EL GOBIERNO DE LA 4T QUE RENTA INMUEBLES, TENIENDO A SUS PROPIOS INMUEBLES.
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta entre su hacienda Pública, con la propiedad de diversos bienes inmuebles, los cuales éstos, dada su naturaleza jurídica, se rigen conforme a las leyes del orden público.
En el Gobierno de la Ciudad de México, existen al menos 17,856 bienes inmuebles inventariados; tan en el caso de la demarcación territorial de Iztapalapa, se cuenta con un inventario de 2,775 inmuebles, los cuales, muchos de ellos, se destinan a servicios públicos para albergar en ellos, oficinas publicas para las distintas dependencias y entidades publicas, tanto del orden federal, como del orden local.
Esta información puede consultarse en el portal de transparencia de la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la sección de información pública de oficio, “Artículo 121 fracción XXX apartado B”; donde podrá observarse, entre diversos datos, el número de identificación, la ubicación de dichos inmuebles, el domicilio de los mismos, así como la fuente con el que da origen la propiedad y/o posesión, entre otros datos.
Por otra parte, algunas dependencias de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México, arrendan bienes inmuebles a personas privadas, no obstante de que el Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con una bolsa de bienes inmuebles, ya sean de dominio público, que puede destinar a los servicios públicos, sin necesidad de obtener los mismos, por la vía del arrendamiento.
A efecto de ilustrar lo anterior, de manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si bien, detenta al menos 243 inmuebles utilizados para módulos de vigilancia; lo cierto es, que de acuerdo al ejercicio fiscal 2019, se detectó que sostuvo seis contratos de arrendamiento, erogando un gasto de 116 millones de pesos anualmente; tal como se describe a continuación.
En el caso de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detectó la existencia de seis inmuebles públicos, sin embargo, también se encontró seis contratos de arrendamiento por el importe de 22 millones de pesos anuales.
El mismo ejercicio podría hacerse con los distintos entes públicos gubernamentales, que conforman la administración pública, inclusive, con los propios poderes públicos u órganos autónomos constitucionales.
Así las cosas, es lícito que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus distintas dependencias, inclusive sus órganos autónomos, puedan celebrar todo tipo de acto jurídico, descrito en la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público; sin embargo, dada la política de austeridad, surge la necesidad de aprovechar eficientemente los recursos materiales con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad, entre estos, la utilización óptima de los bienes inmuebles que detenta.
Así las cosas, el Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con una bolsa de bienes inmuebles que detenta, de los cuales es propietario o ejerce en estos, la posesión. Reportando al tercer trimestre del año dos mil diecinueve, al menos 17,856 inmuebles. Siendo que estos bienes forman parte de su hacienda pública.
Por otra parte, distintas dependencias, ejercen recursos públicos para el arrendamiento de bienes inmuebles, con el objeto de destinarlos a oficinas públicas; erogando con ello gastos que bien podrían destinarse para solventar otro tipo de necesidades.
De ahí que surge la necesidad de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, revise todos y cada uno de los inmuebles que detenta, a fin de ponerlos a disposición de los distintos entes públicos gubernamentales, con el objeto de que estos puedan destinarlos a oficinas publicas, pudiendo obtener ahorros al erario público y un manejo eficiente de los recursos públicos.
