta heridos y si acaso, unos mil detenidos; “hecho lamentable” “pero no relevante para la historia del país”. No era cierto, declararía el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, “que haya existido un país antes y después de 1968”. El año inolvidable del cual, se sentía muy orgulloso el viejo gobernante. 

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