¡COVID-19, EL TRABAJO NO ASALARIADO Y LA CRISIS QUE VIENE¡

Si algo hemos aprendido en esta crisis sanitaria del “Covid-19”, es el descubrimiento de aquel sector productivo de la economía denominado peyorativamente "informal".

Las calles de la Ciudad de México, se irán vaciando gradualmente, al menos sucede en algunas zonas como Polanco; pero este fenómeno no sucederá en otros lugares de la Ciudad, aquellos de concurrencia popular, aquellos donde sus habitantes, han podido sobrevivir a décadas de políticas gentrificadoras, donde las plazas comerciales y los condominios lujosos, han ido destruyendo gradualmente, los modos originarios de vida de barrios y colonias populares, así como de las prácticas económicas de adquisición de bienes y servicios.

Luego del cierre de las plazas comerciales, viene el cierre de mercados públicos y de pequeños establecimientos mercantiles. Seguirán pues, los comerciantes y trabajadores no asalariados del espacio público.

Este sector de la población, además de encontrarse en desventaja, corre el riesgo de ser criminalizado y hasta responsabilizado de propagar la epidemia.

Criminalizados por hacienda, que desde la reforma estructural del 2013, los juzgo de “informales”, de “evasores de impuestos”, que decidió desaparecer su régimen fiscal de “pequeño contribuyentes”, para darles un trato igual con los demás contribuyentes, sin poder las autoridades diferenciar, lo que es el comercio lucrativo y especulativo, respecto al comercio tradicional de subsistencia.

Criminalizados por las autoridades administrativas, quienes solo han encontrado en estos gremios, la gente de acarreo para llevarlos a sus mítines o a las urnas, para realizar operativos electorales, a favor de algún partido, planilla o de alguna consultilla ilegal. 

Un gobierno, que hasta el día de la fecha distingue el sector del comercio únicamente en los “formales”, pero que al “informal”, al pequeño artesano, al vendedor ambulante, al puesto semifijo, al músico, al actor de calle, lo condena a su desprecio e indiferencia. y por ello, no solo lo estigmatiza y desprecia, sino que también, le niega todo derecho a la vivienda y a la seguridad social. 

Un gobierno que se dice de “izquierda” y hasta “humanista”, no debe ser insensible, ni tener actitudes, dignas de la forma del pensamiento clásico neoliberal.

Ese pensamiento neoliberal, cuya conceptualización es la reducción del Estado, a lo más mínimo; al que renuncia y disminuye al gasto público, el que se preocupa por los indicadores macroeconómicos de no tener déficits, ni generar ningún tipo de deuda; el que deja que el mercado resuelva todos los problemas sociales y que sostiene a un régimen económico, en sus dos pilares fundamentales: compradores y deudores.

Algo debemos observar de esa “herencia” del pasado que tanto se critica, pero también, algo debemos aprender a reconocer. La existencia de un sector de la economía productivo para el país, que por el desprecio e indiferencia de las autoridades federales y locales, hoy se convierte en el sector más olvidado.

¡La crisis que vivimos debe servir de algo¡. 

Aceptar que somos un país desigual, donde cada estamento conserva y defiende sus privilegios. Así pues, no es el mismo trato los trabajadores al servicio del Estado, que los trabajadores de las empresas privadas, mientras los primeros tienen garantizado el salario quincenal, pudiendo estos sobrevivir a las pestes, las guerras y las revoluciones; a  los segundos, requieren que sus empresas vendan y si estas no venden, no habrá utilidades y mucho menos ingresos, para el pago de la nómina.

Pero si los trabajos asalariados, existen esas diferencias, peor aún los encontramos con los trabajadores no asalariados, denominados peyorativamente como “informales”, “ambulantes”, “mecapaleros”, recibiendo tratos discriminatorios, dándoles a estos un carácter socio económico de “pobres”, “flojos” o “mugrosos”.

Mientras algunos trabajadores asalariados pueden darse el lujo de dejar de trabajar y quedarse en su casa, miles y miles de trabajadores no asalariados, no pueden hacerlo, porque sus ingresos dependen precisamente de lo que venden diariamente en la calle, en el puesto del tianguis, de la concentración, del mercado público.

El Gobierno federal cuenta con programas sociales, donde se apoyan a los adultos mayores, a los jóvenes, estudiantes; pero por otra parte, ha sostenido una política de emprender obras publicas faraónicas, como la construcción de un “tren maya”, una “terminal aérea en Santa Lucía” y una refinería en “dos bocas” Tabasco.

Al pueblo de México, no se le ha hablado con la verdad. Los funcionarios públicos polarizan con narrativas que dejan de tener sentido en momentos como éste. No es momento de “izquierdas” ni de “derechas”, ni de “chairos” ni “fifis”.  El presupuesto público programó para el año 2020, el costo del barril de la mezcla mexicana de petróleo en 55 dólares con una producción de 1.9 millones de barriles de petróleo diarios, así como una paridad de 19.4 pesos por dólar.  Lo cierto, es que al día de la fecha, nada de lo que es, se aproxima a lo que se programó; el costo del barril mexicano es de 10 dólares y no de 55 como se planeó, la producción es de 1.7 millones de barriles y no de 1.9 millones; y si el Estado planea seguir produciendo más petróleo, independientemente de los daños ambientales que ocasionará con las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, lo único que producirá, será apoyar a la sobreoferta de la demanda y con ello, la tendencia de que el petróleo, siga bajando; aunado a una paridad de 23 a 25 pesos por dólar.

El dilema pues, es seguir destinando esos programas sociales, inclusive destinarlos a los sectores de la población más marginados; o bien, destinar el dinero público en obras públicas, cuya viabilidad técnica y financiera, nunca fue transparente.

Pienso pues, que lo humano, siempre valdrá más, a cualquier cosa. El problema no es la deuda, el problema, es no tener los ingresos suficientes para pagar la deuda. El gobierno debe pensar en las personas, no en las cosas. El gobierno debe generar riqueza y no dejar de gastar dinero. ¡El ahorro es un gasto programado, no una cantidad de dinero que se dejó de gastar¡. Si el gobierno considera valiosa gastar en las cosas, será siempre preferible, que alguien pague por esas cosas y no sea el gobierno, quien pague por ellas.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece a través de su entidad pública denominada “FONDESO”,  cincuenta mil créditos de diez mil pesos cada uno, a una tasa de 0% de interés y para pagarse en el cuarto mes.

Si bien la intención pareciera buena, resulta insuficiente. El gobierno de la ciudad incurre en el mismo error que se cometió en el sismo del 2017, cuando a los damnificados de los sismos de aquel año, se les dió el trato de consumidores de vivienda, creyendo que el problema de la reconstrucción, se resolvería con el otorgamiento de créditos.

Lo mismo, sucede ahora. A ese sector de la población no asalariada, no solamente me refiero a los “comerciantes ambulantes”, o a los locatarios de los llamados “mercados públicos”, sino también a los micros y pequeños empresarios, aquellos que trabajan a larga distancia, desde antes de que estallara la crisis sanitaria; a esa inmensa masa de la población, a ese sector de la población, que el gobierno durante décadas, decidió desconocer, ignorar y que ahora en la modernidad global, emergen, exigiendo su legítimo derecho a la sobrevivencia.

Las decisiones que adopte el gobierno deben ser sensibles y racionales, en defensa de este sector de la población. Los cuales me permito citar de manera enunciativa las siguientes acciones:

●     Continuidad de todos y cada uno de los programas sociales impulsados por el gobierno federal.

●     Suspensión de las obras públicas sexenales durante el tiempo que dure la contingencia y valorar la continuidad de los mismos, una vez decretada el levantamiento de la contingencia sanitaria y por ende, el reconocimiento de la crisis económica que se avecina.

●     Otorgar apoyos a trabajadores no asalariados. - ¡No créditos¡ - apoyos.

●     Reconocimiento y dignificación del trabajo no asalariado.

●     Establecer los mecanismos, para efectuar transferencias electrónicas a las cuentas bancarias, de las personas no asalariadas.

●     Condonaciones fiscales a los micros, pequeños y medianos empresarios; sin discriminar tampoco, los apoyos financieros que requiera la clase empresarial del país. 

●     Suspensión de pagos de aquellos créditos que hayan contraído todos los deudores; durante el tiempo de la emergencia sanitaria y después de levantada la contingencia, durante la crisis económica que se avecina.

●     Suspensión y cancelación del pago de rentas, de casas habitación y locales comerciales. 

●     Gratuidad de servicios telefónicos, internet y televisión de modo gratuito, durante el tiempo de la emergencia sanitaria.

●     Políticas públicas para que ningún empresario se quede sin ingresos, ningún trabajador se quede sin empleo, ningún estudiante sin escuela y ninguna persona, sin médico, vivienda, ni alimentos.

●     Intervención del Estado en las actividades productivas, con el objeto de implementar medidas contra cíclicas a la crisis económica.

●     Necesidad de establecer un nuevo orden financiero mundial, que trabaje por la generación de la riqueza, basada en el trabajo y no en la especulación.

Los puntos antes expuestos, son enunciativos, más no limitativos.  Espero la sensibilidad de la clase política, de adoptar y mejorar, las propuestas antes formuladas.

Nuestro Gobierno, tiene la ultima palabra: