LA UNIVERSIDAD PRIISTA



Desde la mentalidad de los priístas autoritarios radicales, había que acabar con los católicos, retrogradas, reaccionarios, conservadores, enemigos de los senderos de la Revolución Mexicana, que se habían incrustado y perpetuado en las aulas de la Universidad Nacional de México. El clero había hecho posible rebelarse contra el gobierno revolucionario de Plutarco Elías Calles, desconocieron sus leyes y el principio republicano laico de la separación del Estado y la Iglesia; odiaban a Juárez, al Presidente y a las conquistas sociales emanadas de la revolución. ¡Eran los últimos porfiristas que habían sobrevivido a la etapa violenta de la revolución¡

Las organizaciones estudiantiles abundaban los católicos por todos lados, ellos eran los que habían politizado la elecciones presidenciales de 1929 y 1946; su estúpido lema, de “Este hogar es Caólico, No se acepta propaganda comunista”, había frenado por completo a la educación socialista, eran ellos, los que ponían en riesgo el triunfo de la revolución, con sus ideas anacrónicas de primero enseñar el catecismo, antes que alfabetizar.

Hombres como Antonio Caso y Manuel Gómez Morín, habían frenado las ideas progresistas de Vicente Lombardo Toledano de enseñar educación marxista; amparados éstos bajo la falaz idea de la “autonomía universitaria”, habían impedido que el ideal revolucionario (cardenista) de la educación socialista, llegará también a las universidades. Ni siquiera la negativa de darle recursos económicos a la Universidad Nacional había frenado el avance de las juventudes católicas, contrario a ello, se habían fortalecido, en la defensa de sus “buenas costumbres y credos”.

La discusión entre el modelo de Universidad tradicional defendida por los grupos católicos conservadores, frente a la visión socialista, propuesta por los gobiernos revolucionarios, se volvió caótica, cuando en 1933, el entonces Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia Rodolfo Brito Foucher, apoyado por un grupo de estudiantes activistas de las juventudes católicas, iniciaron una huelga en el que solicitaron la renuncia del Rector Roberto Medellín, mismo que ante las duras presiones, terminó por presentar su renuncia.

Desde las oficinas de la Policía Secreta del gobierno revolucionario, se instrumentó el plan secreto para acabar con los “conejos”, así se les llamaba a los activistas católicos, sinarquistas, reaccionarios, financiados por el Arzobispado de la Ciudad de México y que se habían adueñado de la Universidad de México. Los “conejos”, habían aumentado no solamente en simpatizantes, sino también en figuras notables, algunos de ellos eran distinguidos académicos, líderes estudiantiles que encabezaban las sociedades de alumnos en las distintas escuelas que conformaban la Universidad, inclusive dirigían la Confederación Nacional de Estudiantes y la Federación Universitaria. Una “sociedad secreta”, auspiciada desde el Vaticano, por el Papa Pio XI, quienes financiaban la constitución de la Acción Católica, movimiento político disfrazado de socialista, que conformaban en distintas naciones de Europa y de América Latina, grupos de activistas, tales como la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Cristiana, la Juventud Universitaria Cristiana, Juventud Agraria Cristiana y la Juventud Independiente Cristiana entre otros.

Resultaba obvio que la intromisión de sociedades secretas católicas, financiadas por el Vaticano y altos jerarcas de la Iglesia Católica en México, era un tema político de seguridad nacional. Habían enfrentado al Presidente Plutarco Elías Calles, agitado a los campesinos y organizado grupos guerrilleros o de agitadores profesionales, que habían puesto en jaque al gobierno revolucionario, con la guerra civil cristera. Inclusive, muchos de sus miembros, eran fanáticos, dispuestos asesinar al Presidente de la República; lo habían hecho ya con el general Álvaro Obregón.

Era obvio que no se quería resucitar la guerra cristera; el gobierno revolucionario, aun no estaba del todo consolidado, muchos de sus supuestos miembros, ni siquiera simpatizaban con la moral revolucionaria. Lázaro Cárdenas era acusado de comunista, por los propios miembros de su Partido. La clase política gobernante desconfiaba de las medidas políticas nacionalistas y revolucionarias implementadas. La reforma constitucional a la educación socialista, la nacionalización de los ferrocarriles, el reparto agrario y la expropiación petrolera, habían sido todos ellos acciones revolucionarias que lo único que provocaron, fue haber politizado y polarizado las elecciones presidenciales de 1940. Ni aun, las resistencias del propio régimen revolucionario y la nominación como candidato presidencial, a un hombre neutral y católico, como era Manuel Ávila Camacho, habían calmado los ánimos, de que el país, se dirigía al comunismo.

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